Los trabajadores no somos "carne de cañón"
En las últimas semanas hemos visto cómo desde el gobierno se han desplegado una serie de propuestas con las que dicen buscar “fortalecer la economía y proteger los empleos”. Pero con estas medidas solo se “beneficia” a un sector de las personas con trabajos formales, ya que hay un grupo importante de trabajadores que no se encuentran afiliados al seguro de cesantía por tener contratos mayores a los 11 años.
En los planes económicos del gobierno no son considerados de forma plena las y los trabajadores independientes y los informales, quienes tienen un escenario mucho peor.
A los casi tres millones de personas que son parte de este grupo, el gobierno destinó la entrega de un bono por única vez, créditos blandos y rebaja de tasas. Todas medidas que terminan poniéndolos a expensas de la banca, que hasta ahora es la única beneficiaria de las medidas gubernamentales.
Así la administración Piñera distribuye recursos para financiar créditos para las grandes empresas y pymes, montos que no se depositan directamente en los bolsillos de las familias chilenas, sino que van a resguardar las ganancias empresariales y, por cierto, la estabilidad del sistema bancario.
Las intensas variaciones de los mercados internacionales pueden revivir una crisis no vista desde al menos 1981 y, tal como hace casi 40 años, el 2008 o el 99, las consecuencias las seguirán pagando las personas mientras se insista en asegurar la estabilidad de la banca y toda su enclenque estructura financiera.
¿Pero qué pasa con las y los trabajadores? ¿Qué pasa con las miles de familias que ven reducidos sus ingresos y beneficios? ¿Cómo se protegen de forma efectiva los empleos?
Todas estas preguntas tienen respuestas vacilantes e incompletas por parte de las autoridades.
Hoy es la gente la que está “poniendo la plata” con sus ahorros del seguro de cesantía, además de tener que resignar el 50% de sus cotizaciones previsionales - como fija la indicación ingresada a última hora por el gobierno en el debate legislativo de la Protección del Empleo - o que peligren sus fuentes de trabajo por “necesidades de la empresa”, como aún lo señala el artículo 161 del Código del Trabajo.
En paralelo, vemos el actuar nefasto de la Dirección del Trabajo, que contraviniendo su mandato legal, dictaminó que las empresas están autorizadas a no pagar los salarios por ocasión de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”.
Y durante la última semana la publicación de la circular que abre la posibilidad de poder llevar adelante el “finiquito electrónico”, el que calificamos como ilegal por tener que ser regulado por ley y que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en el Parlamento. Este proyecto restringe lisa y llanamente el derecho de los trabajadores y además abre la puerta a que se realicen descuentos ilegales.
A pesar de la crisis, el gobierno no ha dejado de avanzar en su agenda. El proyecto de teletrabajo, aprobado por el Congreso no es una respuesta a la urgencia que por estos días vivimos. Todo lo contrario, es el mismo proyecto de ley ingresado en el segundo semestre de 2018 que fue duramente criticado por las organizaciones sindicales por precarizar los derechos laborales.
Por lo mismo, creemos necesario que el gobierno modifique su agenda económica y social. No es posible que en plena crisis sanitaria siga aplicando su programa neoliberal, que sabemos no pone a las personas por delante.
Llamamos al Gobierno a restablecer los derechos laborales, cambiando el criterio pro empresa que leemos en sus acciones, por un criterio pro trabajador, que otorgue certezas respecto de la efectiva protección del empleo y de las remuneraciones durante el periodo de cuarentena.
Desde la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos hemos sido claros en decir que hemos sufrido enormes perdidas de nuestros fondos en las cuentas individuales del Sistema de AFP ́s, las cuales son de exclusiva responsabilidad de quienes administran nuestros dineros y que cuentan con el respaldo de una Constitución diseñada solo para proteger a la clase dominante y financiarse con nuestros ahorros.
La exposición de nuestras vidas ha llegado al extremo. Las jugadas legislativas llevadas adelante por el gobierno han provocado un daño previsional enorme, poniendo en riesgo la vida de los jubilados de hoy y de los jubilados de mañana.
Al mismo tiempo, las medidas sanitarias son segregadoras y ratifican el sesgo de clase que ha caracterizado la gestión de Sebastián Piñera. Trabajadores han debido cruzar las ciudades en transporte público sin las condiciones de seguridad para evitar el contagio, afectando no solo su salud, sino que poniendo en riesgo la de sus familias y comunidades. Consecuencia de ello es el persistente aumento de casos en las comunas periféricas de la región Metropolitana, así como en las comunas más pobres del país.
Los trabajadores no somos la carne de cañón de esta crisis sanitaria y económica. Nuestras familias no pueden sufrir los resultados de este ensayo-error que practica el gobierno con medidas sanitarias que no previenen los peores escenarios proyectados. Todo lo contrario, somos las y los trabajadores quienes movemos la economía a través de lo que producimos y consumimos, somos los que ponemos la piel frente a los abusos de los poderosos y la mirada ausente de la autoridad.
No es al capital al que se debe cuidar, es a la persona, cosa que Piñera está muy lejos de entender.
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