Han pasado años desde que en 2020 se comenzó a hablar de una gran reforma tributaria. En ese momento, la discusión se centraba en cuatro grandes ejes: El primero, impuesto patrimonial; el segundo, impuestos a la minería, especialmente en lo relativo al royalty; el tercero, mejorar la fiscalización de la informalidad; y, finalmente el cuarto, aumentar la carga tributaria a los contribuyentes con mayores ingresos.
La idea inicial de este gobierno era implementar una reforma tributaria amplia. Sin embargo, varios expertos en el ámbito tributario consideraban que esto era poco viable, no por razones ideológicas, sino porque se buscaba una reforma que tuviera el menor impacto posible en la economía, y que a la vez abordara los temas realmente importantes. En este sentido, se ha avanzado en el royalty, en la fiscalización de la informalidad y, finalmente, se está presentando una reforma tributaria dirigida a los contribuyentes de mayores ingresos.
Con este marco en mente, es importante reflexionar sobre los avances en los impuestos relacionados con el royalty y la nueva ley de cumplimiento tributario. En relación con el royalty, es evidente que, aunque esta medida puede afectar las inversiones futuras en minería, es necesario aumentar la carga fiscal sobre las empresas que operan en sectores que impactan negativamente el medio ambiente, como la minería. Este impuesto no solo tiene una finalidad recaudatoria, sino también una dimensión de justicia territorial y política medioambiental, áreas en las que debemos llegar a un consenso general.
En cuanto a la ley de cumplimiento tributario, recientemente promulgada, responde a una necesidad de justicia social. Para muchas pequeñas empresas y microempresas resultaba injusto que la informalidad no fuera sancionada, mientras que solo las empresas formalizadas debían cumplir con sus obligaciones tributarias. La situación de desventaja para los emprendedores (formalizados) promovía indirectamente el crimen organizado, el comercio ilegal y la evasión de impuestos, especialmente en el ámbito del IVA. Esta nueva legislación busca corregir esa inequidad, favoreciendo a aquellos que cumplen con la ley, además que la llegada del nuevo director del SII -Javier Etcheberry- permite que se focalicen acciones del propio servicio en busca de mejorar las acciones fiscalizadoras.
Por último, la reforma a los impuestos a la renta, específicamente al impuesto global complementario, ha sido objeto de mucha especulación. Recordemos que las rebajas fiscales implementadas en las reforma anteriores respondieron al aumento de los impuestos a las empresas, lo que con el tiempo ha demostrado ser un fracaso. El razonamiento era que la reducción de los impuestos globales a las rentas más altas -de 40% a 35%- mitigaría el impacto de la mayor carga tributaria sobre las empresas, especialmente a los dueños de empresas, quienes veían eliminados mecanismos como el FUT, considerados elusivos. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que se benefició principalmente a un grupo pequeño de la población, que no necesariamente invertía en empresas o, si lo hacía, no se veía afectado por los cambios impositivos.
Muchas de las rentas altas provienen de profesionales exitosos, rentistas de bienes inmobiliarios y un grupo selecto de empresarios, incluidos algunos altos funcionarios públicos, asesores, influencers o figuras populares, como jugadores de fútbol. En efecto, el cambio de impuesto que inicialmente se ideó para gravar a las personas que invertían en acciones, terminó generando una rebaja injusta del 5% para un grupo reducido, mientras que el impacto en la mayoría de la población fue negativo, especialmente en las pensiones futuras, recordemos que parte de nuestros fondos de pensiones son invertidos en paquetes accionarios.
La pregunta es: ¿Qué se pretende lograr con esta nueva reforma? El objetivo no debe ser solo recaudar más recursos, sino asegurar que el cobro de impuestos sea más equitativo. En varias ocasiones he propuesto un ajuste en el impuesto global complementario, especialmente en el tramo 7. La idea es dividir este tramo en dos, aumentando 2,5 puntos porcentuales a los ingresos entre 10 y 12 millones de pesos, y 5 pp. a partir de los 12 millones y un peso. Esto no solo sería más justo para la clase media y los altos ingresos, sino que también reflejaría mejor las diferencias reales entre los distintos niveles de renta, ya que no es lo mismo ganar 6 millones que más de 10 millones de pesos.
Es hora de que la reforma tributaria se enfoque en una distribución más equitativa y una justa carga fiscal, que beneficie a todos y no solo a un pequeño sector de la población.
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