Una política de Estado para la infancia y la adolescencia

Fanny Pollarollo Villa

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No deja de sorprender la reacción de autoridades y medios de comunicación ante las graves violaciones a derechos de niños/as y adolescentes acaecidos recientemente en el Sename. No es la intensidad del rechazo lo que resulta más sorprendente, sino la persistencia del debate y las nuevas voces que se suman para condenar estos hechos.

Algo así nunca ocurrió antes, cuando lamentamos sucesos tan dolorosos como la muerte de Lissette Villa. En estos 26 años de gobiernos democráticos, habiendo asumido como Estado el compromiso por los derechos de la infancia y la adolescencia, han ocurrido mucho más que 134 muertes en centros de protección y en lugares de privación de libertad, hechos que impactaron a la opinión pública, pero sin que se produjera respuesta política  de largo plazo por parte de autoridades y  parlamentarios.

Alegra apreciar que hoy nos encontramos en una situación diferente, y que la conocida explicación de que estas víctimas jóvenes son de escaso interés para los medios y los políticos, porque no votan, estaría siendo superada.

Se trata sin duda de una buena noticia, pero junto a este  gran avance respecto a tantos años en que la indignación fue pasajera, preocupa apreciar el enfoque parcial y limitado en que sigue enmarcado el debate y las acciones que se ponen en marcha. 

Es una miopía  centrar el  problema y las soluciones exclusivamente en el  Sename. Constituye un grave error porque los cambios deben ser más amplios e integrales, orientados a construir el sistema de protección integral que el país requiere y que la Presidenta de la República incorporó como una de las profundas reformas de su programa y que, en su etapa legislativa,  ya ha iniciado su tramitación en el Parlamento.

Quedándonos en una mirada superficial y limitada del problema corremos el riesgo de perder esta gran oportunidad,  porque corregir lo inmediato y urgente no puede llevarnos a caminos facilistas, ni a simplificaciones que significan convertir al Sename en un “chivo expiatorio”, cerrando el camino a las verdaderas soluciones.

Con ello se comete también una gran injusticia con sus trabajadores quienes, en su gran mayoría, realizan su labor con gran compromiso, sobrellevando condiciones laborales extraordinariamente desgastantes.

Además, porque como Estado no es posible ignorar la deuda que tiene con el Sename que, a pesar de los grandes cambios ocurridos, se ha mantenido como una institución pequeña, a la que se le piden complejas tareas del ámbito psicosocial mientras ha permanecido dependiente de un ministerio, como Justicia, que tiene  escasa relación con la infancia y las políticas sociales.

Hoy existen las condiciones para desarrollar esta mirada amplia, buscando responder a la urgencia pero  sin  limitarnos  solo a ella porque nos confundiría y nos haría cometer errores. El riesgo de “senamisar” el debate es hoy día muy alto, y necesitamos visualizar éste y otros peligros que pueden llevar a que los cambios de fondo planteados por la Presidenta sean desvirtuados y solo se logren avances muy parciales e insuficientes.

No debemos conformarnos limitando la reforma a intervenciones reparatorias para niños y niñas vulnerados o con conductas infractoras. El “cambio en la medida de  lo posible”,  o el actuar movidos solo por el sentido de la urgencia, nos alejarían del resultado que buscamos.

La reforma comprometida en el programa debe ser integral o no  logrará  los cambios que den efectividad a  la nueva normativa legal: un aparato público más flexible, transversal y colaborativo, que supere la vieja concepción de “parcelas de poder”; que corrija la vieja fragmentación de las políticas sociales; que mire todos los ámbitos en que se desarrolla la vida cotidiana del sujeto: el familiar, el escolar y también el barrial, y que asuma que no se trata de “prestaciones” sino de procesos psicosociales que deben tener un largo acompañamiento en el tiempo.

También el sistema de Salud debe innovar. Es muy posible que el impacto bio-psicológico de la droga y el permanente convivir con la violencia sean factores causales de estos daños tan extremos que presentan algunos niños/as atendidos en Sename; será ese sistema de Salud y los médicos especialistas los que deberán asumir esta línea de investigación diagnóstica y adecuado tratamiento.

Vemos también como un riesgo que se plantee la división del actual Sename,  reasignando sus tareas en dos ministerios diferentes, como si en ello estuviera la solución al problema; al parecer sin percatarse de la necesidad de evitar la fragmentación de la política pública y de la necesidad de mantener, al menos  en el territorio, una eficiente articulación  de las acciones dirigidas a estos dos sectores de niñas/os y adolescentes vulnerables, que han compartido y siguen compartiendo una misma realidad local.

Valoramos que en el trabajo legislativo, el Consejo de la Infancia y el ministerio de Desarrollo Social destaquen el territorio como un espacio fundamental para el funcionamiento del Sistema de Garantías. Allí el Municipio debe ser el  actor principal en la aplicación de políticas preventivas en espacios públicos, que ofrezcan bienestar a las familias y oportunidades a la niñez y juventud, para participar de manera protagónica y organizada como verdaderos actores sociales. Para que allí expresen su creatividad, disfruten del juego, el arte y el deporte, llevando a cabo un desarrollo integral y una identidad alejada de la droga y la trasgresión.

Es allí también donde se organiza la detección  temprana de vulneraciones y conductas de riesgo, en una conexión estrecha y fundamental  con la comunidad y las instituciones educacionales.    

Hay que innovar en las políticas de infancia y juventud, y también en la obtención de los recursos necesarios para lograr el éxito. Las transformaciones no solo demandan recursos económicos, pero sin estos fondos no se puede avanzar. Ya en la década del 90 la Comisión Interparlamentaria por la Infancia lo planteó y hoy me lo pregunto nuevamente: ¿por qué no un fondo mixto, público – privado, al que todos aportemos lo necesario para sacar adelante una tarea como ésta, tan llena de sentido?

Es importante concebir la política de protección integral de la infancia y juventud como una política de Estado, que no se limite a la coyuntura y que mire el mediano y largo plazo, porque en este sector se puede movilizar el sentido de lo humano y de lo justo, levantando las barreras ideológicas y los cálculos tan propios de la política contingente.

El debate no debe quedar limitado al Congreso Nacional, a algunos ministerios o al Consejo; las leyes deben responder a grandes necesidades y ser, al mismo tiempo instrumentos de participación, aprendizaje y compromiso del conjunto de la sociedad.  

Una política de Estado con saberes y aprendizajes colectivos, daría mayor legitimidad y eficacia a decisiones que se adopten de manera transversal  y  reforzaría  la convicción de que se trata de una tarea  que también a todos y todas nos compete.