TV Digital: Un Derecho de todos o un latifundio mediático

Resuelta la cuestión tecnológica con la adopción de la norma brasileña-japonesa para la futura Televisión Digital Terrestre, TDT, en Chile queda pendiente resolver el destino político y social de este poderoso fenómeno comunicacional.

O queda en manos de los escasos y poderosos siete operadores comerciales agrupados en la Asociación Nacional de Televisión, ANATEL, o el Estado chileno y sus poderes asumen sus compromisos internacionales y, considerando que el espacio radioeléctrico es un patrimonio de todos, destina la TV digital a todos los ciudadanos.

Ésta será la gran decisión que marcará a fuego el destino de Chile y también a quienes, en el Parlamento y en el Gobierno, están participando en este proceso de decisión que ha carecido del mínimo de transparencia requerida.

Hasta ahora la transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT) se ha desarrollado en forma casi secreta.

En las escasas oportunidades en que el tema llegó a los medios masivos, fue desde una perspectiva meramente tecnológica. Su trámite en la Cámara de Diputados dejó todo que desear: en vez de tratarse en la Comisión de Cultura, se le “ocultó” en la de Telecomunicaciones como si la Información y las Comunicaciones no hubieran sido ya categorizadas a nivel global como Derechos Humanos, por consiguiente materia de Norma Constitucional.

Hoy su trámite transcurre en el Senado. Es de esperar que la Cámara Alta entienda el verdadero sentido y profundidad de la materia que tienen en sus manos. Ya llegará el momento de evaluarlos…y transversalmente.

Sólo para ilustrar, traemos a colación dos temas que condicionan en forma concreta el modelo final de Televisión Digital Terrestre.

La primera es el Plan de Distribución del Espectro: ha trascendido que prevalece en los legisladores la idea de que el 60 % de las nuevas frecuencias queden reservadas para los actuales concesionarios.

Nuestro recado para los parlamentarios democráticos es que esa porción comprenda a todos los actuales operadores, sean miembros de ANATEL o emitentes comunitarios.

Y si es necesario, hay que mandatar a la SUBTEL para que proceda a registrar legalmente a todos los operadores de Televisión que emiten en nuestro territorio. Todos son chilenos y todos tienen los mismos derechos.

La segunda es la entidad que se haga cargo del Transporte Público de la señal: como tenemos, gracias a la transición democrática, una empresa pública de Televisión Nacional, estimamos que la mejor forma de que el Estado pueda garantizar el Derecho a la comunicación de todos los ciudadanos es justamente que se le asigne una nueva frecuencia a TVN para que proceda a operar como el Transportador Público de la TDT.

Si la TDT termina en manos de los siete de la ANATEL se abrirá, como en tiempos de la Reforma Agraria, la temporada de caza al latifundio mediático.