Una economía al servicio de las mayorías

Tras los resultados del gobierno en las encuestas y con la sensación de promesas  de crecimiento económico y empleo incumplidas, el Presidente Piñera y su equipo económico intentan pasar a la  ofensiva, impulsando proyectos como la reforma tributaria, de pensiones, flexibilización laboral y una serie de medidas que provienen de Hacienda para fomentar la inversión privada, que alcanzan los US$ 3.300 millones.

Para entender estas medidas, se debe dejar claro que La Moneda está siendo presionada por la ciudadanía y el mundo empresarial, que ha levantado la voz respecto de  “certeza tributaria” y la generación de condiciones que aseguren a los empresarios superar sus ganancias. 

Esta sensación no es coyuntural sino que responde a las condiciones materiales de los trabajadores y sus familias, donde el incumplimiento de las promesas gubernamentales respecto a  “calidad de vida” y trabajo pueden condicionar las próximas elecciones.

Esto pone al Presidente en un interesante dilema: impulsar una política económica para el círculo rentista-empresarial al que pertenece o una economía al servicio de las mayorías, que le abre mayores posibilidades de ganar y mantenerse en el poder. 

Este dilema se expresa en la agenda impulsada por el Gobierno. En trabajo, la protagonista es la agenda de flexibilización laboral que precariza aún más las condiciones de las y los trabajadores. El problema para Piñera es que su propuesta ha sido invisibilizada por el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas, impulsado por la oposición, el que acumula un amplio apoyo popular y transversal de los congresistas. 

Otra propuesta, la reforma de pensiones, plantea la creación de una cotización adicional del 4% con cargo al empleador que administraría un “ente” público - ya usar la palabra ente hace de la propuesta un misterio -, con lo que intenta responder al movimiento social y hacer un reconocimiento soterrado de que el sistema de AFP ha fracasado.

Pero el Gobierno no ha sido capaz de responder de forma concreta a una necesidad urgente de la ciudadanía: terminar con las pensiones de miseria de miles de adultos mayores que deben seguir trabajando a pesar de haber dado todo durante  su vida. 

Finalmente, con la reforma tributaria impulsa la reintegración del sistema tributario, que significa una pérdida para el Fisco de US$ 800 millones anuales. Así esta reforma beneficiaría al 1% más rico de nuestro país y no a las Pymes, por lo tanto, el Presidente Piñera fomenta un proyecto con bajo apoyo ciudadano y enfrentará un Congreso que probablemente no agilizará su tramitación. 

Lo importante es que el resultado de cada una de estas iniciativas se verá a mediano plazo y, por ende,  revertir la sensación de malestar por parte de la ciudadanía que tiene que ajustarse a la economía real, ese 99% que le cuesta llegar a fin de mes y que se enfrenta día a día a una injusta realidad, donde unos pocos concentran mucho y demasiados ven muy poco de la producción colectiva, se vuelve cuesta arriba para la Moneda. 

Por este motivo, es muy importante que el Gobierno tome decisiones a corto plazo en materia de Política Económica, porque está en juego la calidad de vida de millones de familias a lo largo del país y sus resultados en las próximas elecciones, aunque suene a contradicción por parte de alguien que es parte de la oposición y que milita en un partido del Frente Amplio.

No se puede permitir al Presidente optar por la omisión, no se puede permitir que el ministro de Hacienda pida tener “fe” y rezar para que mejore la economía.

Es cierto, que en una economía tan abierta como la chilena, los vaivenes económicos generados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto con la política de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) provoca que las economías crezcan menos de lo proyectado, hecho que se acentúa en América Latina y, por supuesto, en Chile. 

Cuando el Gobierno dice que nada se puede hacer ante el contexto global de la economía, sencillamente miente. Lo que pasa es que Piñera se enfrenta a otro dilema: seguir el dogma de la economía neoliberal, pensada por el FMI y que tiene a Argentina y Brasil en una profunda crisis económica o abrirse a tomar decisiones que se escapan del modelo de Estado que defiende, pero empíricamente son efectivas para contrarrestar las profundas consecuencias para millones de chilenos y chilenas de vivir un ciclo económico a la baja. 

Al contrario de lo que muchos creen, los Gobiernos toman muchas decisiones en materia económica y si el Presidente y el ministro de Hacienda renuncian a aquello no solo le hacen una finta a su responsabilidad política, sino que están poniendo en juego la estabilidad económica y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 

Los Gobiernos tienen dos mecanismos para incidir en la actividad económica: la política monetaria y la política fiscal. Los de derecha que defienden un Estado pequeño, se inclinan por fomentar el uso de políticas monetarias como la tasa de interés y la cantidad de dinero circulante en la economía, lo que no tiene nada de malo, salvo que estas políticas no dan soluciones reales en  ciclos económicos a la baja, como el actual.

De hecho el presidente del Banco Central ha recomendado dar prioridad a la política fiscal, porque en las circunstancias actuales la política monetaria por sí sola no es efectiva en el objetivo de generar políticas contracíclicas que permitan revitalizar la economía. 

Piñera tiene el desafío (y la responsabilidad) de tomar medidas para que el ciclo económico decreciente, afecte lo menos posible. Puede hacerlo dejando los dogmas de lado y entendiendo que la política económica debe estar al servicio de las mayorías, quizás no porque a él le interesen de manera genuina las y los trabajadores, sino porque es su mandato. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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