La semana pasada la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Gobierno alcanzaron un acuerdo que permite alcanzar los 500 mil pesos de ingreso mínimo a julio del año próximo, tras dos alzas previas: $440 mil y $460 mil, en mayo y septiembre de este 2023, respectivamente.
Un acuerdo que adelanta la concreción de una propuesta programática del gobierno -el que aspiraba a llegar a los 500 mil al finalizar el mandato del Presidente Boric- y que responde a la acción de la CUT por apoyar a la economía de millones de trabajadoras y trabajadores que son los que sufren las duras condiciones que se viven con la alta inflación y compleja situación del empleo en el país.
Al mismo tiempo, se establece que, considerando las inclemencias económicas que vive el país y en caso que el IPC de 2023 supere el 6%, se aplique un alza previa en enero de 2024, de 10 mil pesos. Junto con eso, para 2025 se consigna un alza automática salarial en función del IPC acumulado entre julio y diciembre de 2024.
Esta debe considerarse como una gestión positiva de la organización sindical que, ante un escenario económico incierto, estableció una mesa de trabajo conjunto y tripartito con el gobierno y organizaciones patronales, estableció condiciones que permitiera un proceso gradual que beneficiará a los trabajadores y encontró buena voluntad de la contraparte para concretar una aspiración que apunte a darle forma al concepto de trabajo decente que impulsamos desde la CUT.
Otro avance es que se logra ajustar las asignaciones familiares, las que no consideran los salarios por sobre los 500 mil pesos, de forma que las y los trabajadores no pierdan beneficios por conseguir mejores ingresos. Al mismo tiempo, se aumenta la cobertura de este beneficio de 900 mil a casi 1 millón de personas los que gozarán de este apoyo.
Ahora, frente a la inestabilidad económica del país se deben concretar medidas específicas que impidan que estos avances sean percibidos por las y los trabajadores. Esto obliga a que la propuesta de Consejo de Seguridad Económica de las y Los Trabajadores se concrete de forma ágil, traduciéndose en medidas que protejan tanto el salario como en la protección del empleo, cuyas cifras son preocupantes, con 8% de desempleo a nivel nacional.
Ante estos avances es decepcionante la actitud de la derecha, cuyos parlamentarios prefieren la defensa de los intereses de los grupos empresariales y sacar vergonzosos réditos políticos bloqueando la tramitación de esta alza salarial en el Congreso afectando directamente a los trabajadores y sus familias
Para ello es absolutamente necesario fortalecer el rol de la organización sindical como órgano defensor de los derechos de las y los trabajadores, como espacio articulador de la organización de los trabajadores, la promoción del diálogo social como herramienta de contención de la fuerza empresarial que ve en los trabajadores como los eslabones a cortar en caso de cualquier crisis.
El desafío de un piso mínimo de dignidad en el ingreso es el paso que hemos dado en estas semanas, lo que no significa darse por satisfecho. Es momento ahora de fortalecer la organización de las y los trabajadores para apuntar a una mejor promoción y defensa de los derechos laborales.
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