Ecos de septiembre

Todavía no se apagan los ecos del 11, ni se apagarán pronto. A 40 años del golpe el país ha sido testigo de las reacciones de los distintos sectores sociales y políticos frente a la avalancha informativa y la multiplicidad de actos de toda naturaleza que a lo largo y angosto del país han evidenciado que todo está vivo, que nada ha cambiado y que nada ni nadie ha sido olvidado.

Junto al recuerdo y testimonio de la brutalidad de los golpistas, este mes sucedieron hechos en el plano judicial y político que confirmaron la vigencia plena – habida cuenta de las diferencias del tiempo - de los mismos elementos esenciales de aquel año que marcó la peor tragedia de Chile.

En efecto, como se han encargado reconocerlo varios de sus exponentes, la derecha dura no ha cambiado y volverían a hacer lo mismo.

Más de alguno ha dicho que “se alegra” de lo ocurrido, mientras que desde Australia doña Adriana Rivas, colaboradora cercana a Manuel Contreras, asegura que las torturas fueron necesarias y que recuerda como los mejores años de su vida aquellos en que sirvió en la DINA porque andaba en limusinas y comían en buenos restaurantes.Y como varios canales de TV dieron tribuna al mismísimo director de la DINA, éste negó torturas, ejecuciones y desaparecimiento de personas. Según él, eso al menos, “no sucedía en la DINA”.

El torturador de Tejas Verdes, el encargado de operación Cóndor, el exterminador del cuartel Simón Bolívar, no ha cambiado.

Pese a lo cual sigue ostentando el rango de “general del ejército de Chile” y vive en un inmueble de lujo construido por gobiernos democráticos especialmente para los jerarcas del terrorismo de Estado. No hay cambios.

Tan general como O’Higgins y además recluido en un lugar muy distinto de aquel al que encierran al pobre que se roba una gallina. Leo en El Mercurio del domingo una carta del general Fuente-Alba, comandante en jefe del ejército, que se refiere al tema aclarando que la degradación sólo procede si hay una resolución de las fiscalías militares, como si éstas fueran de otro planeta, ajenas al ejército.

¿No podrán tomarse la molestia de instar a esas fiscalías para que los comprobadamente delincuentes no tengan al menos el mismo nivel que los padres de la patria?

Con todo, entre las señales positivas está sin duda el reconocimiento ¡por fin! de la Corte Suprema en cuanto a que efectivamente en el país existió una dictadura y que durante esos años el poder judicial no estuvo a la altura de sus deberes.

La declaración, requerida por una notable declaración previa de la Asociación Nacional de Magistrados del poder judicial, fue seguida de un gesto concreto : el otorgamiento de dedicación exclusiva a los jueces y juezas que llevan causas por violaciones a los derechos humanos. Si esto se hubiera resuelto en 1998 lo más probable es que hubiéramos alcanzado a obtener condena judicial contra Pinochet. Ahora bastaría con poner fin a la majadería de la “media prescripción” que favorece la impunidad y se podría avanzar rápidamente en materia de verdad, justicia y reparación.

A su turno el presidente Piñera con el reconocimiento que hizo y su alusión a “cómplices pasivos” descolocó a la derecha fascistoide y de paso se desmarcó de ese sector al menos en estas materias, lo que no ha sido un incidente menor y, ¿por qué no? un guiño a los sectores del denominado “centro político” pensando en el futuro.

La Democracia Cristiana ha sido igualmente interpelada a propósito de su actuación en la conjura previa y el golpe mismo. En mi personal opinión a estas alturas no está en discusión su cuota de responsabilidad política. No se trata de si fue la DC como un todo, que no lo fue, pero sí de un sector que, desbancando a don Renán Fuentealba que estaba por el diálogo con el gobierno de la UP, asumió el 73 la conducción de ese partido bajo el liderazgo de Patricio Aylwin.

Sobran los antecedentes históricos para demostrarlo y lo más sano es sin duda la posición asumida por dirigentes como Belisario Velasco y otros del llamado “grupo de los 13” invitando a no desconocer la realidad, por más que haya quienes creen que podrán excusar sus culpas aludiendo a procesos históricos de países distintos del nuestro.

Por lo demás, corresponde igualmente reconocer el destacado papel que con posterioridad al golpe jugaron en defensa de la democracia y los derechos humanos numerosos militantes y dirigentes democristianos como Bernardo Leighton, Andrés Aylwin, José Galeano, los hermanos Fernando y Jaime Castillo Velasco y el propio Eduardo Frei Montalva, entre muchos otros .

Sin olvidar la larga lucha por la verdad en el caso del asesinato del ex presidente que libran hasta hoy la ex senadora Carmen Frei y el ex embajador Eugenio Ortega.

Personalmente, en horas muy duras recibí la solidaridad y el refugio de amigos militantes de la DC en los primeros días, los que conocían perfectamente mi condición de diputado del Partido Comunista. Con abogados de ese partido, además, hemos compartido en el tiempo presente en relación a temas de derechos humanos derivados de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico militar.

Otro fenómeno de septiembre ha sido la oleada de perdones de toda índole de algunos políticos, incluso parlamentarios, que en 1973 o no les conocía nadie o eran muy secundones. Hoy aprovechan la ocasión para marcar presencia.

Tampoco faltaron en la seguidilla de pecadores arrepentidos, algunos ex ultra izquierdistas, devenidos hoy en poderosos empresarios, buscando empates bajo el oportunista lema de “todos eramos violentos” ( ¿? )

Estimo que lo que el país necesita no son estos perdones que pueden ser más o menos sinceros según quien o quienes los soliciten y a quiénes se lo soliciten. Lo que se requiere son hechos concretos si de veras importa asegurar hacia el futuro la estabilidad democrática del país y avanzar en el desarrollo político, social y económico en favor de las grandes mayorías nacionales.

Para que no hayan sido en vano las muertes de Salvador Allende, Pablo Neruda, Víctor Jara, los generales René Schneider y Carlos Prats, del comandante Arturo Araya, de los miles de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, exiliados, se requiere repensar los asuntos de fondo que hacen a la estructura y condición del poder político tanto desde el punto de vista inmaterial, ideológico, como del material, la fuerza.

Es decir, la cuestión del control y la propiedad de los medios de comunicación por una parte, así como la educación que reciben los futuros oficiales de los institutos armados y cuál es la doctrina y política de defensa de las FFAA, por otro.

Sería la mejor conclusión de estas intensas jornadas vividas en Chile y en el extranjero a propósito de los 40 años.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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