La izquierda libertaria y la irresponsabilidad de la clase política parlamentaria

El llamado de la izquierda, consensuado por casi todo el espectro político al retiro de los fondos de pensiones, bajo el argumento de la libertad individual y la contingencia presente, pasará a la historia como la mayor reivindicación de las tesis libertarias minarquistas que se conozca en política pública. Ni el más ferviente seguidor de Milton Friedman (ni él mismo me atrevería a decir), ni José Piñera, propondrían un sistema de seguridad social, donde el aporte individual esté exento de restricciones interporales. En vistas a compensar la natural tendencia humana a sobrevalorar el presente por sobre el futuro, anteponiendo las motivaciones egoístas a un principio de justicia imparcial y benevolente.

En efecto, el modelo chileno que iba desde el año 2008, en dirección de incorporar mecanismos de solidaridad y aportes fiscales, hoy ha sido sacrificado con una mirada infantil de la política pública.

Las raíces del estado de bienestar que nacen en la Escocia del siglo XVIII y heredan mentes brillantes del s. XIX, léase J. Bentham, Mill (James y John Stuart) y que llegó a Chile a través de Andrés Bello o Mariano Egaña impulsaron la promoción de un derecho liberal donde la responsabilidad es parte sustantiva de la defensa republicana de la igualdad. Esta filosofía legal que inspiró el lento y paulatino andamiaje del Estado chileno, aún debiera inspirar la manera de entender un sistema político que persigue mejorar la condición de los más desfavorecidos. Pero, también, la directriz de todo proceso de reformas que a través de los años adapta los sistemas legales y políticos a las nuevas necesidades de los tiempos.

Nuestro sistema también tiene una larga historia como lo muestra Luis H. Vargas en un informe de la CEPAL (2018).

El sistema de pensiones se inaugura en Chile en 1924, con reformas en 1952 y 1980. El primero inspirado en el sistema de seguridad social Bismarckiano (Castiglioni, 2000), cuya cobertura de forma fragmentada y estratificada a través de concesiones estatales hacia grupos de presión (Mesa-Lago, 1989).

El sistema que comenzó en 1952 estaba organizado en alrededor de 35 Cajas de Previsión Social, las cuales eran entidades semipúblicas encargadas de administrar las contribuciones previsionales provenientes de los trabajadores, empleadores y del Estado.

La Misión Klein Saks constata que “la desigualdad en los beneficios refleja la presión de pequeños grupos que han logrado la aprobación de miles de leyes modificatorias a la legislación original” (Misión Klein y Saks, 1958, p. 3).

En efecto, Mesa-Lago (1978) muestra que las pensiones más altas eran pagadas a los miembros de las Fuerzas Armadas, seguidos por los empleados profesionales, funcionarios públicos y empleados obreros en la base. Durante el gobierno de Frei las reformas fueron postergadas, mientras que Allende se orientó por aumentar los valores nominales de las pensiones, incrementando la cobertura de los trabajadores independientes.

En este contexto, Arellano (1981 y 1985) sostiene que las primeras modificaciones previsionales adoptadas por el régimen militar, se enfocaron en reducir los privilegios y unificar un sistema de pensiones que estaba compuesto por 35 cajas previsionales, 150 programas y más de 2.000 textos normativos diferentes (Foxley, Aninat y Arellano, 1980).

En el periodo que precede la reforma neoliberal de José Piñera, se dieron fuertes devaluaciones. Esta reforma se inspira en el principio de subsidiariedad del Estado, la reducción del principio de solidaridad social y la eliminación del impuesto a la seguridad social que era pagado por los empleadores (Borzutzky, 2002).

La reforma previsional de 1980 pretendía disminuir el rol y los costos asociados a la participación del Estado en la administración y pago de pensiones.

Por otra parte, el nuevo sistema concibe una centralidad en la responsabilidad individual para generar ahorros suficientes para la vejez. Lo que derivó por cierto en serios problemas en cobertura, brechas de género, etc.

La Reforma Previsional del 2008 significó un hito en la historia previsional reciente, debido al retorno gradual del Estado en la creación de un nuevo Sistema de Pensiones Solidarias. La Reforma Previsional del 2008 ha sido la más importante y significativa desde la privatización del sistema de pensiones en términos de avances hacia el logro de resultados universalistas (Vargas 2018).

En este contexto, el retiro del 10% va en la dirección contraria de la utilidad pública. Tampoco está inspirada en los principios de la reforma de 1980, ya que el Estado asumirá  los costos de aquellos miembros que han quedado sin fondos, contrariando las reformas del 2008. Lo que tendrá efectos en la deuda futura.

En definitiva, sólo la inspira un principio egoísta e irresponsable. No es de extrañar que sus impulsores, la clase parlamentaria, ahora vayan por el gran latrocinio. Capturar los fondos de quienes no los retiraron, justificado por alguna falacia ad hoc y eslogan dócil a las redes sociales.

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