Gobierno de incrédulos
Una escena se repite con regularidad casi coreográfica en el Palacio de La Moneda. En promedio, cada cuatro días una autoridad del gobierno de José Antonio Kast presenta su renuncia. Ministros, subsecretarios, seremis. Van 35 en apenas cuatro meses. Si esto fuera una obra de teatro, la crítica ya habría anotado que la puesta en escena tiene un problema de guion. Pero no se trata de una función sino de la administración del Estado de Chile y el patrón que revela no es anecdótico, es sintomático.
Pocas veces en la historia reciente un gobierno ha demostrado, con tanta prolijidad involuntaria, la tesis que lo llevó al poder. Kast construyó su proyecto político en base a la desconfianza hacia el aparato estatal y un desprecio de lo público, sobre la promesa de un Estado más pequeño, más austero, más "eficiente" en el sentido más estrecho del concepto. El problema es que gobernar exige exactamente lo contrario de lo que se predicó en campaña: conocimiento técnico, capacidad de gestión y, sobre todo, una comprensión profunda que las políticas públicas no son un estorbo ideológico, sino las herramientas con la que un país organiza su convivencia, aplica soluciones y reduce sus desigualdades.
Lo que hemos visto en este arranque del Gobierno no se trata de un problema de "estilo" o "de comunicación", como algunos ministros insisten en enmarcarlo. El cuestionamiento de fondo es diseño institucional. Que el actual Gobierno no conozca cómo funciona el Estado y al no contar con las capacidades mínimas requeridas es lo que explica en gran medida la ininterrumpida seguidilla de salidas. Estamos en presencia de lo que en administración pública denominamos déficit de capacidad estatal, aquella incapacidad de una organización para transformar sus recursos en resultados coherentes con sus objetivos declarados. No es un detalle menor que entre las causales de estas renuncias figuren test de drogas positivos, denuncias de maltrato laboral o conductas incompatibles con la función pública. Cuando el "gobierno del orden" tropieza justamente en la probidad de sus propios cuadros, la paradoja deja de ser retórica y se vuelve dolorosamente literal.
Ganar una elección y tener la capacidad de gobernar son cosas distintas. Muy diferentes. Se puede llegar al poder en base a un relato instalado dentro de una campaña electoral y aun así carecer de los cuadros técnico-políticos, la experiencia en gestión pública y la comprensión institucional necesaria para hacer funcionar una maquinaria que gestiona miles de posiciones, personas y administra bienes públicos complejos. El spoils system -la designación de cargos por lealtad política antes que por mérito o experiencia- tiene un límite: cuando esa lealtad reemplaza completamente a la competencia, la organización pierde capacidad de acción. Treinta y cinco salidas en cuatro meses no son ruido de instalación es la evidencia empírica que ese límite está sobrepasado. Es grave. Todo indica que las renuncias continuarán en un hecho inédito para un gobierno autodenominado de emergencia y reconstrucción.
Una segunda paradoja se confirma en la presidencia de Kast. Un gobierno que desconfía del Estado como agente de transformación social termina, inevitablemente, sin las herramientas ni la voluntad para ponerlo en práctica cuando más se necesita, para cerrar brechas, para sostener la protección social, para anticipar crisis, para aumentar el empleo, para garantizar derechos sociales. No se trata de un axioma ideológico sino de una constatación de gestión pública: se puede reducir el tamaño del aparato público, pero no se puede reducir la complejidad de los problemas que ese aparato está llamado a resolver. La desigualdad, la seguridad, el desempleo o la salud pública no se administran con menos Estado por decreto; se administran con mejor Estado, con capacidad técnica, con continuidad de las políticas públicas y con autoridades que conozcan el terreno que pisan.
¿Cuál es el costo de todo esto? No es solamente la incomodidad de un gabinete que cambia de caras cada semana. El costo real es la confianza ciudadana, ese activo intangible pero decisivo que sostiene la legitimidad de cualquier gobierno. Cada renuncia opaca, cada explicación contradictoria desde el Ejecutivo, cada nuevo episodio judicial que salpica a una autoridad regional erosiona cada vez más la percepción de que quienes gobiernan saben lo que están haciendo. Y en democracia la confianza no se decreta, se construye con resultados, con transparencia y con la certeza que las instituciones funcionan más allá de quién ocupe el sillón presidencial.
El gobierno de Kast tiene toda la legitimidad de origen que le otorgó la elección popular, sin embargo, la legitimidad de ejercicio -esa que se gana día a día administrando bien la cosa pública- es otra historia y hasta ahora la está escribiendo con una acumulación de yerros, desprolijidades e ignorancia que admite una auténtica y preocupante crisis en este Gobierno. La paradoja de fondo, la que debiera inquietarnos a todos independientemente de la trinchera política es esta: se torna imposible gobernar adecuadamente un Estado en el que no se cree. Y los chilenos, tarde o temprano, notamos la diferencia entre un gobierno que administra el país y uno que apenas administra su propia sobrevivencia.