Bachelet, ¿malas noticias o la oportunidad de una política de Estado para las PyME?

Los últimos gobiernos se han caracterizado por muchas medidas a favor del emprendimiento y de las PyME, pero el impacto real en su productividad y competitividad ha sido poco perceptible.

Por el lado positivo se observa que la sociedad chilena ha comenzado a tomar conciencia de la relevancia de este sector para el desarrollo del país, en particular por su gravitante impacto en empleo e inigualable rol en la generación de equidad económica, social y territorial, en una economía de mercado.

Las PyME, más del 95% de las empresas formales, además de generar cerca del 70% del empleo se encuentran distribuidas a lo largo del territorio nacional en forma muy similar a la población, convirtiéndose en un elemento clave a la hora de implementarse políticas destinadas a mejorar la equidad y revertir la mala distribución del ingreso de nuestra economía.

A partir de la década del noventa, el Estado ha ido crecientemente disponiendo de mayores recursos y nuevos instrumentos que buscan atacar las principales dificultades del sector.

Se destinan cerca de 1.500 millones de dólares anualmente en decenas de programas para estos efectos. No obstante, la efectividad es incierta. Al menos no hay estudios disponibles que prueben el impacto de los mismos.

Las PyME sigue aportando el 70% del empleo y produciendo menos del 20% de las ventas, lo que refleja su abismante menor productividad en relación a la gran empresa. Ahí radica exactamente el problema nacional.Producto de su mayor eficiencia y tecnologías de punta las grandes empresas, a pesar de su crecimiento, en su conjunto no han mostrado ninguna capacidad para absorber mano de obra.

Nos encontramos entonces con un país dual: por una parte 15.000 empresas grandes, la mayoría de ellas globalizadas y altamente competitivas a nivel internacional pero que generan sólo un 30% del empleo, y que han sido incapaces de absorber su proporción en los nuevos contingentes laborales.

Por otra parte cerca de 900.000 micro, pequeñas y medianas empresas, que a pesar que en su conjunto ofrecen el 70% del empleo aportan sólo el 21,3 % de las ventas. Hay grandes excepciones de PyME altamente competitivas y eficientes, sin embargo una golondrina no hace un verano y son sólo eso, encomiables excepciones.

En ese contexto, y si siguen así las cosas, parece difícil plantear que Chile pueda volver a crecer a las tasas que creció en los años 90.¿Cómo el 30% del empleo puede empujar a través de su mayor productividad, al 70% restante que hoy día tiene una productividad en ventas 14 veces inferior?

Sería necio desconocer los avances de las PyME en acceso al sistema financiero, repactación de deudas financieras y previsionales, acceso a tecnologías de información y en menor medida de capacitación, innovación y encadenamiento productivo; pero los instrumentos y recursos públicos para fomento productivo se han cuadruplicado en los últimos veinte años, y los resultados obtenidos no muestran una simetría con el esfuerzo realizado.

Después de casi dos décadas de cientos de programas ”innovativos”, el diagnóstico de las carencias del sector no ha cambiado mucho: dificultad para acceder a los mercados de recursos, financieros, de bienes y de servicios ya sean públicos o privados, trabajadores poco capacitados, con menor productividad, etc.

La última campaña presidencial fue una mala noticia para el millón y medio de PyMEs y sus casi cuatro millones de trabajadores. A pesar de la proliferación de candidatos, sus programas fueron mucho menos específicos con respecto a las PyME que en campañas presidenciales anteriores.

La PyME estuvo ausente de los debates. Esta debilidad podría convertirse en una oportunidad si, a falta de un programa específico de gobierno en la materia, el gobierno, en conjunto con el Congreso y los actores gremiales de la PyME dedican los próximos 4 años a establecer una política de estado para la PyME, que por fin este sector deje de depender del interés circunstancial del gobierno de turno, para convertirse en una preocupación del Estado de Chile.

Política de Estado que incluya, rediseño de la institucionalidad pública que atiende al sector, focalización en segmentos homogéneos regionales y sectoriales de empresas, evaluación crítica de los instrumentos, fortalecimiento de los gremios.

¿Por qué es necesaria una Política de Estado? El diseño institucional de Chile ha considerado casi siempre la existencia de un solo tipo de empresas.El legislador, cualquiera haya sido su signo político, ha tenido en mente a una gran empresa, con contador, jefe de personal, abogado, con un sindicato, etc. Sin embargo esa es la realidad de menos del 5% las empresas y del 30% de los trabajadores.

