Cultura, arte y patrimonio, al centro de la crisis
Este 2019 se transformó en un año muy agitado para los chilenos, de la noche a la mañana. El estallido social de octubre arrojó luz sobre una crisis político-social profunda que se venía incubando hace años.
Como suele suceder, la peor parte se la han llevado las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Nada podrá reparar el daño de quienes han perdido sus ojos, han sido violados, torturados e incluso asesinados. Así lo demuestran los informes de Human Rights Watch, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la ONU.
A nivel de la población, el movimiento social trajo cierta esperanza de cambios, junto con unir a la ciudadanía y recordarnos que la política y la democracia exigen personas involucradas, informadas y opinantes.
La respuesta del gobierno no hizo más que caldear los ánimos. Primero calificando al levantamiento social como una guerra; segundo pretendiendo sumarse al movimiento levantando banderas que no le pertenecían; luego, tras un mediático acuerdo de cúpulas políticas para abrir la posibilidad de una nueva Constitución, un número significativo de Honorables firmaron un documento -supuestamente histórico, entre lágrimas y pucheros - pero al final, la coalición de gobierno terminó desplegando una campaña para que la sagrada constitución de Pinochet sea lo menos intervenida posible.
Como broche de oro, el Presidente hoy ha comenzado a declarar que “el país venía bien, creciendo, mejorando el empleo, liderando América Latina… hasta ese fatídico 18 de octubre”. Resumen, el Presi aún no comprende lo que ha pasado en el país y obviamente nunca se bajará del caballo, mientras la ciudadanía no lo desmonte.
En medio de la crisis se nos han revelado circunstancias muy preocupantes para el sector de la cultura.
En rigor, sucede que no queda claro si el ministerio que nos representa tiene el foco en apoyar a nuestro medio, o ser un respaldo ciego al Presidente.
Después de los desajustes de 2018, la llegada de Consuelo Valdés a la cartera fue un avance indiscutido. Dialogar con ella y sus subsecretarios es siempre un agrado; son cercanos, amables y comprensivos. Pero esa apertura al diálogo no se ha traducido en un apoyo real a nuestras demandas.
Es obvio que las prioridades de La Moneda están orientadas a las cifras económicas y al sector financiero, a lo que se le suma una abierta displicencia que bordea en la falta de respeto de parte del primer mandatario en persona (y los economistas que lo rodean) por temas patrimoniales, artísticos y culturales.
Poco antes del estallido social, el gobierno intentaba por segundo año consecutivo rebajar los fondos que reciben Teatro a Mil, Matucana 100, Balmaceda Arte Joven, el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Teatro del Bío Bío y el Consejo Nacional de Televisión; y las autoridades culturales respaldaron ese recorte. Afortunadamente, y también por segundo año consecutivo, la acción de artistas y trabajadores de la cultura revirtió esa medida.
Mientras el ministerio apoyaba la rebaja presupuestaria -aludiendo a los siempre escasos recursos de Hacienda - también se cuadraba con el Presidente en su intención de instalar un “Museo de la Democracia”, ampliamente rechazado por el sector, y con una abultada cifra para su ejecución.
Incluso cuando el Congreso rechazó la glosa presupuestaria para el proyecto, el ejecutivo siguió insistiendo en su propósito, y la ministra se limitó a no contradecir al Presidente, el único interesado en llevar a cabo el controvertido museo. Hasta que no le quedó más alternativa que suspenderlo.
En lo legislativo, el único proyecto de ley que el ministerio ha apoyado explícitamente en el Congreso, es el de Patrimonio. Sin embargo la forma que ha sido planteado ha abierto un nuevo foco de conflicto.
El texto que se discute excluye a los artistas del Consejo de Patrimonio, como si escultores, muralistas, pintores, escritores y otras disciplinas no fueran parte fundamental de nuestra identidad patrimonial. Existe una cuestionable mirada del patrimonio como un asunto meramente técnico, de carácter industrial, en el que solo tienen cabida arquitectos, urbanistas, gestores y más de algún operador político.
Es decir, los artistas no tenemos derecho a opinión en el resguardo de las obras patrimoniales. Una triste decisión ante la cual nuestro medio hará oír su voz cada vez con más fuerza.
Por otra parte una serie de proyectos que han sido trabajados y respaldados por artistas, no han contado con el decidido amparo ministerial. La subsecretaría ha tomado parte más de observador que protagonista en la tramitación de la ley de Teloneros, por ejemplo; y en el caso de la ley de Secreto Audiovisual, para proteger a documentalistas, ha habido una oposición explícita de la autoridad.
Y aunque el año pasado se comprometieron a ingresar la ley José Balmes, que actualiza la legislación en derechos de autor para artistas visuales, diez meses después, y sin explicaciones comprensibles, desistieron de hacerlo. Fueron parlamentarios de la Comisión de Cultura quienes asumieron este desafío, ingresando el proyecto recientemente.
En resumen, tenemos un ministerio desconectado del sector que tiene a cargo, lo que es aún más grave en tiempos de crisis social.
Pero tampoco es tan extraño, si consideramos que el propio Presidente sigue demostrando incapacidad para comprender la crisis.
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