El fracaso del Estado y las políticas de seguridad
Ante la nula capacidad de algunas autoridades nacionales y comunales de reconocer su total fracaso en materia de seguridad ciudadana y generar un cambio de enfoque que permita abordar este tema tan relevante para la ciudadanía en su conjunto y muy particularmente para los sectores más vulnerables, han optado por traspasar a la ciudadanía parte de su responsabilidad, con una idea arcaica que al final del día solo restringe la tan manoseada libertad de aquellos a quienes, como sociedad, debiésemos proteger.
En este contexto, la reciente consulta, realizada por varios municipios y apoyada desde el gobierno central, tendiente a imponer restricciones a la libertad de movimiento de los menores de edad en sus territorios, marca un posible punto de inflexión en las mismas políticas, que no podemos pasar por alto.
Lamentablemente algunas autoridades, en vez de trabajar para ofrecer a nuestros jóvenes un lugar seguro para estar y desarrollarse en la más amplia y completa libertad y en estricto respeto de las leyes y normas vigentes, les sugieren a sus padres y madres que los encierren en sus casas para obtener la seguridad que ellos no son capaces de entregar.
La única buena noticia es que la consulta no es vinculante ya que las medidas propuestas son absolutamente inconstitucionales y como si esto fuera poco, la participación fue tan baja, que ni siquiera corresponde porcentualmente a los sectores más conservadores de la sociedad, quienes habitualmente se declaran partidarios de limitar la libertad de las personas, con la sola excepción del ámbito económico que es el único en donde son fundamentalistas partidarios de la libertad.
El 85% del casi 10% del padrón electoral que participó, pretende conformar patrullas civiles de padres y jóvenes para recorrer los barrios y “recomendar” a los menores de edad que se encuentren fuera de sus casas a las horas de restricción, volver a ellas, incluso llegando a la posibilidad de “ofrecer” trasladarlos, para conseguir su cometido; definitivamente un sinsentido peligroso.
Es de esperar que esto no termine generando más conflictos que los que desea resolver, ya que esa medida tal como está, solo podría surtir efecto mediante el intento de convencimiento, que sin lugar a dudas puede terminar en más de una discusión entre los afectados, los padres de estos y lo que se animen a instalarse en el lugar de la autoridad, sin serlo.
Si queremos de verdad avanzar en seguridad, nuestros esfuerzos debieran centrarse en construir ciudades más amables y seguras, más integradas e integrales, en donde nuestros hijos e hijas puedan circular tranquilamente y sin restricciones, con oportunidades de divertirse y de acceder a la cultura, al deporte y a la recreación de manera sana y segura, en vez de intentar encerrarlos, como pretenden algunos.
Esto implica abandonar de una vez y para siempre el enfoque de seguridad ciudadana que dichas autoridades promueven y suscriben, para transitar hacia uno más democrático y justo como es el de la seguridad humana, asegurando las libertades más amplias, eliminando los miedos, la necesidad y la incertidumbre que asola a vastos sectores de nuestra sociedad.
Uno de los temas relevantes para conseguir lo anterior es que todos los ciudadanos y ciudadanas valgamos lo mismo para el Estado asegurando un per cápita similar a los distintos gobiernos locales pues la inmoral asimetría que registran hoy limita seriamente sus capacidades para lograr el objetivo de una ciudad más segura y justa para todos y todas.
De seguir haciendo lo mismo, sin duda vamos a seguir obteniendo los mismos resultados y eso es lo que precisamente debemos evitar.
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