Las familias chilenas no pueden seguir esperando
Nuestro país necesita una respuesta urgente ante la crisis de empleo y de ingresos que se vive diariamente en todo el país. En medio de una reprochable naturalización de los efectos de la pandemia, el Gobierno insiste en su discurso normalizador, a pesar de que, en términos de cifras, nada indica que esto vaya mejorando.
Como si fuera poco, la normalización productiva en curso, en el mejor de los casos, se alcanzará más bien a fines de año, que al inicio del segundo semestre, pero la recuperación del empleo y de los ingresos de muchas familias, tomará mucho más tiempo.
Actualmente, la suma de personas que buscan trabajo, y dramáticamente, sin encontrarlo o bien que están disponibles para trabajar, alcanzó a 2,3 millones de personas en el cuarto trimestre de 2020, según las últimas cifras disponibles.
Para volver a alcanzar el nivel de ocupación del primer trimestre de 2020, se requiere crear un millón de empleos adicionales y si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año del último quinquenio (200 mil empleos en 2017), se necesitaría 5 años a partir de 2021 para recuperar los puestos de trabajo perdidos hasta noviembre de 2020. Si el ritmo fuera el del año menos dinámico (100 mil empleos en 2016), se necesitarían 10 años para recorrer el mismo camino.
En este escenario, la recuperación del empleo dependerá, en gran medida, de la magnitud de la reactivación de la demanda interna y externa y de la dimensión de las políticas de emergencia, que dicho sea de paso, este gobierno ha utilizado de manera tardía e insuficiente.
Existe un fondo presupuestario de dos mil millones de dólares para financiar un total de 1,3 millones de subsidios al empleo. La última información indica que se han otorgado solo cerca de 500 mil subsidios para nuevas contrataciones o para reactivar los contratos suspendidos, actualmente financiados por los y las trabajadoras, es decir, a través de las cuentas individuales del seguro de cesantía.
Este número no hace sino confirmar que las empresas necesitan una perspectiva relativamente cierta de ventas antes de emplear a alguien adicional o de reactivar contratos. De la misma manera, las y los trabajadores desempleados y sus familias deberán enfrentar unos meses de angustia y falta de seguridad básica para obtener su sustento. Ante este difícil panorama, la indiferencia y la sobre ideologización neoliberal del gobierno, simplemente no estará a la altura de las circunstancias.
Hoy se hace imprescindible, en primer lugar, aumentar, a través de una ley de emergencia, de 45% a 70% los pagos adicionales por subsidio de cesantía de la remuneración promedio de los últimos 12 meses de las y los trabajadores cesantes, con un valor máximo de $500 mil pesos y uno mínimo de $250.000.
Su vigencia debiese ser al menos hasta junio de 2021, prorrogable en tanto se cumplan requisitos de búsqueda de empleo o de capacitación. El Fondo de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario sumaron 12 mil millones de dólares a fines de enero, de los cuales el segundo suma cerca de 3,6 mil millones. No tiene sentido apozar esos recursos. Deben emplearse ahora. Las y los beneficiarios fueron menos de 400 mil en octubre pasado, según el último dato que ha publicado el gobierno.
Adicionalmente, es imprescindible que el Ingreso Familiar de Emergencia se amplíe de 5,3 a 8 millones de personas en marzo y abril y que pase del monto de 25 a 100 mil pesos por persona previsto por el gobierno, hasta un equivalente a la línea de pobreza (370 mil pesos para una familia de tres personas y 450 mil pesos para una de cuatro personas). La reactivación parcial del Ingreso Familiar de Emergencia, según la declaración sanitaria previa de las comunas, no tiene ninguna racionalidad y está dejando a muchas familias otra vez en la indefensión.
Esta es una situación que obliga a muchas personas a salir a trabajar en todo tipo de empleos informales que implican desplazamientos y aglomeraciones y que alimentan una segunda ola que traerá consecuencias imprevisibles para la población, además de dificultar el logro de una baja de contagios y muertes por COVID-19 antes que la vacunación masiva se logre y produzca sus efectos, lo que a todas luces resulta fundamental.
El costo mensual de esta medida es de 1,3 mil millones de dólares, para lo que debe usarse lo que resta de los 12 mil millones de dólares previstos para la emergencia y emplearse los recursos adicionales provenientes del mayor precio del cobre. Si se requiere de recursos adicionales en caso de prolongación de la crisis de desempleo, se debe acudir más intensamente a las reservas fiscales disponibles (23 mil millones de dólares al 31 de diciembre), ya que parece absurdo guardar reservas en tiempos de la peor crisis de los últimos cien años, según las palabras del mismísimo Presidente de la Republica.
Urge actuar ante la grave situación de emergencia social con mayor rapidez y amplitud que lo que está haciendo el Gobierno. De hecho, todo lo anterior son propuestas que se sitúan en un marco de responsabilidad fiscal en sus fuentes de corto plazo y en el propósito de que un próximo gobierno reestablezca los equilibrios fiscales, con una reforma tributaria que disminuirá la evasión y subirá impuestos directos a los que más tienen.
Se requiere actuar con premura y contundencia para resolver el drama de miles de familias chilenas que hoy no tienen lo suficiente para vivir. El Estado chileno tiene recursos suficientes para paliar la crisis y si no actuamos rápido, el tercer retiro será inevitable y nuevamente cada familia deberá resolver con sus ahorros esta crisis que sí tiene solución.
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