¿Competencia o cooperación en la gestión cultural?

Fernando Ossandón Correa

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Se ha iniciado el debate ciudadano en torno a la indicación sustitutiva presentada al Congreso, vocablo que cobija el proyecto del nuevo  Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El proyecto tiene, entre otros méritos, el de mantener y ampliar la calidad y representatividad de los consejos que el Ministerio debe abrigar, evitando que las políticas culturales del Estado se tornen un asunto puramente gubernamental y político partidario, y que siga velando por la participación ciudadana de artistas, creadores y productores culturales, entre otros.

En ese marco, en la Jornada temática recientemente convocado por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presidida por el actor y diputado Roberto Poblete, el Director del Centro Cultural Estación Mapocho, Arturo Navarro, llamó la atención sobre la necesidad de introducir en el futuro ministerio una estructura y política sistemática destinada a coordinar y facilitar el accionar de la multiplicidad de centros culturales públicos que ha creado el Estado desde los años noventa, que son administrados por entidades privadas, sean estas fundaciones o corporaciones privadas culturales sin fines de lucro.

Hay que recordar que desde mediados de la década del 2000 a la fecha, más de 50 centros culturales han nacido o revivido en regiones gracias al aporte estatal en infraestructura y/o en gestión propiamente tal, a los que se suman los más emblemáticos, nacidos al margen de ese programa específico y a lo largo del tiempo. Tal vez con la excepción del Centro Cultural Estación Mapocho, que desde su origen ha sido autofinanciado, el resto de estos centros culturales públicos pero de gestión privada recibe algún tipo de aporte estatal, al cual deben agregar por sí mismos otros aportes para completar su financiamiento.

En Santiago, Valparaíso o Concepción esta forma casi espontánea de competir por un financiamiento privado escaso, igualmente facilitado por el Estado mediante el sistema de donaciones culturales y los fondos concursables de cultura, conduce necesariamente a que los centros sacrifiquen su personalidad o misión primigenia en aras de conseguir los financiamientos necesarios para poder funcionar. Unos y otros terminan corriendo tras una misma secuela de artistas o espectáculos.

El problema ya fue mencionado por los gestores culturales asistentes a la Consulta realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ,el 2014, en el Teatro Huemul, cuando se discutía un borrador de indicación sustitutiva bastante más centralista, que finalmenteno se presentó.

En esa ocasión hubo quienes propusimos crear un tercer servicio dedicado a gestionar de manera integral las iniciativas socioculturales y que no estuviera subsumido o ausente –como ocurre en la actualidad y se reafirma hasta ahora en el proyecto- en torno a dos servicios, el que atiende las disciplinas artísticas ya consolidadas y aquel que vela por la preservación del patrimonio.

Esta problemática –sin cabida en el proyecto de ley presentado- tiene el mérito adicional de elevarla a la categoría de un Consejo Nacional de la Infraestructura y la Gestión Cultural, es decir, una entidad colectiva, representativa, de reflexión y coordinación, acompañada de un Fondo destinado a financiar parcialmente las iniciativas que se impulsen desde el Consejo junto a la filantropía, la Responsabilidad Social y demás formas de cooperación privada con la cultura.

Es hora de escuchar este tipo de propuestas, para que el futuro Ministerio pueda constituirse como un organismo de fomento y coordinación participativo, que salga al paso a la situación de competencia desatada tras una cantidad de recursos escasos, e instale algo que los artistas y los gestores culturales conocen muy bien: la solidaridad y la cooperación.