Amenazas contra la educación superior pública en la hora presente
Existe un amplio consenso nacional sobre la necesidad de fortalecer la educación superior pública, como condición indispensable para el desarrollo del país. Del mismo modo es cada vez más compartido el convencimiento de la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de sus propias instituciones de educación superior, en concordancia con su imperativo de preservar el interés nacional en la formación de las nuevas generaciones de profesionales.
El papel de las universidades públicas frente a la pandemia ha confirmado su importancia para el conjunto de la sociedad.
La crisis pandémica provocó un fuerte impacto en las instituciones públicas de educación superior. Se estima que entre 2020 y 2021 han enfrentado un impacto económico total -por menores ingresos y mayores gastos- cercano a los 445 mil millones de pesos. Ello se explica por los efectos en las matrículas; los gastos efectuados por las propias condiciones de la pandemia, como las atenciones hospitalarias; los menores ingresos por las actividades de postgrado, extensión y asistencias técnicas; y las adecuaciones necesarias para implementar docencia híbrida (virtual y presencial). El uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito, que son recursos propios de las instituciones, permitió disminuir el impacto negativo apenas en 18%. Durante este período no ha existido ninguna ayuda especial desde el Estado.
En este contexto, es alarmante el cuadro que muestra el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 que ha presentado el Gobierno.
El Programa 2 de Educación Superior Pública señala que aumenta en 4,4% para 2022. Sin embargo, ello es engañoso porque se explica solamente por el incremento de los fondos del Plan de Fortalecimiento que contempla la Ley N° 21.094 sobre universidades estatales. Al omitirse esa asignación, el presupuesto del Programa 2 en realidad disminuiría en 2,4 por ciento. No es todo: cerca de $6 mil millones del incremento del Plan de Fortalecimiento provienen de la reducción de otros fondos dirigidos a las mismas instituciones estatales de educación superior.
Por otro lado, se observa la tendencia de otorgar preminencia a las instituciones privadas de educación superior, en abierto detrimento de las entidades estatales y públicas. En el Programa 3 de educación superior se presenta un incremento de 6,3%, pero ello se explica solamente por la extensión de la gratuidad a nuevas instituciones privadas. Al excluir esa asignación, en verdad el programa se habrá reducido 2 por ciento. De la misma forma, se constata un aumento de $1.700 millones en fondos concursables con financiamiento del Fisco para instituciones privadas.
Respecto a la partida para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en la asignación "Apoyo a la Innovación en Educación Superior" se observa una disminución de $3,3 mil millones, al hacer una comparación respecto del presupuesto vigente a agosto de 2021.
Peor aún, en el Proyecto de Presupuesto no existen esfuerzos significativos para enfrentar los desafíos aparejados al contexto de la pandemia, como el retorno a la presencialidad en las nuevas condiciones y la nivelación de estudiantes nuevos o atrasos en la titulación (que además tiene importantes efectos en la recepción de beneficios estudiantiles). Hasta 2018, sin pandemia, se entregaban anualmente cerca de $3,5 mil millones por este ítem, recursos que fueron eliminados de la Ley de Presupuestos desde 2019.
Al mismo tiempo, se ha conocido un dictamen de la Contraloría General de la República del pasado 15 de octubre sobre Aranceles Regulados, los cuales determinan el monto de recursos públicos a transferir a las instituciones de educación superior para los estudiantes beneficiarios de la gratuidad. La decisión mostró que el cálculo de los valores no se ajusta a las disposiciones legales y muestra fallas de gravedad en el proceso.
En la Ley de Presupuestos se debiera prorrogar su aplicación, para permitir una revisión de su metodología y su cálculo con la participación de las casas de estudios superiores, considerando su impacto en la política de gratuidad y en la calidad de las instituciones de educación superior. Es necesario que también se tomen en cuenta carreras de las áreas de Ingeniería y Ciencias, y considerar los costos de investigación y los aportes indirectos de investigación y extensión.
Por otro lado, en la Ley de Presupuesto se debieran incluir medidas de urgencia tales como contemplar fondos basales de emergencia para el ciclo de la pospandemia; incrementar el Aporte Fiscal Directo; y modificar el uso y el cálculo de excedentes del Fondo Solidario. Además, es indispensable que se posibilite el acceso de las universidades estatales a créditos de largo plazo con garantía del Estado, pues solo las instituciones privadas pudieron acceder a ese beneficio a través del uso del Fogape.
Asimismo, consideramos necesario que se otorguen flexibilidades para que estudiantes con becas y gratuidad no se vean afectados por la extensión de sus carreras a consecuencia del escenario excepcional de la pandemia. Bien podría considerarse que a lo menos uno de los años 2020 o 2021 no sea contabilizado para calcular la duración total de la carrera, lo que permitiría extender el financiamiento.
En este momento histórico, ya no existen excusas para que la educación superior pública se mantenga en las condiciones de postergación en las cuales ha debido realizar su actividad durante décadas.
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