Ni perdón ni olvido

Eduardo Contreras

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Regresamos hace pocos días de un largo y positivo viaje a Canadá invitados  por compañeros chilenos residentes que en su inmensa mayoría llegaron allí en condición de exiliados durante la dictadura, y con el apoyo de destacadas personalidades canadienses y de otras nacionalidades de Latinoamérica y Europa que allí radican, todos interesados en conocer directamente de los temas de derechos humanos en Chile y en particular de los procesos judiciales en curso en nuestro país a partir de la querella rol 2182 – 98 iniciada el 12 de enero  de 1998. Hay también allí comités de derechos humanos  y grupos de apoyo a la causa del pueblo mapuche.

Fueron diversas e interesantes jornadas, charlas, debates, en la Universidad de Toronto con profesores y estudiantes  en diversos foros académicos y políticos, en salones de bibliotecas y en locales de organizaciones sindicales y culturales tanto en la ciudad de Toronto como en Montreal y Quebec, además de entrevistas de radio y prensa.

Lo que demuestra el vivo interés que existe en los medios culturales y sociales del exterior, no sólo de nuestros compatriotas que allí viven, por comprender el desarrollo y las contradicciones del largo proceso jurídico y judicial en procura de conocer la verdad de lo sucedido en los trágicos años de la tiranía y de los esfuerzos por someter a proceso y condenar a los autores de tan feroces crímenes.

De igual manera les interesaba saber de las reformas en curso en nuestro país y que, a partir del actual gobierno, han comenzado a tocar el modelo económico de la dictadura, diseñado por los llamados “chicago boys”, a fin de contar con más antecedentes de los que publican acá los principales medios de comunicación chilenos, la mayoría de los cuales son tradicionales enemigos de los cambios.

Sino, baste con observar las reacciones anti gobierno de los sectores más conservadores del país al analizar el resultado de las recientes elecciones municipales. El “hay que recoger la lección, corregir y cambiar de rumbo” tiene una sola lectura : paralizar las reformas en curso.

Vuelvo a la gira por Canadá para dejar constancia que tanto en los medios académicos como en el público en general hubo interés en conocer cómo fue posible a las agrupaciones de familiares de las víctimas y sus asesores legales, superar los temas de la prescripción y la amnistía, terminar con el peso de la justicia militar en la materia y avanzar judicialmente.

Así como la designación de jueces de dedicación exclusiva y los importantes cambios que se registra en la jurisprudencia de nuestros tribunales que, de modo creciente, asume los compromisos internacionales adquiridos en convenciones y tratados suscritos por el Estado de Chile y se concilia en definitiva con el Derecho Penal Humanitario al que, además, ha hecho aportes.

El trabajo del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior chileno, así como del equipo de jóvenes abogados, egresados y estudiantes de Derecho, que conforman el equipo jurídico asesor voluntario de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, fue igualmente valorado por los concurrentes.Tanto como el alto número de juicios en desarrollo y de criminales procesados y condenados, cuyas penas son reales y concretas.

Casos específicos como la investigación judicial por el eventual asesinato de nuestro premio Nobel Pablo Neruda, o los procesos por la muerte del presidente Allende, o los generales Prats, Bachelet y el comandante Arturo Araya, o los consejos de guerra en contra de los miembros de la Fuerza Aérea, o episodios como Operación Cóndor o Caravana de la Muerte, fueron objeto concreto del interés del variado público que se congregó en las actividades en las tres ciudades mencionadas.

Naturalmente, también fueron temas los de la represión del Estado a los movimientos sociales en nuestro tiempo y la situación de los pueblos originarios. Del mismo modo lo relativo al proceso constituyente, muy positivamente valorado.

Y fue precisamente por esos días que la Segunda Sala de la Corte Suprema de  nuestro país, conociendo de la causa rol n° 76.487 – 2016, rechazó – en fallo unánime -  el recurso de amparo deducido por el prisionero de Punta Peuco Raúl Iturriaga Neumann y revocó la resolución que autorizaba su libertad condicional. Como es sabido, el peligroso sujeto enfrenta diversos procesos y condenas que elevan el tiempo que deberá permanecer en prisión a un considerable número de años.

Como todos los uniformados procesados por los crímenes de la dictadura que encabezara Pinochet, es autor no de delitos comunes sino de los llamados crímenes de lesa humanidad, descritos en convenios y tratados suscritos por el Estado de Chile.

Crímenes que, por su naturaleza y condición, no pueden ser objeto de un trato similar a los de los simples delitos comunes. Además el importante fallo dejó establecida la improcedencia del derecho a libertad condicional de un individuo que se encuentra procesado en un considerable número de causas judiciales en las que ha sido expresamente calificado como “un peligro para la sociedad”.

Recordemos que este “valiente soldado” en su tiempo huyó de sus persecutores legales y se escondió cobardemente preparando su fuga del país, hasta que efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de aquella buena época lograron ubicarlo y recapturarlo en un importante operativo.

En relación a lo cual cabe consignar que en los debates estuvo también presente la cuestión del poder real en la política, es decir los asuntos relativos a las Fuerzas Armadas, al gran empresariado nacional y transnacional y al control monopólico de los medios de comunicación que en Chile siguen en manos de los que ayer fueron parte activa de la sedición y la asociación ilícita que culminó en el golpe del 73 y que hoy intentan ser muro de contención a los cambios indispensables que en todos los órdenes reclama la sociedad chilena.

En síntesis, en ese gran país existe interés real por el histórico proceso que se desarrolla en relación a la persecución de responsabilidades por los delitos de lesa humanidad y al cumplimiento efectivo de las condenas y existe una comunidad chilena y latinoamericana organizada, atenta a cuanto sucede hoy en nuestros países y partícipes activos en esa larga lucha por la justicia y la verdad que se resume en la sentencia de que no habrá ni perdón ni olvido respecto de la peor tragedia de nuestra historia. Varios de cuyos principales responsables, lamentablemente, permanecen aquí todavía en la impunidad.