El populismo "por una sola vez"
Durante las últimas semanas se ha extendido una peste que es difícil de extirpar, porque resurge con la mutación del virus: el ofrecer beneficios a la población escondiendo los costos que tendría para la misma comunidad.
No se trata de demandas del estilo del petitorio de la CONFECH, cuyo contenido es una pretensión que solo pueden tomarla en serio algunos estudiantes despistados.
Se puede partir por algo insólito, como es la propuesta de la AFP UNO, de permitir a los imponentes retirar hasta el 5% de sus ahorros previsionales para gastos provocados por la actual pandemia. Lo sorprendente es que se trata de una institución que busca mejorar las pensiones de sus asociados cuando se retiren de la vida laboral (¡!).
Lo cuestionable es que se sumaron a esta idea varios parlamentarios con mentalidades de jugadores de poker subiendo la apuesta al 10% y, lo más grave, cuando se discute en el Parlamento una mejoría de las jubilaciones. Pero, la justificación es que sería “por una sola vez”, dadas las circunstancias de la crisis porque atraviesa el país.
La discusión de la Reforma de la Constitución ha sido otro motivo para incentivar las propuestas populistas, como es el caso de flexibilizar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto fiscal, permitiendo que en ocasiones excepcionales, como sería la actual crisis (¡y “por una sola vez”!), se flexibilice este privilegio.
Este cambio significaría un retroceso serio en el gran avance que ha tenido el país en el ordenamiento de las finanzas públicas y la estabilidad financiera, a partir de la legislación aprobada a propuesta del Presidente Frei Montalva, que impidió muchas iniciativas parlamentarias que generaban excesivos desembolsos estatales, con el entusiasta respaldo de muchos votantes favorecidos. Esa era una de las causas de la alta inflación de esa época.
Otro tema de debate ha sido el apoyo gubernamental a las grandes empresas que pasan por dificultades financieras a causa de la crisis, bajo el argumento ¿porqué se apoya a las pymes y no también a nosotros?
A pesar de la evidencia que los recursos fiscales son limitados y hay que priorizarlos, se ha propuesto que sean créditos fiscales a largo plazo, con amortizaciones después de superada la contingencia económica.
El ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés ha señalado que esta ayuda debiera traducirse en la compra de acciones emitidas por las empresas en dificultades, con la posterior venta después de su recuperación futura de la firma, de manera tal que la ganancia en algunos casos compense las pérdidas de otras que no sobrevirían.
Enrique Marshall ha expresado que “para justificar y darle legitimidad a una intervención, aduciendo un interés superior del país, se debe hacer que los propietarios asuman su responsabilidad. O sea, una cosa es rescatar a las empresas y otra rescatar a sus propietarios”.
Otros especialistas de derecha y cercanos al neoliberalismo, argumentan en forma solapada y en otros casos con franqueza, que ven la posibilidad que las empresas apoyadas terminen estatizadas, inaceptable para ellos.
También tiene interés la idea de algunos senadores de Oposición, que para financiar el necesario incremento del gasto fiscal provocado por la crisis, se permita al Fisco vender bonos al Banco Central (“por una sola vez”), lo cual no está constitucionalmente permitido, sino en casos de guerra.
Si se aprobaran estas facultades excepcionales, como se dice habitualmente, “llegarían para quedarse”, especialmente si se inician por iniciativa gubernamental, lo cual podría dar rigen para que otros congresales “se suban por el chorro”, como está sucediendo con lamentable frecuencia, en especial en periodos pre eleccionarios o en la búsqueda de mejorar el pobre respaldo que tienen los parlamentarios.
En los últimos quinquenios se han debilitado una serie de logros y de valores que costó mucho incorporarlos a la cultura nacional y que contribuyeron a los grandes avances que Chile consiguió después de la Dictadura, tales como la paz social; el respeto a la Constitución y las leyes; la disciplina ciudadana; el reconocimiento que los esfuerzos propios son la principal fuente de progreso; la solidaridad como factor esencial para lograr mayor equidad; la aceptación que se deben establecer prioridades entre las diferentes metas sociales, porque los recursos del país son limitados y la aceptación que los derechos conllevan obligaciones muchas veces dolorosas.
Cuando esos valores pierden primacía y le llega a una sociedad en que abundan los derechos pero se ignoran las obligaciones; en que las manifestaciones públicas no pueden regularse; en que no existiera la escasez de los recursos del país y que se deben establecer prioridades para su uso y en que el rigor ciudadano ha sido abandonado, Chile cae en la creciente mediocridad que ha experimentado en el último decenio, con las consecuencias en la desigualdad y el abuso existente.
En síntesis, estamos cercanos a repetir la evidencia descrita por Aníbal Pinto, “Chile, un caso de desarrollo frustrado”.
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