El piso social de las reformas laborales

Pablo Chacón Cancino

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Las protestas sociales de 2019 destaparon un malestar ciudadano acumulado por años. Las demandas estructurales ahí expresadas derivaron en los dos procesos constituyentes que fracasaron. No obstante, los anhelos concretos de mejora en la vida cotidiana no desaparecieron. Se mantuvieron en el debate público y muchos encontraron eco en el programa del Presidente Gabriel Boric. Entre ellos, reformas laborales y sociales de gran calado: la reducción de la jornada a 40 horas, una reforma previsional largamente postergada, un alza significativa del salario mínimo, entre otras.

Esas demandas se transformaron en leyes muy esperadas y, hoy, ampliamente valoradas. Son políticas fruto de creer en el diálogo social tripartito y de mantener la responsabilidad fiscal. Esto convierte a estas reformas en parte del patrimonio político del país. Nuestro sistema político, tantas veces criticado, ha sido capaz de alcanzar acuerdos en aspectos esenciales y concretos, mejorando la vida de las personas. Todo chileno se va a beneficiar de trabajar menos horas para compartir más con la familia, de que el trabajo sea retribuido de manera más justa y de poder acceder a pensiones más dignas que reflejen el esfuerzo de toda una vida.

Ningún cambio es inocuo. Ninguna reforma laboral anterior careció de cuestionamientos. Los efectos y beneficios de nuestros avances recientes aún no se perciben completamente, pero su materialización ha dado coherencia a la política pública y ha revalorizado a los trabajadores como actores del progreso nacional. El corolario humano de estas reformas es ineludible: como sociedad no podemos olvidar que el trabajo es fuente de realización personal y de cohesión social. Por lo tanto, Chile puede y debe reconocer el valor de lo que las personas hacen; trabajar y aportar al progreso común.

Las reformas recientes tendrán tiempo y espacio para demostrar que han sido una respuesta consensuada para un país que se vio marcado por el descontento y la precariedad. Aceptar esto no obsta lo avanzado anteriormente, ni significa que todo está resuelto. El futuro nos demanda seguir creciendo, innovando y produciendo. Desarrollarnos es una meta central para Chile. En esa senda, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores era indispensable, como lo reconocen incluso quienes no comparten lo que se ha hecho. Para entenderlo, basta con imaginar como sería Chile de mantener un salario mínimo de 350 mil pesos, con jornadas laborales de 45 horas, o con pensiones que no subirán.

Por eso, ante las críticas de algunos economistas sobre los efectos de estas reformas, es clave incorporar la cohesión social como variable central en cualquier análisis. No solo es un asunto técnico: es moral y, por ende, político. No podemos olvidar que la sostenibilidad de las políticas públicas depende de la legitimidad social que generen.

Hoy, nuestra economía muestra signos de recuperación y mantenemos a raya la informalidad laboral. Persisten, sí, brechas importantes, como las de género. Aun así, no podemos obviar la importancia de hitos como la ratificación del Convenio 190 de la OIT y la Ley Karin, que fortalecen la protección frente a la violencia y el acoso laboral.

En paralelo, hemos avanzado en mejorar las condiciones para que quienes crean el empleo, el sector privado, se sumen a la apuesta por un Chile más próspero y justo. Hemos aprobado medidas como el proyecto de ley que agiliza la tramitación de inversiones sin sacrificar estándares socioambientales. Con este avance se dan mejores condiciones para conversar sobre empleo, inversión y productividad. Las reformas actuales no impiden que continuemos dialogando sobre cómo y para quiénes crecemos. Para tales desafíos es que nos hemos dotado de un piso social mucho más sólido sobre el cual construir.

Con todo, hay que ser tajantes: el empleo que Chile necesita es formal, con contrato, seguridad laboral y protección social. Es decir, trabajo decente. No podemos retroceder en estas conquistas. Antes quizás hizo sentido creer que la cantidad y la calidad del empleo pueden ser cualidades mutuamente excluyentes. Con el tiempo nuestra sociedad nos demandó ir un paso más allá: generar empleo, claro que sí; generar empleo digno y con derechos, todavía más.