El dato que nos falta
En 2020, Chile tenía cerca de 25 mil hectáreas plantadas con avellano europeo. Cuatro años después, la superficie llegó a casi 50 mil hectáreas, prácticamente el doble según cifras de Odepa, y si lo llevamos al volumen producido tenemos que en 2025 la producción superó las 120.000 toneladas, lo que representa el doble respecto al año anterior.
Ese crecimiento fue una sorpresa tanto para el sector público como para la industria. Esta expansión fue, y sigue siendo, invisible ya que la obligación de registrarse ante el SAG rige sólo para los huertos en producción que exportan, no así para aquellos que están plantados y en vías de desarrollo.
El resultado es que sabemos con precisión cuántas avellanas se exportaron la temporada pasada, pero no sabemos con la misma precisión cuánta superficie nueva se está plantando este año, en qué zonas, con qué material vegetal, ni qué presión fitosanitaria nueva representará eso en las próximas temporadas, y por tanto, cómo nos preparamos como servicio sanitario para los desafíos de que nos depara el futuro.
Registrar para anticipar, no para controlar
La solución no requiere inventar nada. Cruzando la cordillera tenemos la experiencia de Argentina, que resolvió este problema hace casi tres décadas con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), que el Senasa administra desde 1997 y cuya inscripción es obligatoria y gratuita para todo productor agrícola, ganadero o forestal, exporte o no. Ese vínculo entre productor, predio y producción le permite a Argentina priorizar su fiscalización según el riesgo real de cada territorio, responder con mayor velocidad ante una emergencia fitozoosanitaria y diseñar política pública con datos actualizados de todo el universo productivo, no solo del segmento exportador.
En Chile, el registro equivalente es el Sistema de Registro Agrícola (SRA), obligatorio únicamente para productores de vegetales de exportación y para los establecimientos que ya cubren normas específicas. El resto del universo productivo entra al radar del Estado recién cuando exporta, cuando enfrenta una emergencia o, en el peor de los casos, cuando ya es tarde para prevenir. Para las actividades pecuarias existe el denominado Rol Único Pecuario (RUP), que es un registro que otorga el SAG, pero existen diversas actividades animales de menor escala que no cuentan con RUP y que incluso postulan y se adjudican ayudas del Estado sin siquiera cumplir con este requisito básico.
Un registro obligatorio y universal no debe considerarse una carga administrativa adicional, sino como una inversión en la infraestructura de datos más básica que necesita un sistema sanitario que se define a sí mismo como orientado a la priorización basada en riesgo. No es posible priorizar lo que no se conoce.
La propia Argentina acaba de recordarnos que un registro no se resuelve con la sola inscripción: en julio de este año el Senasa debió ordenar la actualización obligatoria del Renspa a nivel nacional, porque los registros sin actualización periódica terminan degradando la trazabilidad y la planificación sanitaria.
Por su parte, España enfrentó una versión continental del mismo problema, ya que durante años no fue claro si la normativa europea de higiene alimentaria regía sobre la producción primaria agrícola, hasta que la crisis del E. coli de 2011, atribuida erróneamente al pepino español, reveló ese vacío. La respuesta fue crear en 2015 un registro nacional de explotaciones agrícolas cuyo diseño resulta especialmente útil para Chile, ya que es el agricultor quien lo completa en el mismo trámite en el que solicita las ayudas agrícolas de la Unión Europea, y esos mismos datos son la base con la que cada año se diseña el programa nacional de fiscalización según riesgo.
Ambos casos muestran que el bajo costo de cumplimiento no es una aspiración, sino una decisión de diseño: apoyar el registro en trámites o intervenciones que el productor y el Servicio ya realizan, en lugar de crear una obligación aislada.
Una tarea que se construye junto al sector
Levantar este registro no es algo que el SAG pueda ni deba hacer solo: los gremios, las asociaciones de productores y el mundo académico cuentan con información y presencia territorial que el Estado muchas veces no tiene. Un registro diseñado en conjunto, con bajo costo, apoyo a los pequeños agricultores para cumplir con él y beneficios concretos para quien se inscribe, como acceso prioritario a asistencia técnica o a apoyo en emergencias, tiene muchas más posibilidades de ser adoptado que uno impuesto exclusivamente desde la fiscalización.
El avellano nos mostró la brecha. La próxima especie que crezca así de rápido, y seguro la habrá, nos dará la oportunidad de decidir si volvemos a enterarnos tarde, o si por fin construimos el dato que nos permita anticiparnos.