Pirotecnia electoral

Daniel Rebolledo Di Girolamo

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A principios de octubre, el Presidente Gabriel Boric anunció el envío de una reforma constitucional que permitiría al Ejecutivo desplegar a las Fuerzas Armadas en las fronteras sin tener que necesariamente solicitar la autorización del Congreso. Una iniciativa que, si bien en un inicio levantó dudas dentro de las filas del propio oficialismo, rápidamente fue apoyada por los voceros de sus partidos.

Sin embargo, más allá de la novedad que significa que el Gobierno no esté obligado a un examen periódico en estas materias, lo cierto es que el proyecto de ley es en realidad un anuncio vacío. Este último no entrega ni al Estado ni a las Fuerzas Armadas atribuciones o herramientas adicionales a las que ya existen en la legislación vigente.

Cabe recordar que desde el año 2023, el Presidente de la República cuenta con la atribución constitucional de desplegar a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país. Potestad que incluye explícitamente el resguardo de las zonas fronterizas.

En cumplimiento de dicha norma, el mismo año se dictó un Decreto con Fuerza de Ley que autoriza a los militares, dentro de las áreas fronterizas designadas, a controlar la identidad de las personas, registrar sus vestimentas, equipajes y vehículos, detener en casos de flagrancia y colaborar con las policías en el control migratorio y en la fiscalización de la estadía de extranjeros en el país.

En concreto, el contenido del proyecto de ley enviado recientemente por el Ejecutivo ya se encuentra vigente en nuestra legislación. Lo único que cambia es el control de su aplicación: el Congreso dejaría de tener la obligación de aprobar periódicamente las prórrogas del despliegue, y solo podría revocarlas si estas se examinan, a petición de un tercio de sus miembros, para posteriormente rechazarse por mayoría simple.

En este sentido, no hay ningún cambio sustancial y, por si fuera poco, se sigue profundizando una dinámica que es cada vez más común en nuestro país, en donde herramientas que fueron pensadas para ejercerse de manera temporal, se transforman de facto en permanentes. Así ha ocurrido con los estados de excepción en la Macrozona Sur, vigentes desde mayo de 2022, y ahora el gobierno pretende hacer lo mismo con la presencia militar en el norte.

A partir de este escenario, podemos afirmar que las Fuerzas Armadas se encuentran en el peor de los dos mundos: por un lado, se les exige cumplir un rol en el control fronterizo, como si fuera parte de sus funciones orgánicas, pero, por otro lado, no se les entregan las atribuciones necesarias para desarrollar dicha función a cabalidad.

Se les exige controlar las fronteras, pero sin estructura, formación ni respaldo institucional para ello. Se les exige enfrentar fenómenos complejos -como el narcotráfico, la trata de personas o la migración irregular- sin contar con los instrumentos legales ni operativos adecuados. En la práctica, se las expone a una tarea policial sin la preparación para aquello.

Mientras tanto, el verdadero problema sigue sin resolverse. Chile no cuenta con una institución encargada exclusivamente de la seguridad y vigilancia de su frontera terrestre. El rol que hoy cumple el Ejército en esa materia es limitado, ya que la ley lo establece como una colaboración y no como una función principal. Es por esto que, si el Estado quiere mantener de forma indefinida la presencia militar en las zonas limítrofes, se hace necesario discutir la posibilidad de crear una estructura permanente de resguardo fronterizo dentro del Ejército, con doctrina, presupuesto, personal y objetivos claros. Algo equivalente a lo que hace la Armada, a través de la Directemar, en el control de nuestra frontera marítima desde hace más de setenta años.

Pero, para avanzar en esa dirección, no basta con anuncios ni reformas simbólicas. Se requiere una estrategia integral que asigne recursos, aumente la dotación, defina planes de capacitación específicos y establezca mecanismos de control interno. Eso sería verdaderamente fortalecer la seguridad fronteriza.

En contraste, el proyecto presentado por el Ejecutivo solo apunta a modificaciones superficiales y no mejora la capacidad operativa del Estado. Por eso, más que una reforma, lo que el gobierno ha propuesto es tan solo pirotecnia. Una medida claramente diseñada para deslumbrar y meter ruido en tiempos de elecciones, pero que, al poco tiempo, desaparecerá sin haber tenido impacto alguno.