Son cientos los ejemplos de discriminación negativa en contra de las pequeñas empresas y sus trabajadores producto de esta barbarie analítica y exclusión implícita por parte del Estado. Al no entender las características y necesidades distintivas de las PyME ha tratado en forma igual lo que es intrínsecamente desigual.

La ley pareja no ha sido justa ni adecuada para las PyME, ni para el país. Esas diferencias las han entendido hace décadas los principales países desarrollados y tienen legislaciones diferenciadoras.Han entendido que las PyME no son grandes empresas atrofiadas, sino una estructura estabilizadora del tejido productivo con sus propias características positivas y negativas.

No se trata de perjudicar a las grandes empresas para proteger PyMEs ineficientes; una Política de Estado en la materia supone reconocer que el tejido productivo está compuesto por distintos tipos de agentes empresariales, cada uno con su rol, características y necesidades.

Eso supone una revisión crítica a buena parte de la legislación laboral, previsional, tributaria, comercial y financiera del país.Sin una Política de Estado y sin focalización, buena parte de los recursos que el Estado ha destinado a la PyME son capturados por otro tipo de empresas.

Reforma de la Institucionalidad Pública. Actualmente existen en el Estado, cerca de 30 agencias dedicadas al fomento productivo, las que dependen de 9 ministerios distintos y ofrecen a las PyME más de 200 instrumentos diferentes.

¿Existe alguna posibilidad que un empresario PyME medio con 5 trabajadores tenga el tiempo y las competencias para evaluar cuál de esos 200 instrumentos mejor sirven a su empresa? Seguramente no.

Especialmente si cada una de las 30 agencias conoce solo sus productos y desconoce la oferta del resto de la institucionalidad. Por otra parte las agencias carecen de flexibilidad para adecuar los instrumentos a las estrategias de desarrollo sectorial o local.

Es necesario unificar esa institucionalidad fragmentada y con escasa coordinación, y dotarla de recursos e instrumentos de impacto medible sobre sub-segmentos específicos de empresas y adaptables a las realidades de los distintos territorios.

Focalizar adecuadamente. El Estado, cuyos recursos serán siempre escasos, requiere priorizar sus inversiones en fomento productivo. Así como las políticas sociales deben llegar a los ciudadanos que más necesitan del apoyo del Estado, sin “castigar” a los que se esfuerzan por satisfacer sus propias necesidades, en el caso de las PyME es preciso determinar los programas más eficientes para incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

El método prueba-error seguido por el Estado, agravado por la inconsistencia dinámica típica de la política y los cambios de gobiernos, termina por dilapidar los recursos, a pesar de ser crecientes.

Desgraciadamente el Estado ha sido poco diligente y ha decidido meter en un mismo saco llamado PyME a empresas extremadamente heterogéneas en ventas, empleo, capital, sectores productivos y cultura empresarial. La falta de focalización de los programas ha sido la regla y no la excepción.

Por ejemplo, los instrumentos deberían guardar relación con las características del sector específico al que se quiere atender. Las necesidades de capital de trabajo de un apicultor son distintas a las de un mayorista de frutas y hortalizas, o de un fabricante de juguetes ya que sus ciclos productivos y de ventas son diferentes ¿Por qué los instrumentos financieros que ofrece el Estado ignoran esas diferencias?

Fortalecimiento de las Asociaciones Gremiales. Es necesario que el punto de vista y mirada de la micro y pequeña empresa sea escuchado y tomado en consideración tanto por las distintas instancias de gobierno como del mundo privado.

Sin embargo la mayor parte de las asociaciones de PyME y microempresas son débiles, en recursos y miembros activos, por lo que la voz de sus dirigentes suele ser ignorada por las autoridades y los medios de comunicación. Una mayor participación de las PyME en el diseño de políticas públicas seguramente colaborará en equidad y en un mejor funcionamiento de los mercados.

Estos cuatro elementos pueden ser los pilares de una política de Estado hacia la PyME, que de manera urgente requiere mejor inversión pública, no necesariamente más inversión pública.

El gobierno que se inicia ha establecido sus prioridades políticas y financieras, y las PyME no parecen estar entre ellas. El diseño de una política de Estado para las PyME no trae aparejados gastos y podría liberar recursos desde la burocracia estatal a la prestación de servicios a la PyME, focalizándolos y permitiendo que el Estado, vía evaluaciones de impacto, aprenda qué cosas se están haciendo bien y cuáles mal.

Sería positivo que los actores y representantes del sector le pidan al gobierno que se inicia, liderazgo y recursos mejor invertidos por sobre nuevos recursos y programas para el sector.