Los presidenciables y el agua

El último debate realizado por ANATEL que reunió el abanico con todos los candidatos presidenciales del espectro político de nuestro país que están en competencia resultó una suerte de entrevista a sus propios egos más que un debate, ya que los “interpeladores” hablaron más que los interpelados.

Sin embargo y luego de escuchar atentamente el debate que en episodios estuvo para el interminable bostezo, en otros se presentó como un “rasquerío” de ataques personales entre unos y otros sin una mirada integral de desarrollo y menos de futuro.

Dicho esto y como humilde observador pude comprobar con cronómetro en mano que entre todos los “honorables” se habló sobre agua en exactamente 45 segundos 12 centésimas, siendo que un asunto tan relevante como la gestión equilibrada del agua a mi entender tiene un sentido fundamental de desarrollo para nuestro país colocándolo entre los “top ten” de temáticas a reformar, igualándolo en su grado de importancia a las pensiones, la educación, la ley reservada del cobre, entre otros tantos problemas que están pendientes.     

Es por esto que la noticia emanada desde el Senado hace algunas semanas  donde por fin se aprobó una de las dos reformas presentadas por el ejecutivo al Código de Aguas en materia de acceso a la información, fiscalización y tipificación de las sanciones fue una gran noticia representando un magnífico avance, ya que dará mayores atribuciones a la institucionalidad como es la Dirección General de Aguas (DGA) del ministerio de Obras Públicas para actuar, incluyendo un aspecto de gran relevancia como es la calidad de las aguas.  

Por tanto hubiese resultado interesante saber cuál es la posición técnica y política de los candidatos y sus equipos programáticos referente a reformar el Código de Aguas en lo referido al  proyecto de ley Boletín 7543-12 que está pendiente su discusión en el Senado pos elecciones, cuyo fin es promover una gestión equilibrada del agua donde se busque modificar el régimen jurídico sobre su uso, pasando del otorgamiento de derechos de aprovechamiento en forma perpetua a concesiones temporales administrativas limitadas a un máximo de 30 años prorrogables, a fin de velar por la sustentabilidad de las fuentes naturales de agua.

Por otra parte se hace necesaria la opinión de cara al país frente a que el uso prioritario del agua será para consumo humano, coherente con haber suscrito como país la declaración de las Naciones Unidas que señala el acceso al agua como un derecho humano, añadiendo a esto el beneficio que tendrán los Sistemas de Agua Potable Rural, los pequeños agricultores, las comunidades indígenas y en general todo usuario para extraer el agua sin solicitar los derechos de aguas siempre y cuando el uso del recurso hídrico sea para un fin de subsistencia o para preservar el ecosistema, evitando el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en glaciares, en áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad y en acuíferos que alimenten vegas, pajonales, humedales y bofedales andinos.

No obstante lo anterior los ciudadanos quedamos expectantes sobre cuáles serán las directrices de gobernabilidad que pretenden los candidatos definir en materia de los recursos hídricos, ya que no por casualidad seguimos ostentado el título de ser el único país del planeta que tiene privatizada sus aguas, que claramente van en beneficio de unos pocos capaces de transformar un bien natural en un bien mercantil en perjuicio de los más necesitados y del medioambiente. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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