Co-escrita con la diputada Marisela Santibáñez, y las diputadas electas Ana María Gazmuri y Lorena Pizarro
Hace unos días nos tocó acompañar a un grupo de mujeres jefas de hogar, vecinas de Recoleta, concejalas, consejeras regionales y diputadas electas a la sede de la Convención Constitucional, para presentar una iniciativa de norma que busca reconocer, valorizar y remunerar el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en el ámbito de la propia familia, iniciativa que como muchos recordarán se encontraba dentro del programa de gobierno que presentamos a la ciudadanía en medio de las primarias del 18 de julio.
Es importante partir señalando que una de las causas de la acumulación de riqueza en Chile y en el mundo es el hecho de que a una amplia mayoría de trabajadores y trabajadoras se les paga considerablemente menos de lo que vale realmente su trabajo, generando con ello niveles crecientes de desigualdad y precariedad en los sectores populares.
Otra de las causas de la acumulación de riqueza de unos pocos tiene que ver con algo incluso más grave que lo anterior, y es que en nuestra sociedad existe una serie de trabajos que no son reconocidos como tales, y que son permanentemente invisibilizados, con la excusa de que estos no generarían valor en el proceso de producción.
Resulta evidente que las y los dueños del capital han ido acumulando beneficios a costa del trabajo que proveen las y los trabajadores y sus familias, sin que jamás se haya reconocido, valorizado ni remunerado ese trabajo que, en definitiva, es el que permite la reproducción, el cuidado y la mantención en el tiempo del principal factor productivo, la fuerza de trabajo.
Hoy en Chile, el 50% de quienes trabajan gana líquido 420.000(1) pesos o menos, y el 70% de las y los trabajadores gana menos de 635.000 líquidos, mientras el salario que puede obtener una familia de 4 personas de la pobreza es del orden de $613.000 brutos o $490.000 líquidos.
Esto explica por qué en nuestro país más del 50% vive en la pobreza, teniendo o no un trabajo. En nuestro país, trabajar no te asegura salir de la pobreza y en parte importante de los casos, lamentablemente, te asegura permanecer en ella.
Como si lo anterior fuera poco, a partir de marzo de 2020, la pandemia y sus restricciones aumentaron abruptamente la carga de trabajo doméstico y de cuidados asumida por los hogares; y al interior de las familias han sido las mujeres quienes han absorbido mayoritariamente esta carga extra de trabajo, enfrentando fuertes consecuencias económicas y de salud, sin contar el aumento significativo de violencia intrafamiliar.
Si bien la pandemia ha exacerbado la llamada "crisis de los cuidados", en Chile históricamente se han relegado los cuidados al ámbito familiar con una precaria asistencia por parte del Estado y con una profunda desigualdad en la distribución por género de estas tareas, lo que sin duda debe abordarse en el futuro de manera de socializar lo más posible este tipo de trabajo, a través de un Sistema Nacional de Cuidados y al mismo tiempo seguir promoviendo cambios legales que empujen el cambio cultural hasta asumir como sociedad la corresponsabilidad en los mismos.
Que las mujeres deban hacerse cargo del trabajo doméstico y de cuidados no es una historia nueva, de hecho es uno de los estereotipos de género más arraigados en nuestra sociedad. A pesar de los avances en participación femenina en diversas áreas, se continúa asumiendo que las mujeres son las principales responsables de estas tareas, consideradas como no productivas y sin recibir un pago a cambio.
La carga de trabajo no remunerado que se impone a las personas y principalmente a las mujeres es uno de los principales factores tras las brechas de género en salarios y empleo, generando, además, una sobrecarga de trabajo que priva a las mujeres del derecho al ocio o a una jubilación efectiva, y tiene también importantes consecuencias en salud física y mental.
Actualmente, el 52,7%(1) de las mujeres en edad de trabajar está fuera del mercado laboral y solo 43.7% tiene un empleo. Resulta evidente entonces que el acceso al mercado laboral formal se ha convertido en un privilegio, con la consecuente relegación de las mujeres a un lugar secundario en la sociedad.
Creemos necesario convertir en norma constitucional el reconocimiento social, la valorización y la remuneración por parte del Estado, en la forma de un Sueldo Básico Universal para todas aquellas personas, hombres o mujeres que desarrollen trabajo doméstico o que tengan a su cargo el cuidado de personas de cualquier edad y condición que no sean autovalentes.
Este salario para el trabajo doméstico y de cuidado debe ser pagado por el Estado sobre la base de impuestos recaudados. El monto de este reconocimiento debiera ser igual al monto bruto del salario mínimo legal vigente y las o los beneficiarios debieran ser aquellas personas que verifiquen su calidad de acuerdo con el Registro Social de Hogares en cada municipalidad.
Los recursos necesarios para financiar este beneficio son el 2,95% del PIB, pero a largo plazo este beneficio debe ir descendiendo como porcentaje del PIB, hasta llegar al 1,3% del PIB en el año 2050, por efectos del avance en la corresponsabilidad y la construcción del Sistema Nacional de Cuidados que socializaría parte importante de estos trabajos; por el envejecimiento de la población, el reajuste del Sueldo Básico Universal y crecimiento del PIB de 2,5% a mediano plazo de acuerdo a las proyecciones OCDE y del Banco Central.
Se requiere que la recaudación de recursos de la próxima reforma tributaria se destine parcialmente a estas dos políticas públicas, dando cuenta de nuestro compromiso con las causas de género en el país y relevando especialmente el valor del trabajo doméstico no remunerado.
Con esta propuesta de reconocimiento constitucional, valorización y remuneración al trabajo doméstico y de cuidados, estamos reconociendo que la participación de las mujeres en el trabajo es, al igual que los hombres, cercana al 70%. Junto a lo anterior avanzaríamos de manera significativa en la construcción de un país más digno, entendiendo la dignidad como la posibilidad de cada persona de perseguir su felicidad, en un marco de autonomía plena sin depender necesariamente de otra persona.
(1) Fundación SOL, "Los Verdaderos Sueldos de Chile" septiembre 2021
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