Otra vez el contexto

Cada cierto tiempo, a medida que se develan nuevas verdades sobre la violación masiva y sistemática de los derechos humanos ocurrida en el país durante la dictadura,  reaparece el manido argumento del contexto para intentar justificar, o al menos hacer comprensibles, y en ese sentido atenuar, las responsabilidades de los perpetradores de los crímenes.

El tema ha vuelto a la palestra a raíz de los nuevos antecedentes del caso quemados, pero antes se esgrimió para criticar la existencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos e incluso para cuestionar los informes de verdad y reconciliación, Rettig y Valech.

Quizás lo primero que deba aclararse para dar un paso adelante en relación a este debate es separar la discusión sobre las causas del golpe de Estado de 1973 de las causas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas durante y con posterioridad al golpe. Al hacerlo veremos que la contextualización no convierte los crímenes en menos graves. Por el contrario, es probable que nos demos cuenta que ni el golpe de Estado era justificado ni mucho menos las violaciones cometidas a lo largo de 17 años.

El origen del Golpe puede ser objeto de un amplio debate político y académico en el cual muy difícilmente los chilenos lograrán un acuerdo, al menos en estas generaciones. El informe Rettig ofrece explicaciones para comprender un proceso complejo que culmina trágicamente, en donde se destacan las responsabilidades de los distintos sectores políticos, de las fuerzas armadas, del gobierno y agencias norteamericanas y de la prensa de la época. Hay también otras perspectivas y cada sector político ha sacado sus conclusiones y actúa en consecuencia. En ese sentido, la falta de acuerdo, en este caso, no ha implicado una falta de aprendizajes.

El segundo tema, sin embargo, ofrece la posibilidad de un debate con lecciones comunes, siempre y cuando no se busque con el pretexto del contexto excusar o justificar las violaciones de los derechos humanos.

Comprender porqué ocurrieron las violaciones de los derechos humanos no es equivalente a excusarlas, sino que puede ser un medio, quizás el único y por cierto bien frágil, para prevenir políticas criminales en el futuro. De hecho, como me lo hizo ver Todorov en una conversación sobre el tema, todo nuestro sistema judicial está basado en la idea que ante un crimen se debe castigar al culpable, y salvo en el caso de la ley del Talión, se busca también comprender porqué el crimen se ha cometido, de manera de establecer normas que permitan evitar que otros individuos en circunstancias similares repitan los crímenes.

En tal sentido parece fundamental reconocer el papel de las ideologías en el desarrollo de los acontecimientos, y muy en particular, como lo hace el Informe Valech en el capítulo justamente llamado Contexto, de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que convierte al adversario político en enemigo interno al cual se debe destruir o neutralizar utilizando los métodos de la contrainsurgencia, “inculcados por las escuelas de adiestramiento militar a cargo de Estados Unidos a generaciones de oficiales chilenos”.  El fundamento doctrinario de la política criminal que utilizaron las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y varios países centro americanos fue el mismo y encuentra allí sus fuentes.

Al respecto, el Informe Valech establece que hubo una  “definición unilateral de una guerra inexistente” con todas las consecuencias humanas, legales y políticas que una arbitrariedad de tal calibre implica.

La memoria de las víctimas es un componente esencial para educar a la sociedad en el Nunca Más, pero como sabemos no es por si sola garantía de no repetición.

Se requiere que la sociedad entera asuma el imperativo moral del respeto a los derechos humanos, como una condición básica de la convivencia, dejando en el pasado las ideologías criminales o los discursos de actores políticos que justifican la violación de los derechos humanos.