Violencia sexual en el deporte en Chile y en los Juegos Olímpicos
Coescrita con Marisela Santibáñez, diputada por el distrito 14
En estos Juegos Olímpicos de París 2024 resurgió el caso de Larry Nassar, médico de los equipos de gimnasia que abusó de más de 700 niñas y adolescentes en Estados Unidos ,-incluyendo a una medallista olímpica; y quien recibió una condena de entre 40 y 125 años, y otra de entre 40 y 175 años. Pero, lamentablemente, en nuestro país la realidad no es muy distinta si recordemos el exentrenador del equipo femenino de hockey patín Eduardo Flores, quien se encuentra en prisión preventiva por abuso sexual reiterado a una menor de 14 años, que se suma a una gran cantidad de denuncias de las "Marcianitas" de las que salió impune porque ya prescribieron.
También está la violación grupal ocurrida el 2021 en la Casa Naranja, de los cadetes de Cobreloa, donde el entonces presidente del club, Fernando Ramírez, también resolvió no investigar a pesar de que un delito así de grave haya ocurrido en sus instalaciones y sido cometido por sus representados; y la ANFP decidió no hacer nada en su momento, porque la víctima no pertenecía a la actividad deportiva, buscando meter este caso bajo la alfombra. Y por último, está la declaración de uno de los cadetes que estuvo presente, quien señaló que "estaba acostumbrado a vivir situaciones de no privacidad, de sexualidad masiva".
El deporte debe ser un espacio seguro y de encuentro, pero podemos seguir enumerando casos que dan cuenta de que no son hechos aislados y de que existe una cultura del abuso y el pacto de silencio en Chile y el mundo. Y hablamos, no sólo de abusos sexuales o violaciones, sino también otras formas de violencia que han sido normalizadas por cadetes y deportistas en desarrollo, y silenciadas por las instituciones deportivas mandatadas a prevenirlas. Esto es especialmente preocupante cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, donde quedan al cuidado de casas deportivas con la ilusión de perseguir su sueño de competir, pero al contrario, se encuentran con su peor pesadilla.
Por estas situaciones es que impulsamos la Comisión Investigadora de Agresiones Sexuales en el Deporte en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objeto de fiscalizar las infracciones al protocolo del Decreto Supremo N° 22 establecido en la ley Contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional; que busca prevenir estos casos y establecer cómo se debe actuar cuando ocurren.
Pero con el transcurso del tiempo también hemos visto cómo se ha vulnerado la ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, cuyo artículo 2 subraya que es deber de la familia, los órganos del Estado y la sociedad en general respetar, promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Toda persona e institución debe facilitar el ejercicio de estos derechos, especialmente aquellas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo de los menores, respetando siempre el interés superior del niño o niña.
Diversos organismos, entre los que está la ANFP -a cargo de Pablo Milad-, deben asumir un papel activo en la prevención y sanción de estos abusos, asegurando que no haya encubrimientos. Sin embargo, esta última corporación se demoró alrededor de un año en reaccionar en el caso Cobreloa, institución que, aunque arriesga perder su personalidad jurídica -como detalló el subsecretario de Justicia en otra sesión de la comisión investigadora-, aún se niega a colaborar brindando antecedentes al Ministerio de Justicia -única institución que puede fiscalizar a la ANFP-, para prevenir abusos ya cometidos por cadetes de su club.
Para que el deporte sea un refugio de valores y respeto, un espacio seguro donde las niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse sin miedo, es imperativo que todas las instituciones deportivas asuman su responsabilidad en la erradicación de la violencia de género y los abusos sexuales, la que debe acompañarse de una educación sexual integral porque justamente permite evitar estas situaciones y generar mecanismos de protección.
Asimismo, debemos revisar las facultades y obligaciones de estas instituciones, como el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, o proponer nuevos organismos que resguarden de mejor manera la integridad de las y los deportistas. Tras esta comisión investigadora que ya finaliza, seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que estos hechos no se repitan y para promover una cultura de cero tolerancia hacia el abuso en el deporte. No más silencios, no más encubrimientos.
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