Estrategias para disminuir la informalidad en el agro: ¿Incentivo o exclusión?
Es reconocido que uno de los problemas estructurales que enfrenta la pequeña agricultura en Chile son sus altos niveles de informalidad. Esta situación no responde necesariamente a una falta de voluntad, sino a barreras concretas. La mayoría de los pequeños agricultores son personas de edad avanzada, con un bajo nivel de educación formal y escasos activos. Este perfil de productor percibe la formalización tributaria y contable como compleja, costosa y poco accesible. Más importante aún, existe una profunda desconfianza hacia las instituciones públicas, temor a un exceso de fiscalización y miedo a perder beneficios sociales una vez en la economía formal.
Las consecuencias de mantenerse en la informalidad son severas y limitan el desarrollo del sector. Al no contar con inicio de actividades ni registros contables, los agricultores quedan marginados del sistema financiero formal y de la banca de empresas, lo que limita su capacidad de acceso a recursos para inversión en tecnología, maquinaria y mejores sistemas de producción.
No obstante, el impacto más grave se observa en la comercialización. Estar fuera del circuito formal frena a los agricultores a la hora de vender de forma directa a grandes compradores, como cadenas de supermercados o la agroindustria, los cuales exigen facturación e inocuidad. Al carecer de acceso directo a los mercados y no contar con organizaciones asociativas fuertes, los campesinos quedan atrapados en la dependencia de intermediarios y mayoristas. Son estos intermediarios quienes compran las cosechas a la puerta del predio a precios bajos y capturan la mayor parte del margen de ganancia, dejando al agricultor con ingresos reducidos en relación con el precio de venta final de sus productos, apenas cubriendo sus costos.
Por todas estas limitantes, es comprensible que desde el sector público se piense en medidas para aumentar la formalización en la agricultura. La más reciente: el Instituto de Desarrollo Agropecuario lanzó la campaña "Sigamos Cultivando Juntos", a través de la cual difunde que, a partir del 1 de julio pasado, la institución tiene la obligación de verificar la situación de sus beneficiarios ante el Servicio de Impuestos Internos. Si bien desde el Indap han sido enfáticos en clarificar que esto no supone un registro automático ante el SII, se reconoce que aquellos agricultores que realizan ventas tienen que hacerlo: los que vendan menos de 5 UTM mensuales, por medio del Registro de Actividades de Subsistencia, que es un trámite simplificado y gratuito; aquellos con ventas superiores deben iniciar actividades por los canales habituales del SII.
Este es un cambio muy relevante, porque hasta ahora no existía una conexión tan directa entre el Indap y el SII; y si bien se establecen excepciones o simplificaciones, son solo para agricultores de subsistencia o que venden montos mensuales notoriamente por debajo del salario mínimo. Por tanto, cabe preguntarse qué es lo que finalmente se está incentivando con este modelo y qué agricultores en los hechos se excluirán de los programas del Indap, o se verán desmotivados para crecer.
Para resolver el problema de la informalidad, la respuesta del Estado no puede limitarse a aumentar las fiscalizaciones o imponer exigencias burocráticas. Se requiere un enfoque adaptado a la realidad del campo mediante esquemas tributarios simplificados de mayor cobertura y que no desincentiven el crecimiento, acompañamiento técnico en gestión, fomento a la comercialización directa y apoyo efectivo a la asociatividad. Facilitar la transición hacia la formalidad es imprescindible para que los pequeños agricultores accedan a mercados de mayor valor, reciban un pago justo por sus productos y logren una viabilidad económica de largo plazo, pero debe hacerse calibrando con mucha atención los incentivos que se generan.