Del mercado del agua al mercado de proyectos hídricos

La sequía afecta a gran parte del país, la agricultura y la industria recienten su actividad por la reducción del agua en los embalses y la disminución de los caudales en ríos, esteros, pozos y norias. El riesgo de racionamiento del agua potable para gran parte de la población, ya se ha planteado y podría profundizar la crisis social que enfrentamos. Con una legislación que se promulgó en 1981,  el uso del agua se resuelve por el mercado, tanto en la asignación inicial como en las sucesivas transferencias.

El Código de Aguas se modificó, en parte, el año 2005, en el cual se introdujeron  algunos cambios, entre ellos, el caudal ecológico que permite mitigar externalidades e incorporar equidad intergeneracional. También  se buscó terminar otros problemas que existían como la  especulación y el acaparamiento, dado que esos derechos habrían estado concentrados y ello impedía el desarrollo económico.

El  efecto fue  que desde 2005 a 2019, la renuncia de derechos no consuntivos  alcanza la suma de  8.530 m³ /s  principalmente para proyectos hidroeléctricos. La devolución no se motivó por la “buena onda social” de sus dueños, si no que por la introducción de un desincentivo monetario a la tenencia de derechos no usados, “la patente de no uso”.

Lo interesante del dato anterior es que 0 litros/s fueron devueltos de caudal consuntivo, aquel que permite su uso sin devolución.

Los derechos renunciados quedaron disponibles para otros usuarios tengan o no un proyecto productivo para la sociedad. Por tanto, lo lógico sería que, al menos esa cantidad aparezca solicitada nuevamente.

Sin embargo, entre  el año 2005 hasta el año 2019, se han otorgado 138 m3/s de agua consuntiva y 32.201 m3/s de agua no consuntiva. Los datos hablan por sí mismos, en Chile aún existe disponibilidad de agua (en algunas regiones) y el Estado por ley debe  otorgarla a quien la solicite: gratis o por remate (cuando hay más de un solicitante y el agua no alcanza).

El remate  es una subasta ascendente de primer precio (subasta inglesa), donde se anuncia el precio a viva voz por cuota y los postores aumentan las pujas hasta llegar a un precio ganador eficiente.

Entre 1981 y 2004, solo se habrían realizado 4 remates, con la reforma al Código de 2005 y  hasta 2018,  no más de 60 remates asignaron  derechos de agua, pero durante el año 2019 y 2020 se observa un aumento del número de remates convocados para derechos no consuntivos en sectores de riego, lo que podría explicarse por un tipo de estrategia de cobertura.

Por su parte las asignaciones gratuitas son de decenas de miles. El funcionamiento actual está basado en el principio de uso y goce de un bien privado, que no requiere justificación alguna, sino que solo el interés de apropiación del solicitante.

La asignación de derechos de agua  puede ser mejorada  por un mecanismo que considere las preferencias de la sociedad y sea evaluado bajo el riguroso sistema de evaluación social que opera en Chile.

Por ejemplo, la asignación  del uso de agua entre  una empresa forestal y una comunidad de agua potable rural, restituyendo vía un instrumento de mercado, el derecho humano al agua.

Otro ejemplo es que la sociedad (representada en  un comité de aguas por cuenca) decida qué proyecto agrícola es mejor para una comunidad, un cultivo de paltas o uno de hortalizas.

Lo anterior  se posibilitaría cambiando el remate actual por un mecanismo denominado concurso de belleza. En este, las variables de decisión no son completamente conocidas antes de la realización de las ofertas y, a diferencia del remate, la decisión puede ser tomada  con otros criterios distintos al  precio ofertado.

En este caso, la propuesta es  la formulación de un proyecto hídrico, el cual  genera un mercado de proyectos y elimina el mercado  de derechos  de agua para el  “uso y goce”  actual, que sufre a mi juicio de “obsolescencia ambiental”. Además sería posible considerar un Royalty para transferir valor a la sociedad. Lo anterior requiere modificar  en parte  el artículo 6 del Código, estipulando que la duración del derecho de aprovechamiento  sea igual al  término del proyecto.

En la literatura económica especializada y algunos autores explican que los concursos de belleza para asignar recursos o licitaciones del Estado son susceptibles de actos de corrupción y discrecionalidad.

Sin embargo, ello puede ser evitado con  el diseño riguroso previo del concurso, junto  con crear la Agencia Estatal independiente de Economía y Regulación para que vea este y otros problemas similares de la institucionalidad en Chile.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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