Seguramente usted conoce a alguien que no trabaja en lo que estudió. Este fenómeno se relaciona con el subempleo profesional, situación en la que una persona con formación profesional se ve obligada a trabajar en un puesto que no requiere su nivel educativo. Es decir, existe una discrepancia entre la capacitación que posee el trabajador o trabajadora y las demandas del mercado laboral, lo que resulta en una ocupación no calificada que no aprovecha sus habilidades ni su potencial. Son personas que, teniendo la calificación, no llegan a obtener empleos acordes a su formación profesional, simplemente porque el mercado no los ofrece. En esta columna se presenta un panorama acerca de este fenómeno, con datos que ayudan a comprender el problema estructural que subyace detrás de sus consecuencias y reflexiones acerca del futuro de las políticas públicas en educación superior y la creación de empleos.
En Chile los datos sobre el subempleo son alarmantes. Según el último Informe de calidad del empleo (IMCE) realizado por Fundación SOL, más de 1,1 millones de personas con formación profesional, lo que representa 31% de este grupo, se encuentran en empleos que no requieren su nivel educativo. Este indicador revela un preocupante desfase entre la calificación de la fuerza laboral y la naturaleza de los trabajos disponibles en el país. La situación se agrava cuando se considera que, a pesar de contar con una educación superior, muchas personas profesionales se ven obligadas a aceptar trabajos que no solo no valoran sus competencias, sino que también limitan sus perspectivas de desarrollo personal y profesional.
Las causas del subempleo son diversas y complejas. Un factor relevante es la sobreoferta de carreras profesionales, resultado de la explosión de matrícula en instituciones privadas de educación superior. Muchas de estas instituciones, en su afán por mercantilizar la educación, han proliferado sin una adecuada relación con las estructuras productivas y las necesidades reales del país. Al observar los datos, en el año 2023 se registraron 677 mil matrículas más que en 2005. El 65% de este aumento se concentró en sólo 20 instituciones, entre las que destacan el exgrupo Laureate, Santo Tomás, Inacap y Pontificia Universidad Católica. En ese listado también se encuentran universidades que han sido investigadas por lucro.
La evidencia muestra que en Chile los hogares han hipotecado su fuerza de trabajo futura para obtener credenciales que les prometían el ascenso social. El acceso relativamente fácil al Crédito con Aval del Estado (CAE) ha creado generaciones completas con una gran carga de deudas incluso antes de comenzar a producir ingresos en el mundo del trabajo. Esto no solo ha saturado el mercado laboral con personas egresadas, sino que también ha contribuido a una desarticulación entre la formación académica y las expectativas del sector productivo. El modelo de educación mercantilizado ha impulsado la creación de carreras y de matrícula que nada tiene que ver con las posibilidades reales que puede ofrecer el mercado del trabajo.
La creciente preocupación por un mercado laboral que no ofrece oportunidades adecuadas es evidente. La incapacidad de los y las profesionales para insertarse en empleos que correspondan a su educación no solo afecta su calidad de vida, sino que también impacta negativamente en la estructura del país. Hay que observar la matriz productiva nacional para construir una educación acorde a ella, para no seguir desperdiciando talento y capacidad de profesionales que se encuentran frustrados por no llegar a alcanzar sus expectativas de vida.
Este fenómeno exige una reflexión profunda sobre la necesidad de una educación superior que esté alineada con las necesidades del mercado laboral y una política pública que fomente la creación de empleos de calidad, avanzando en mejorar la matriz productiva y así ser capaces de aprovechar la formación de los trabajadores/as y contribuir al crecimiento sostenible.
En conclusión, el subempleo profesional en Chile es un problema que no puede ser ignorado. Es fundamental que tanto el sector educativo como el gubernamental trabajen en conjunto para generar un entorno laboral más justo y equitativo, donde las personas profesionales puedan desarrollar plenamente sus habilidades. Se debe avanzar en un proyecto orgánico entre un modelo educativo que busque mejoras sostenidas del proyecto país y un mercado de trabajo que ofrezca oportunidades y empleos de calidad para los/as profesionales.
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