Un paso adelante, dos pasos atrás
Si observamos atentamente lo que sucede día tras día en materia de derechos humanos y específicamente en relación con los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad de la dictadura, concluímos que, aunque se trate de materias muy diferentes, resulta apropiado juzgar el momento actual utilizando la frase con la que Vladimir Ilich Lenin tituló su obra publicada en mayo de 1904.
El año que recién termina culminó con la puesta en escena de un bien preparado espectáculo de supuestos “ perdones” y pedidos de clemencia de parte de los peores criminales que hoy disfrutan de las garantías de un penal tan especial como Punta Peuco, que hasta canchas de tennis ofrece a sus afligidos moradores. Sacerdotes les visitaron, el cardenal Ezzati se permitió decir que negarles beneficios a estos moribundos sería venganza y no justicia. La prensa derechista no escatimó apoyos en favor de beneficios carcelarios y, en fin, por los mismos días se concedió libertad a otro de los degolladores.
No son casualidades y resulta evidente que las palabras del actual ministro de Justicia en el mismo sentido no fueron casuales. Expresan a un determinado sector de la sociedad que ahora aboga por una fantasmagórica “reconciliación” que además de inmoral es imposible.
Lo grave y lamentable es que ese sector no está formado sólo por quienes fueron partidarios declarados de la dictadura y los partidos actuales de la derecha política, puesto que ahora se le han sumado personas o grupos que, antifascistas ayer, hoy sienten profunda compasión por aquellos a los que los tribunales han condenado por sus delitos.
Pero no se advierte igual conmiseración cuando se trata, por ejemplo, de situaciones como la de la machi Franscica Linconao que, desde marzo del pasado año 2016, y pese a su grave estado de salud, se encuentra en prisión preventiva – a nuestro juicio de manera ilegal – por su presunta participación en el caso conocido como “Luchsinger – Mackay”. Hasta hoy no se escucha ni al ministro Campos, ni al cardenal Ezatti ni a otras autoridades levantar su voz en defensa de la machi Linconao.
Pero como de retrocesos y avances se trata, el pasado 28 de diciembre el ministro de dedicación exclusiva, don Miguel Eduardo Vásquez, dictó una sentencia de casi 400 páginas condenando a 45 militares, agentes de Pinochet, a penas que van desde los 12 años de presidio a presidio perpetuo.
Se trata del llamado caso “calle Conferencia 2”, rol n° 2182 – 98, que iniciáramos en enero de 1998 y que desarrolló originalmente el juez Juan Guzmán Tapia, siguiendo después con otros magistrados y otros abogados.Es el conjunto de delitos cometidos mediante los secuestros, torturas, homicidio y desaparición de los dirigentes del Partido Comunista Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Lincoyan Berríos, Fernando Navarro, Horacio Cepeda y Héctor Véliz ocurridos hace 40 años, en diciembre de 1976.
Por cierto un fallo como éste nos muestra la posibilidad real de lograr justicia si hay voluntad y capacidad para hacerla. Es un documento serio, fundado, digno de ser difundido y estudiado en las escuelas de Derecho del país y que es categórico en cuanto a la obligación imperiosa de aplicar normas internacionales cuando se trata de los llamados delitos contra la humanidad. Bien sabemos que por la profundidad del horror y habiéndose cometido por agentes del Estado en circunstancias de represión masiva en contra de civiles, detentan una calidad jurídica y un trato judicial diferentes.
La sentencia del ministro Vásquez respeta el Derecho nacional e internacional así como los tratados y Convenios suscritos por Chile.
Igualmente alentador es el fallo del reciente 29 de diciembre de 2016 de la Corte Suprema que en los autos Rol N° 164-2013, del Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de esta ciudad, no dio lugar a la casación interpuesta por los condenados Francisco Fernando Contreras Torres y Pedro Alejandro Lorenzo Herrera Mossuto, por su participación de autores en el delito de secuestro calificado cometido en la persona de Héctor Manuel Humberto Vásquez Sepúlveda en octubre de 1973.
Ese mismo día la misma sala del más alto tribunal, en la causa 226 – 2011 que sustancia el juez Mario Carroza rechazó también la casación planteada por los condenados por el secuestro y desaparición de Ricardo Herrera y Mario Parra perpetrados el 27 de septiembre de 1973.
En ambos casos los autores de los graves delitos deberán cumplir sus condenas de modo efectivo. Fue un buen día para los derechos humanos ese de la última semana del año que se fue.
En contraste, poco después el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, era sacado de la cárcel de alta seguridad – de la que nunca debió salir – y fue regresado a Punta Peuco. Como si fuera poco, su abogado anunció que iniciará acciones legales por los "tratos inhumanos y degradantes" que supuestamente habría sufrido su cliente durante su permanecía en la Cárcel de Alta Seguridad", sostuvo Meza.
Pero no se detuvo ahí, ahora ha iniciado una confrontación con quien ocupa la que fuera la antigua celda de Corbalán, uno de los personajes más siniestros de la dictadura. “No puede ser que lo instalen en otro lugar si allí estan todos sus artículos personales, televisor, guitarra, libros y otros siguen en su antigua celda", indicó el abogado.
Por las mismas horas, la Contraloría General de la República iniciaba un sumario contra la Fuerza Aérea de Chile (FACh) luego que dicha rama de las FFAA se negó a entregar un listado con los nombres de los pilotos que participaron en el bombardeo de La Moneda y la casa del Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. La cuestión se planteó a propósito que el mando de la Fach rehusara entregar dicha información a varios tribunales que lo solicitaron, configurándose así una “denegación infundada”
Esta actitud del mando uniformado se condice plenamente con el silencio culpable que hasta hoy mantienen las FFAA que no entregan información alguna acerca del paradero de más mil detenidos desaparecidos cuyos cuerpos ocultaron tras asesinarles. Tampoco se conoce reacción alguna ni del ministro de Defensa ni del de Justicia.
Cerrando el cuadro hace pocos días la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la libertad inmediata del ex oficial de la Armada Víctor Donoso recluído en Punta Peuco tras haber sido sentenciado por la Corte Suprema en 2012 por la desaparición del ex integrante del MIR y del GAP, Rudy Cárcamo. El sujeto ya había sido beneficiado antes con la reducción de su condena y el fallo unánime de la Quinta Sala del tribunal de capitalino lo deja definitivamente libre. La Corte estimó que bastaron 4 años para saldar el crimen de torturar, asesinar y hacer desaparecer a un ser humano.
Un paso adelante, dos pasos atrás.
¿Cuándo se comprenderá que estos asuntos no son del ayer ni de hoy sino, sobre todo, del futuro?
¿Cuándo se asumirá que sin verdad y justicia no hay futuro democrático garantizado para las actuales generaciones?
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