Secuestro de menores

El caso de la joven madre, Sindy Ortíz  que fue comentado por todo el país, ha dejado  en evidencia, una vez más, la cadena de errores que se cometen a la hora de velar por el real interés del bien superior del niño. No es primera vez, lamentablemente, que nuestra sociedad se equivoca y que, a propósito de protocolos o reglamentos, se comete un acto de tan escasa humanidad, que termina por afectar al menor, en este caso, a una recién nacida que fue privada de estar con su madre durante sus primeros días de vida.

Parece ser que en este caso el hecho de haber consumido esporádicamente marihuana, antes de dar a luz  fue la causa expuesta; pero, ¿dónde queda el sentido común y los tratados internacionales que nos obligan y, en buena hora, a velar por el verdadero interés del niño?

La autoridad médica del Hospital decidió adoptar tres medidas administrativas que escapan completamente a su competencia porque se trataba de medidas que dejan sin efecto o restringen derechos fundamentales de los niños y sus padres.

1) Retener a la recién nacida en el Hospital, vulnerando el derecho de la  niña a vivir con sus padres y el derecho de los padres a criarla y cuidarla; derecho que la Convención de los Derechos del Niño garantiza a todas las personas.

2) Permitir sólo  que la niña fuera vista por su madre durante dos horas y media al día, segmentadas en tres sesiones, con lo cual se  limitó el derecho de padres e hijos a mantener una relación directa y regular.

3) Prohibir absolutamente a la madre amamantar a su hija, afectando el proceso de apego entre madre e hija, pilar fundamental del desarrollo psíquico y emocional de la pequeña.

Hoy, afortunadamente,  madre e hija están juntas como todos anhelábamos, pero las dudas y preguntas siguen sobre la mesa, porque un hecho como éste debe, sin duda remecernos, no puede quedar en el limbo.

Por ello, llamo  a la Ministra Carmen Castillo a instruir sumarios y una exhaustiva investigación al respecto, de tal forma que no se repita este verdadero secuestro de un recién nacido.

Nadie duda sobre las facultades y obligaciones que tiene un centro de salud en esta materia, informando, como corresponde, acerca de posibles riesgos en casos concretos, sumando la evidencia científica existente en pro y en contra de  cada situación.

Sin embargo, no es racional ni  legal  intentar prevenir la vulneración de un derecho fundamental, como la salud,  violando abiertamente otro dos esenciales de los menores:  a vivir con sus padres  y ser criado por éstos y permanecer en contacto directo con ellos. El tema no es menor.

Más aún porque nos recuerda una de las conclusiones más preocupantes de la comisión que investigó las irregularidades en el Sename, donde, después de conocer muchos casos, expusimos la cruda realidad de menores que, so pretexto de problemas económicos en sus familias, fueron arrebatados de sus padres, generándose hechos muy similares a secuestros, donde se fractura una relación clave y esencial, la relación entre padres e hijos.

Si hay problemas y dificultades,  el Estado debe apoyar a los padres y familias, acompañarlos, pero no separarlos de sus hijos. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, impulsar las políticas públicas necesarias para poner  en el nivel que corresponde el derecho de los niños, niñas y adolescentes, con garantías explícitas y apoyo concreto para contener los casos más difíciles. Esta, es tarea primordial.