Contraloría y el acuerdo Codelco-SQM: el valor de hacer las cosas bien

Diego del Barrio Vásquez

Ultimos publicados:

• En septiembre canta el gallo
• Telepathic Sonora: cuando el desarrollo chileno pide un nuevo riff
• Codelco y el litio: ¿Maximizar el patrimonio o defender Chile?

El acuerdo conformado entre Codelco y SQM para la gestión y exploración de litio en el Salar de Atacama ejemplifica un escenario donde la administración pública de recursos estratégicos requiere, además de una formulación económica eficiente, un control institucional riguroso que asegure la legitimidad de las decisiones. Desde la perspectiva de la economía pública, la existencia de mecanismos de control, como la auditoría y revisión de contratos por parte de la Contraloría, actúa como un filtro para evitar fallas de mercado derivadas de asimetrías de información, conflictos de interés o decisiones tomadas en condiciones no transparentes.

La gestión eficiente de los recursos naturales no renovables, como el litio, requiere de un enfoque dual: maximización del valor económico en el corto plazo y protección de intereses sociales y ambientales en el largo. La revisión exhaustiva de los actos administrativos y contratos por parte de la Contraloría se alinea con estos principios, ya que contribuye a blindar jurídicamente el proceso, evitar nulidades y promover decisiones públicas sustentadas en la legalidad, una condición imprescindible para la sostenibilidad institucional de la gestión pública.

Desde la teoría de la gestión pública, la institucionalidad sólida y la transparencia en la toma de decisiones reflejan una responsabilidad social y un compromiso con el bienestar común. La estructura del acuerdo -que implica una participación significativa del Estado y la colaboración con actores privados- requiere, por tanto, de un control riguroso que garantice que las decisiones se ajusten a los criterios de eficiencia, legalidad y equidad, coherentes con las prioridades de desarrollo del país.

Por último, la importancia de que estos procesos sean sometidos a revisión y control no debe entenderse como una traba burocrática, sino como una condición sine qua non para fortalecer la gobernanza, reducir riesgos de corrupción y asegurar la generación de beneficios económicos y sociales legítimos y duraderos. La institucionalidad fuerte y transparente no solo favorece la confianza pública, sino que también añade valor a los recursos naturales estratégicos en la dirección de un desarrollo económico sostenible y responsable.

Este enfoque, desde una visión de gestión basada en principios económicos y jurídicos, enriquece la discusión y subraya la relevancia de la participación activa de la Contraloría como garante de la calidad y legitimidad de las decisiones públicas en la gestión de recursos críticos para Chile.