Nos habíamos quemado tanto

El incendio de dependencias del Teatro Municipal de Santiago ha puesto de relevancia tanto la fragilidad de nuestros edificios patrimoniales como la inusitada frecuencia con que catástrofes asolan los espacios culturales que, con tanta dificultad, animan la vida artística nacional. Nos recuerda que el GAM surgió de cenizas y que el Valparaíso patrimonial lleva una dolorosa delantera en cuanto a palacios, iglesias y bibliotecas quemados.

Paralelamente, el reciente Informe Anual 2012 de Cultura y Tiempo Libre editado por el INE y el CNCA revela que un 48% de los 452 mil millones de pesos, que equivale al 1,5% del presupuesto nacional, que el gobierno central destina a Cultura van al ítem Patrimonio y Espacio Público.

El resto va a Iniciativas Regionales (22%), Educación y Cultura (11,7%) y sólo un 18% a desarrollo de las artes.

Es decir, aún destinando casi la mitad del presupuesto central de cultura a patrimonio, estamos muy lejos de impedir que las llamas asalten lugares como antes lo hicieron con la Biblioteca Severín, el Palacio Subercaseaux, la antigua "ratonera", el ex Edificio Diego Portales o el palacio Iñiguez.

Conste además, que los aportes a instituciones que se llevan las mayores cifras, superiores a mil quinientos millones anuales (Fundación Tiempos Nuevos, CEAC de la Universidad de Chile, Teatro Municipal, GAM, Orquestas Juveniles y elencos estables del CNCA) no forman parte de dicho 48%, sino de los aporte al desarrollo de las artes y a educación y cultura.

En consecuencia, la vieja distinción de la institucionalidad central de la cultural chilena, entre aquella que fomenta las artes (la Universidad de Chile, desde su establecimiento en 1843 y el CNCA desde 2003) y aquella otra que se ocupa del patrimonio, la DIBAM desde 1929, continúa favoreciendo presupuestariamente a la segunda (48% versus 30%) mientras las iniciativas regionales y locales invierten el 22% restante.

A pesar de ello, el desarrollo de las artes enfrenta muchísimos menos problemas que la gestión del patrimonio, de la cual los incendios son sólo la punta del iceberg (valga el contraste).

Mientras el fomento de las artes tiene una política quinquenal formulada participativamente por el CNCA y controlada por un Directorio plural y diverso, sus fondos concursables que constituyen su parte medular, funcionan tanto en el propio Consejo de la Cultura y las Artes, como en DIRAC, CORFO, PROCHILE y CNTV con resultados positivos que exhibe parcialmente el Informe Anual mencionado, en el sector patrimonial sólo es posible verificar buenas cifras en el número de páginas digitalizadas y publicadas en www.memoriachilena.cl . En términos de asistencia a museos, número de museos, número de exposiciones o número de piezas restauradas, hay muy poco avance que mostrar.

La explicación parece estar precisamente en el carácter de la concursabilidad y por tanto de la participación de varias miradas sobre los proyectos que postulan, lo mismo que acontece en los centros culturales que han seguido el modelo de ser administrados por corporaciones o fundaciones sin fines de lucro que, por definición, también tienen directorios plurales y pueden y deben aspirar a levantar fondos más allá del aporte fiscal.

El caso del reciente siniestro del Teatro Municipal es revelador. Desde el primer momento, no fue extraño ver en los medios de comunicación, además de sus ejecutivos, a diferentes miembros del Directorio de su corporación, Alcaldesa de Santiago incluida, solidarizando con los empleados afectados, explicando la situación a la ciudadanía y solicitando los aportes necesarios.

Adicionalmente, la figura de la corporación permite imaginar aportes privados, mediante la ley de donaciones culturales, para enfrentar la emergencia. Lo que no ocurre con siniestros en edificios gestionados exclusivamente por servicios públicos.

A propósito de ello, no está de más recordar, ante los anuncios de que la torre que forma parte del proyecto del GAM será ocupada, a inicios de 2015, por el propio CNCA y otros servicios públicos, que ella está severamente cuestionada en materia de seguridad anti incendios.Es una verdadera chimenea, sin escaleras presurizadas.Adecuarla para recibir oficinas implica una gran inversión, que, en este escenario, debe asumir el fisco.

Un gasto que se pensaba, al menos compartir, cuando el proyecto original contemplaba que dicha torre contribuyera, a través del arriendo a empresas privadas, a reducir la fuerte suma que el presupuesto nacional hoy debe destinar a la operación del GAM. Un doble gasto, que bien podría destinarse a otros fines, por ejemplo, a proteger el patrimonio de catástrofes como la que lamentamos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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