La alerta de la Clínica Dávila

Carlos Arrue

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El empresariado, junto con el gobierno, se encuentra en campaña para hacer inefectiva la Reforma Laboral y deslegitimarla ante los trabajadores. Mediante un conjunto de medidas rebuscadas e ilegales, pero efectivas, prepara el terreno para un cambio legal que pretenden construir a partir de los cuestionamientos de los propios trabajadores sobre la eficacia de la huelga y la negociación colectiva.  

A partir de diversas huelgas que se han producido en las últimas semanas, en particular la de la Clínica Dávila, hay una conducta del empleador que evidencia su disposición a aguantar la paralización para forzar nuevos parámetros en la negociación colectiva y el derecho a huelga, en detrimento de los sindicatos.

Hemos visto reiterados incumplimientos a la legislación laboral, en concreto mediante reemplazos, que dificultan la eficacia de la huelga. Junto con ello, se apuesta a la demora en la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo (DT) y a la aplicación de medidas inútiles debido a que una vez constatados los reemplazos, el empleador cesa en tal conducta para posteriormente, continuar reemplazando una vez recibida la reprimenda de la Inspección. 

Adicionalmente, se han observado varias “últimas ofertas” por parte de los empleadores, que abiertamente vulneran el espíritu de la legislación al ofrecer menos que la primera oferta y/o estar por debajo del piso, como el caso de la Clínica Dávila que ofreció un “reajuste” de 0% por dos años en un momento. 

Esto, es una burla inaceptable toda vez que tanto las normas internacionales como nuestra propia legislación, poseen principios claros en el ámbito laboral que ahora se pretenden violar mediante la constatación de “vacíos” que están siendo interpretados como un espacio para el caos y el dejar hacer.

Es eso lo que está ocurriendo hoy y la reacción que se persigue es de cuestionamiento y de rechazo a la Reforma Laboral, no con el objetivo de mejorar la posición de los trabajadores, sino con el de debilitar la negociación colectiva y hacer ineficaz el derecho a huelga e inútil la acción sindical. Todo ello con el propósito de socavar las bases mismas del sindicalismo. 

Esto quedó de manifiesto con el dictamen de la DT del viernes 27 de julio, que reconoce a los grupos negociadores. Este pronunciamiento, dio un giro de 180º en relación a lo previamente establecido por dicho servicio y fue precisamente éste, uno de los elementos claves en el diseño de la Reforma Laboral a propósito de la titularidad sindical. 

Con toda seguridad, estimo que la DT prepara un nuevo dictamen para aprisionar aun más la negociación colectiva y limitar el derecho a huelga y sentar de este modo, las condiciones para un nuevo proyecto de ley que, bajo el argumento de corregir la ineficacia de la huelga, termine probablemente eliminando la titularidad sindical, entre otras cosas. 

Esta situación producirá un par de efectos relevantes. El primero, empeorará la distribución de la riqueza y asegurará para los grandes capitales de este país, una mayor rentabilidad de sus negocios sobre la base de un menor costo en la contratación de mano de obra.

Un segundo efecto previsible, será la precarización en el empleo y, por ende, un menoscabo en la calidad del trabajo. 

Lo que se ha generado entonces, es una alerta una de cuyas respuestas puede ser la de poner en marcha, mediante potentes señales del mundo político, un debate tripartito entre empleadores, trabajadores y gobierno. Solo depender del gobierno, cuyo papel en esta situación es de falso mediador, va a terminar perjudicando a los trabajadores, como se ha visto. 

Por tanto, sentar a las partes y acordar el modo en que la negociación colectiva se realice, es un imperativo político, económico y social para no continuar a merced de un puñado de ricos capitalistas que, parafraseando a Camilo Escalona, están actuando como unos chupasangre.