Foros de conversación, análisis de expertos, cartas al director e incluso columnas de opinión como ésta han abordado el aumento de la violencia escolar. Lo que se atendía en su momento eran cifras preocupantes, pero el pasado viernes 27 de marzo asistimos a un lamentable acontecimiento que terminó con la vida de María Victoria Reyes, inspectora del Instituto Obispo Silva Lazaeta de Calama, a manos de un estudiante, agravando aún más un alarmante panorama. El hecho se agrega a un registro creciente de episodios de agresión en estos contextos: según la Superintendencia de Educación, las denuncias por violencia escolar aumentaron durante el primer trimestre de 2025 y este año, al parecer, suman y siguen.
De acuerdo con un sondeo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, durante 2024 tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes encuestados presentaron indicios de ansiedad o depresión, y 26,5% reportó síntomas moderados o severos. Asimismo, un estudio de Ipsos sobre salud mental, con participación de más de 30 países, reveló que 68% de los chilenos consultados considera a la salud mental como el mayor problema de sanidad del país.
Frente a este escenario, diversas propuestas han puesto el acento en medidas de seguridad dentro de los establecimientos: detectores de metales, cámaras de vigilancia, revisión de mochilas, guardias entrenados. Métodos que pueden funcionar en el corto plazo, pero que no tratan el problema de fondo. La propia Superintendencia de Educación ha señalado la importancia de trabajar habilidades socioemocionales en contextos educacionales y de contar con estrategias efectivas desde una mirada formativa y preventiva.
Estas respuestas, aunque necesarias, siguen ciñéndose a los muros de cada escuela, colegio y liceo. No basta con intervenir en el espacio donde la violencia se manifiesta si no se fortalece el entorno donde se originan las conductas. Desde hace años, la investigación en desarrollo infantil ha demostrado que quienes ejercen la crianza influyen de manera determinante en la autorregulación emocional y en las trayectorias de conducta de niños, niñas y adolescentes en las distintas etapas de su desarrollo. El estrés parental, el desconocimiento de estrategias de crianza positiva y la ausencia de redes de apoyo familiar configuran factores de riesgo que ningún detector de metales puede neutralizar.
¿Qué se requiere, entonces? Un enfoque que no se limite a reaccionar cuando la crisis ya se instaló en la sala de clases, sino que fortalezca las competencias y la confianza de padres, madres y cuidadores de manera sostenible y con cobertura territorial. Programas de apoyo a la crianza basados en evidencia han demostrado reducir conductas agresivas en niños, niñas y adolescentes, al tiempo que disminuyen el estrés de los adultos y fortalecen los vínculos familiares. Esto no es una idea nueva: Chile ya cuenta con una infraestructura para este tipo de intervenciones. Iniciativas como Chile Crece Más, de la Subsecretaría de la Niñez, y el Programa Lazos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, han abierto un camino que resulta necesario ampliar y sistematizar.
Integrar estrategias de crianza positiva dentro de la política pública de prevención, no como un complemento opcional, sino como un componente estructural, implica acompañar y dar acceso universal a padres, madres y cuidadores para que cuenten con metodologías efectivas, promuevan su propio autocuidado y generen entornos protectores para sus hijos e hijas. La evidencia sugiere que cuando las familias acceden a este tipo de apoyo, los efectos se extienden más allá del hogar y alcanzan la convivencia escolar.
Fortalecer a las familias probablemente no resolverá los episodios de violencia juvenil que hoy afectan al país, pero sin duda ayudará a incrementar las condiciones para que cada niño, niña y adolescente se desarrolle en un entorno más seguro y protector. Eso, a mediano plazo, es la base de una convivencia escolar más sostenible y positiva para su formación como personas.
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