Pensiones: el mito de la individualidad vs. el privilegiado sistema solidario de las FF.AA.

Andrés Giordano Salazar

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Mucho se habla cuando se debate sobre la reforma de pensiones sobre cuentas individuales, heredabilidad y libertad de elegir un administrador privado -porque se ha caricaturizado que lo público sería poco eficiente o riesgoso-, argumentándose en contra de la idea de solidaridad en base a estos principios. Sin embargo, en Chile existe otro sistema de pensiones donde la solidaridad sí está incorporada, y donde todos estos conceptos están ausentes: no hay cuentas individuales, ni heredabilidad, ni libertad de elegir.

Es un modelo absolutamente público y solidario que entrega pensiones decentes: el sistema de pensiones de la Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Querrían ellas cambiarse a las AFP, implementadas en la dictadura, para tener lo que nos han vendido como sus "beneficios"? Poco probable.

Hemos visto cómo la derecha ha enarbolado el mismo discurso de las AFP, así que por medio de una solicitud de resolución, quisimos saber la disposición de la Cámara de Diputadas y Diputados para solicitar al Gobierno que extienda el sistema previsional de la población civil a los uniformados -algo que es iniciativa exclusiva del Presidente-, pero fue rechazada justamente con votos de la derecha, dejando al descubierto una desconcertante contradicción en su postura. Paralelamente, recibimos centenares de mensajes de uniformados que defendían su derecho a una jubilación decente, antes que cuentas individuales, herencia y libertad de participación con entes privados.

Entonces, ¿por qué se aboga por un sistema público y solidario para los uniformados, pero se niega brindar esa misma protección -aunque sea sólo en parte, a través de la nueva cotización del 6% de los empleadores- a la población civil? Esta disparidad entre sistemas es difícil de justificar, sobre todo considerando que las pensiones otorgadas por el sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden son considerablemente más altas, en promedio 4 a 5,5 veces, que las entregadas por las AFP más la Pensión Garantizada Universal (PGU) cubierta por el Estado.

¿Es que acaso no quieren que las personas comunes y corrientes sepan que a través de estos mismos mecanismos se pueden mejorar las pensiones? Durante los últimos 40 años no se ha conocido la seguridad social en la vejez de civiles, pero probablemente si lo hiciéramos, si pudiésemos concebir que otro modo distinto a la lógica de "rascarse con las propias uñas" es posible, y que eso es beneficioso para toda la sociedad en su conjunto, -tal y como lo saben las Fuerzas Armadas y de Orden-, probablemente no estaríamos pensando tanto en ideas que no suben las pensiones, como "cuentas individuales", "heredabilidad", "propiedad" y estaríamos centrándonos en construir un sistema legítimo que otorgue pensiones suficientes para la vida en la vejez. La propuesta de seguro social del Gobierno ofrece una oportunidad para lograrlo.

La respuesta a esta contradicción podría encontrarse en los intereses de las AFP, que con más de $1.250 millones diarios en utilidades, están más preocupadas de cuidar su negocio que del bienestar de los jubilados y jubiladas, y de los grandes grupos económicos y sus empresas que invierten con nuestros ahorros, ambos con una fuerte influencia en el debate. De hecho, las AFP han sido promotoras -a través de diversos medios de publicidad y difusión- de los conceptos que, como hemos mencionado acá, no impactan en la mejora de las pensiones, pero sí mantienen el botín en manos de actores privados.

No obstante lo anterior, en la segunda sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados a la que fueron invitadas, se ausentaron a última hora, enviando descargos por escrito y negándose a enfrentar las preguntas que diversos parlamentarios oficialistas habíamos realizado y esperábamos profundizar en la sesión. Esto no es menor, porque las sesiones son públicas y permiten transparentar a la ciudadanía un debate que, enmascarándose en los conceptos que exponemos aquí, ha pretendido distorsionar la opinión pública respecto de la crisis previsional que enfrenta nuestro país. En otras palabras y en buen chileno, la propiedad, la heredabilidad y la libertad, son parte de un relato que chutea la pelota para el córner, pero que beneficia directamente a quienes hoy tienen el monopolio de las pensiones.

En paralelo a esto, llevamos 10 meses de debate donde la oposición -o para ser justos, en algunos casos parte de ella- se ha restado de diversas instancias de diálogo que ellos mismos solicitaron, poniendo piedras en el camino, incluyendo quitarle urgencia a la tramitación -cuestión a la que se accedió-, y ultimátum respecto de funcionarios de Gobierno -con la salida del Ministro de Desarrollo Social- para justificar su ausencia en la discusión, todas cuestiones anexas que han perjudicado enormemente a los jubilados y jubilados, que esperan una reforma que es urgente. Pero ya no puede haber más excusas para evitar el debate de fondo: se requieren más propuestas de verdadero cambio y menos recados por la prensa.

Si uno revisa las propuestas que las distintas sensibilidades políticas han hecho públicas, hasta ahora la del Gobierno es la única que cumple los objetivos de subir sustantivamente las pensiones, abordar las brechas de género y discriminaciones históricas a las mujeres, recoger la experiencia internacional de la mayoría de los países y terminar con un sistema carente de legitimidad social pero lleno de intereses económicos. Es hora de superar la falta de coherencia, las defensas corporativas e ideológicas y la construcción de caricaturas conceptuales y mitos: porque es justo y porque las personas mayores lo merecen.