Protección contra el odio

En Chile estamos muy cerca de alcanzar el umbral del desarrollo económico, en un proceso que nos distingue por sobre la mayoría de los países de la región. Sin embargo, aquel avance material no parece ir acompañado de igual manera del progreso humano y cultural que requiere en pos de alcanzar un desarrollo integral como sociedad.

En los últimos años se han dado pasos importantes en la construcción de un camino de mayor respeto y tolerancia a la diversidad en el ámbito de las ideas, religión, sexualidad,  origen étnico y racial. Pavimentar parte de esa ruta contra la discriminación y el odio ha sido posible por las lecciones que hemos extraído de experiencias dolorosas. Un ejemplo de ello fue la promulgación de la denominada Ley Zamudio, norma que se impulsó tras la muerte de Daniel Zamudio, asesinado por ser homosexual.

Si bien estos avances son significativos, aún resultan insuficientes. Las expresiones destinadas a intimidar, oprimir o incitar al odio y la violencia contra una persona o grupo por su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal, no conocen fronteras de tiempo ni espacio.

Tras el Holocausto, y con el crecimiento de Internet y de otros medios  modernos que facilitan la divulgación de las expresiones de odio, resulta más necesario que nunca revisar el cumplimiento legislativo de las obligaciones que Chile ha asumido en diversas instancias internacionales.

Chile ha firmado  la  Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, por lo tanto está obligado a  impedir y sancionar conductas que inciten al odio y la discriminación por raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Así como Estados Unidos y Francia -entre otras naciones-  han implementado mecanismos jurídicos para proteger a las personas respecto de actos discriminatorios o que incitan el odio, en Chile nos estamos quedando rezagados. Una muestra palpable de esto es que desde 2010 duerme en el Congreso Nacional el proyecto de ley que sanciona la incitación al odio racial y religioso, proyecto que busca reforzar la mencionada ley antidiscriminación.

En el último tiempo hemos observado en nuestro país expresiones de diverso tipo que siguen promoviendo precisamente la discriminación y el odio hacia determinadas minorías de la sociedad, colocando en riego la integridad de sus miembros y la cohesión que requiere toda democracia para su estabilidad. Se trata de acciones sobre las cuales debemos estar muy alertas para evitar que tengan acogida en otros sectores de la ciudadanía.

Es evidente que cuando hechos de esta naturaleza ocurren, no basta con manifestar una condena social –que siempre es importante y necesaria-, sino que también se requiere de sanciones legales que sean ejemplificadoras para quienes están dispuestos a protagonizar actos de discriminación o incitación al odio.

En la medida que Chile refuerce el marco jurídico en estas materias, será posible ampliar una cultura de rechazo a cualquier expresión atentatoria contra la convivencia pacífica y tendremos la oportunidad de vivir en una sociedad más libre.

En la pasada fiesta judía de Janucá (o  de las luces), que se celebró en el Palacio La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet hizo hincapié en la necesidad que tiene el país de contar con una normativa que sancione aquellas conductas que inciten al odio y realizó un llamado a los parlamentarios a que le den prioridad al mencionado proyecto de ley.

Unos días antes, el Presidente del Senado, Patricio Walker, reconoció públicamente que hay una deuda en esta materia con la comunidad judía y con todas las minorías.

Nos parece positivo el llamado que hace la Mandataria a acelerar la tramitación de aquella iniciativa, pero hay que recordar que el gobierno juega un rol importante en este proceso, ya que es el Ejecutivo el que coloca las urgencias a las propuestas legales que ingresan al Congreso.

Resulta fundamental entonces que La Moneda acelere la tramitación de este proyecto de ley, sobre todo considerando que se aproximan dos años electorales y que la carga legislativa está siendo intensa debido a la serie de reformas que han ingresado al Parlamento en el último tiempo.

No debemos esperar que sucedan situaciones violentas para reaccionar. Tenemos que seguir siendo proactivos en la protección contra las conductas discriminatorias y que alientan el odio entre chilenos. Ese es un compromiso que le corresponde asumir no solo a las autoridades, sino que también a la sociedad civil.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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