La Trata y el Tráfico de Personas son violaciones de los derechos humanos que se invisibilizan, ligadas a la creciente exclusión y desintegración social, la transformación de los mercados de trabajo, la violencia de género, la modificación de los modelos de producción y la transformación de hombres y niños, mujeres y niñas, en “objetos de consumo”. Este flagelo crece diariamente en todo el mundo, y Chile no es la excepción.
Uno de los factores que es determinante en los procesos de trata y tráfico de personas, es la inmigración, nuestro país se ha convirtiendo en un país receptor de emigrantes, aún en una baja tasa, además de continuar siendo un país de origen de migrantes.
Nuestra ley migratoria es antigua y desactualizada, del año 1975 tiempos de Augusto José Ramón, donde los derechos de los inmigrantes no se encuentran protegidos de manera satisfactoria, lo cual contribuye a la vulnerabilidad de éstos.
Otro factor es una sociedad que tiene atisbos racistas, ya que no acepta a determinadas personas y culturas, lo que se traduce en discriminación, especialmente para nuestros hermanos/as de raza negra, lo que profundiza su vulnerabilidad.
Estos factores contribuyen a configurar posibles víctimas de trata de personas, ya que ésta se da siempre en una situación de aprovechamiento de la fragilidad del otro.
Si miramos la situación en Chile desde un ámbito judicial diremos que desde la entrada en vigencia de la Ley 20.507, que tipificó el delito de trata de personas el año 2011 y hasta fines del 2017, han sido formalizadas 33 causas, que comprenden un total de 214 víctimas.
De las causas formalizadas, se han identificado 121 víctimas hombres todos por trata laboral, que representan el 57% del total y 93 mujeres víctimas de trata, en su mayoría con fines de explotación sexual que representan el 43%. De este total, se han identificado 16 víctimas niños, niñas y adolescentes.
Pero la mirada de la trata no debe ser sólo desde la perspectiva del delito, sino que desde las profundas desigualdades sociales y de género, lo que sumado con las formas de ciudadanía restringida, constituyen un nuevo cuadro de vulnerabilidades y violencias que posibilitan que niñas y niños, mujeres y hombres, sean explotados y comercializados por organizaciones criminales de carácter nacional o transnacional y violentados, abusados por una forma de concebir la sociedad que termina por mercantilizar a seres humanos y considerarlos objetos, naturalizando su consumo.
La Trata y el Tráfico de Personas es la expresión más brutal de la mercantilización de la vida, es la transformación de ella en un objeto destinado a valorizarse en los diversos mercados. Implica la reducción a la servidumbre y la negación de libertades y derechos fundamentales de personas.
Estas formas de mercantilización están ligadas a una particular cultura del consumo y del cuerpo, en especial de las mujeres, que se expresa desde los medios de comunicación así como desde las nuevas tecnologías informáticas, de las personas que se constituyen y transforman en “clientes” o “beneficiarios/as” de dichas actividades y las relaciones desiguales dentro de los Estados, entre los países y los géneros.
Por lo tanto, Trata y Tráfico, son fenómenos mundiales provocados por la demanda y potenciados por la violencia, el desempleo, la pobreza, la violencia de género y la discriminación.
Esta problemática es esencialmente una violación de los derechos humanos y no está vinculada exclusivamente a la seguridad pública y ciudadana.
La reflexión y discusión sobre ésta, es decir el esfuerzo por hacerlas visibles, puede abrir un campo de análisis que intente aportar e incidir en debates y políticas destinadas a la lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas en Chile y Latinoamérica.
El orden social donde la centralidad está puesta en las cosas y no en las personas, en la utilidad y no en el reparto, en la individualidad y no en la cooperación, en la competencia y no en la solidaridad son los mejores modelos para alentar y reproducir la trata de personas.
Ya que la mirada que conduce a su derrota es la de los derechos humanos, los que se construyen desde lo cotidiano y constituyen una forma de vivir, es decir, una forma de convivencia social que pone su centro en la persona, la solidaridad y la comunidad.
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