Cumplir con el derecho a la memoria: responsabilidades del Estado en 3 y 4 Álamos
El Decreto Supremo N° 27 de fecha 11 de septiembre de 2025 (publicado en el Diario Oficial el miércoles 24 de septiembre de 2025), marca un nuevo hito en la lucha por la memoria histórica en Chile. El texto, firmado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, modifica y amplía la declaratoria de Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico para el ex Campo de Prisioneros y Prisioneras Políticas Tres y Cuatro Álamos.
Más que un acto administrativo, la medida es un gesto simbólico y político: reconoce el valor patrimonial, histórico y humano de un sitio que fue testigo del dolor y la resistencia durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que en los últimos años se ha consolidado como espacio de memoria gracias a la acción de sobrevivientes, familiares y comunidad de derechos humanos.
El recinto, integrado por dos unidades -Tres Álamos y Cuatro Álamos-, funcionó entre 1974 y 1977 como centro de detención y tránsito de prisioneros y prisioneras políticas. En su interior convivieron realidades contrastantes: por un lado, Tres Álamos era administrado por Carabineros y albergaba a hombres y mujeres en un régimen de prisión más visible para organismos internacionales; por otro, Cuatro Álamos permanecía bajo control de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), operando como un espacio hermético, un recinto clandestino de detención, donde se practicaba la incomunicación y el amedrentamiento.
Ambos recintos formaban parte de un engranaje represivo mayor, vinculado con otros centros como Villa Grimaldi, Londres 38 o José Domingo Cañas. En Tres y Cuatro Álamos se concentró un número significativo de detenidos y detenidas que, tras semanas o meses, eran liberados, enviados a cárceles públicas, exiliados o, en muchos casos, estos fueron los lugares donde se tuvo las últimas noticias de estas personas, engrosando el listado de desaparecidos y desaparecidas.
El Decreto N° 27 del presente año viene a ajustar y reforzar la protección legal que ya existía desde 2012, cuando el Consejo de Monumentos Nacionales declaró Monumento Histórico la casona de administración del sitio de memoria Tres y Cuatro Álamos (modificado el 2016 y 2017 con sucesivas ampliaciones al patio de visita y pabellones, respectivamente). La nueva normativa amplía la delimitación del área protegida, incluye edificaciones que no habían sido contempladas en las declaratorias anteriores y detalla criterios para la conservación integral del conjunto, quedando así todo el sitio de memoria protegido como Monumento Nacional.
Según el texto, se establece el nombre del monumento histórico como "Sitio de Memoria Campo de Prisioneros y Prisioneras Políticas Tres y Cuatro Álamos", ampliando el polígono de protección a todo el sitio de memoria e incorporando valores asociados a "la presencia de mujeres en el centro de detención, tortura y desaparición". Especialmente se incorpora la experiencia vivida por las mujeres sobrevivientes en el espacio conocido como "La Barraca", donde desarrollaron prácticas de organización y apoyo mutuo, espacio que ahora queda incorporado en la nueva área protegida.
Para los sobrevivientes, familiares de las víctimas y comunidad vinculada al movimiento de los derechos humanos, la noticia fue recibida con emotiva satisfacción después de una larga lucha. Es precisamente a través de la Corporación 3 y 4 Álamos, como organización de derechos humanos, que la sociedad se hace cargo de la gestión del sitio de memoria, a través de una concesión de 25 años renovable que fue también formalizada este 11 de septiembre por parte del Estado de Chile.
Se debe destacar que el decreto mencionado reconoce formalmente la integralidad del espacio de detención, permitiendo transmitir a nuevas generaciones una comprensión más completa de lo que allí ocurrió, donde el espacio físico conserva huellas indelebles: muros que escucharon los pasos de los guardianes de la dictadura, patios que fueron escenario de recuentos interminables, celdas donde la oscuridad y el silencio eran parte de la estrategia de sometimiento y castigo. El reconocimiento oficial es una manera de proteger esas huellas y evitar que el paso del tiempo borre lo que la memoria insiste en mantener vivo.
La medida se enmarca en una política estatal que, aunque intermitente y muchas veces resistida, ha buscado desde el retorno a la democracia preservar los sitios de memoria. Sin embargo, el camino no ha estado exento de tensiones: los recursos para la mantención son limitados y el debate político sobre el pasado reciente sigue generando divisiones.
La ampliación de la declaratoria, por tanto, no solo tiene un valor patrimonial, sino también un impacto en la discusión contemporánea sobre cómo el país enfrenta las huellas de la represión. La experiencia internacional muestra que los sitios de memoria no viven únicamente de decretos ni de leyes. Su vitalidad depende del trabajo con las comunidades, de la investigación histórica, de la educación y de la capacidad de convocar a las nuevas generaciones. En ese sentido, la nueva declaratoria entrega un respaldo jurídico, pero también un desafío: convertir 3 y 4 Álamos en un espacio vivo, abierto y pedagógico.
La corporación ha planteado proyectos para implementar archivos, espacios de patrimonio y museo, exposiciones, actividades culturales y programas educativos y de difusión que conecten la historia de la dictadura con los desafíos actuales en materia de derechos humanos. El Decreto Supremo N° 27 llega en un momento en que Chile vive debates intensos sobre su memoria reciente, con sectores que relativizan las violaciones a los derechos humanos y otros que reivindican la necesidad de justicia y verdad. La decisión del Estado de reforzar la protección de 3 y 4 Álamos es, en este contexto, una señal clara de compromiso con la memoria histórica.
Porque la historia de Chile no solo se escribe en manuales escolares o en los pasillos del Congreso. También se graba en los muros de un centro de detención, en los testimonios de quienes sobrevivieron y en la memoria de quienes no volvieron. Y decretos como este son recordatorios de que el olvido nunca puede ser política pública, que se debe cumplir siempre con el derecho a la memoria.
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