Propuesta económica educacional ratifica el modelo

El gobierno ha anunciado junto con la reforma tributaria que el destino de los fondos será favorecer a las personas que se están educando y a sus familias. La propuesta efectivamente apunta en esa dirección y corrige errores e injusticias que eran evidentes a estas alturas, pero al mismo tiempo ratifica su modelo ideológico, lo que es perfectamente natural dada la inspiración que tiene el gobierno.

Como ya es sabido uno de los aspectos centrales del debate ha estado en el beneficio o lucro que obtienen universidades y colegios privados. La propuesta del gobierno no solo ratifica la plena justificación del mencionado beneficio privado, sino que lo mejora y asegura.

En primer lugar la propuesta señala un sistema uniforme para apoyar con becas y créditos a los universitarios y como es obvio y correcto no distingue entre las universidades públicas o privadas al subsidiar la demanda y no modifica los reducidos aportes directos que hoy el Estado entrega a las universidades generadoras de bienes públicos y extensión.

Además, deja vigente el problema de la diferencia entre el arancel de referencia que rige para las ayudas estatales y el efectivo que cobran las universidades y esos quedan entregados completamente al mercado.

De esta forma cada universidad cobrará lo que le parezca a este respecto y según sus espaldas financieras podrá dar créditos con mayores o menores facilidades. En consecuencia, el beneficio por el diferencial, de las universidades privadas queda de esta forma mejor asegurado que en la actualidad.

En segundo lugar el Estado anuncia que una agencia estatal otorgará créditos a quienes no tengan becas y que esos créditos devengarán un interés del 2% anual y se pagarán en un plazo largo y aparentemente solo en el caso de que el estudiante se reciba y obtenga ingresos en el futuro.

A este respecto llama poderosamente la atención que se mantenga el cobro de un interés que si bien es más o menos la mitad del que se cobra por los créditos hipotecarios no tiene ninguna justificación salvo que el Estado mantenga la opinión de que debe obtener un lucro de los estudiantes beneficiados puesto que no otra cosa es el interés. Nos parece a este respecto que el Estado debería prestar sólo con IPC.

En la propuesta se echa de menos una cuestión clave para la adecuada competencia entre las universidades públicas y privadas. En efecto, las universidades privadas, sino todas, al menos las más poderosas, perciben ingresos y donaciones muy importantes de grupos económicos.

Por otra parte en la propuesta no existe un componente de apoyo masivo a las universidades públicas con lo cual en el marco de la propuesta quedan debilitadas, al tener que competir por la demanda subsidiada por los apoyos del Estado a los futuros estudiantes, pero con menos recursos que las privadas por lo ya expresado.

En relación al apoyo que se anuncia a la clase media de devolver una cantidad por hijo con un tope, resultando la medida desde todo punto de vista valiosa, cabe consignar que con ella se consagra definitivamente el derecho de los colegios subvencionados a obtener beneficios o lucro con su actividad, porque obviamente estas devoluciones ocurrirán respecto de colegios que no son los propiamente públicos que no cobran por la labor educativa. Esta medida lo único que genera es aumentar la segregación en el sistema escolar validando el financiamiento compartido.

De todo lo expresado resulta manifiesto que la propuesta educativa en su aspecto económico y su hermana gemela en el aspecto tributario destinada a recoger fondos para los aspectos reseñados en lo fundamental se viste con un claro ropaje ideológico y no es una propuesta cualquiera porque más allá de sus aspectos cuantitativos hay un aspecto cualitativo y estratégico del más alto interés, materia que deberá ser discutida en profundidad en el Congreso Nacional.

Una incógnita será la actitud de los estudiantes que han propugnado un no al lucro, especialmente en el ámbito escolar, y regular el que se produce en las universidades. Es posible que esa batalla quede pendiente o se libre fuera del Congreso.