¿Desinflación o deflación?
El mundo pasa actualmente por un proceso inflacionario que lleva el nivel general de precios a un valor mayor que el crecimiento tendencial de los últimos años, sin claridad sobre cuándo cesará.
Se esgrime, como fundamento del aumento, a la pandemia Covid-19, a la guerra de Putin y a los efectos perdurables del cambio climático en algunas zonas geográficas del mundo. Lo cierto es que ello no reflejaría adecuadamente que "la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario", como acuñó Friedman en el siglo pasado, porque ella en este caso se debería sólo a la velocidad de la "máquina de hacer dinero" del Banco Central, cuando es mayor que los precios y transacciones de productos y servicios en el mercado de cada economía.
Este mantra del monetarismo puede actualmente ser solo una de las razones que explican el mayor nivel general de precios y que de existir, se limitaría a aquellos países donde el organismo rector de la política monetaria no es independiente del Ejecutivo. Entonces, si la causa de la inflación no es la discrecionalidad del emisor, las razones se trasladan directamente a la economía real, donde se podría producir un exceso de demanda o déficit de oferta, incluso ambas, obligando de esta forma a los decisores de política economía a estudiar y determinar correctamente las causas e implementar la mitigación de sus efectos. Lo que se busca, en definitiva, es evitar pérdidas de bienestar a la población.
En Chile, los instrumentos que se disponen a nivel gubernamental están relacionados directamente con transferencias que permiten contener eficientemente la pérdida abrupta de bienestar a la población más vulnerable, porque ella no debe dejar de consumir comida y satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, se puede transferir el aumento de las partidas del IPC, que reflejan alimentos, transporte y aquellos servicios básicos de tarifas no congeladas, como también contener el aumento del precio de los combustibles, en especial para el invierno. Se deberá buscar la mejor focalización con transferencias y contención por parte del Estado.
Sin embargo, el funcionamiento general de la economía se debe principalmente al sector privado, conformado por las decisiones de inversión de las empresas, gasto y ahorro de los individuos y las familias. En este sentido, el riesgo de medidas que no calcen con las razones subyacentes que están provocando el aumento de precios puede llevar de una alta inflación a una gran deflación. Esta última corresponde a una baja generalizada en el nivel de precios, que afecta inevitablemente al producto y por ende al desarrollo económico, y que consecuentemente también provoca pérdidas de bienestar a la población, además de bajar el nivel de competitividad internacional de nuestra economía.
Por tanto, complementariamente a las medidas ya conocidas de bonos y del intento de fijación de algunos precios relevantes de la economía, es necesario innovar en la formulación de las expectativas y patrones del consumo conspicuo (en recuerdo de T. Veblen, el economista olvidado de la Escuela de Chicago).
La estrategia de un gobierno innovador y progresista debe contener medidas innovadoras y progresistas, entre ellas apostar por una estrategia de desinflación. Esta última corresponde a una caída gradual del IPC, sin afectar el desarrollo económico que provocaría una deflación. Por ejemplo, se puede proponer incentivos para generar la sustitución de aquellos productos y servicios que enfrenta un aumento inusual de precios en el mercado internacional.
En el corto plazo, eso es factible sólo en una parte de la matriz de consumo, debido a que Chile es un importador neto de hidrocarburos. Una medida no convencional, que tenga efectos desinflacionarios es la instauración de una política nacional de las 3R. Reusar, Reducir y Reciclar directamente los productos que mayores expectativas inflacionarias posean. Otra medida posible, pero normalmente evitada por los gobiernos, es perturbar la soberanía del consumidor (o más bien del importador) mediante la imposición de cuotas (o su símil, los aranceles) de autos y camiones a combustión interna de bencina y petróleo. Dos medidas que se pueden discutir en magnitud e impacto, pero que tomadas con los instrumentos correctos, claramente aportaran a la desinflación.
Sin embargo, la medida que debe ser evitada es el shock positivo de liquidez, que provocaría la tramitación y aprobación legislativa de nuevos retiros a los fondos de pensiones. Esto no con el objetivo de proteger a la industria privada de los fondos previsionales, sino que debido a la preferencia por la liquidez del espíritu animal. Está bastante probado que este dinero terminará, en un mayor consumo conspicuo de tipo inflacionario. Por tanto, si la inflación de abril fuese muy alta y, esta vez medida completamente y correctamente por el IPC, reduciendo definitivamente el nivel de imputaciones del indicador (hace más de un año que las imputaciones no permiten medir realmente el efecto de la inflación en Chile), las medidas desinflacionarias deberían prevalecer sobre las deflacionarias.
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