El fantasma pendiente en el acuerdo Codelco-SQM
El acuerdo entre Codelco y SQM se presenta como un paso estratégico en la política nacional del litio, un recurso clave para el desarrollo económico basado en la innovación y la sustentabilidad. Sin embargo, arrastra un riesgo que puede socavar su viabilidad: la investigación abierta por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos sobre SQM. Esta situación no es solo un trámite regulatorio, sino un desafío que cuestiona la coherencia entre la gestión pública y los principios de buena gobernanza.
Desde una perspectiva de teoría económica, este caso ejemplifica los problemas derivados de la asimetría de información y las externalidades negativas en las relaciones público-privadas. La información incompleta o sesgada sobre el historial ético de SQM dificulta que el Estado tome decisiones óptimas, mientras que los riesgos reputacionales y regulatorios implican costos sociales y políticos que no siempre se internalizan en el acuerdo. En términos de teoría de contratos, firmar un acuerdo sin resolver la investigación implica una falta de mecanismos efectivos para mitigar riesgos futuros, afectando la credibilidad institucional y la confianza social, que son insumos esenciales para el desarrollo sostenible.
SQM no llega a esta negociación desde cero. Su historial incluye financiamiento irregular de la política chilena, sanciones por prácticas corruptas y multas locales, configurando un patrón que no se puede entender como un accidente aislado sino como una falla institucional que debe ser corregida antes de avanzar.
Las declaraciones recientes que restan importancia a este contexto sugieren un trato complaciente que beneficia a SQM pero que puede dañar la imagen y legitimidad de Codelco y el Estado. Firmar el acuerdo con una investigación vigente envía una señal confusa, compatible con la teoría de la agencia: el Estado, como principal delegante, correría el riesgo de ser afectado por las acciones oportunistas de un socio privado bajo escrutinio, sin mecanismos claros de control y sanción.
En la lógica del desarrollo económico, el litio es una oportunidad para promover un modelo de crecimiento inclusivo y sustentable, que requiere no solo recursos naturales, sino también capital social y ético. Por ello, la norma debe ser un estándar alto de transparencia y responsabilidad, elementos clave para la legitimidad institucional y para atraer inversión con bajo riesgo país.
Persistir en avanzar sin resolver la investigación implica externalizar a la sociedad el costo de la incertidumbre, reduciendo la confianza ciudadana y afectando la capacidad del Estado para conducir políticas públicas efectivas. Desde la teoría de las instituciones, se sabe que sin legitimidad y confianza, los recursos públicos se gestionan con ineficiencias y generan menor bienestar social.
En conclusión, enfrentar el "fantasma" de la investigación no es solo un imperativo ético, sino una condición para sostener políticamente y económicamente un acuerdo que pretende ser un pilar del desarrollo nacional. Ignorar este aspecto es arriesgar que un recurso estratégico se convierta en un pasivo social y económico.
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