Cambios al Estatuto Docente: un lobo con piel de oveja

La semana pasada se aprobó en el Congreso, y se despachó a ley, un proyecto que modifica el Estatuto Docente en diversas materias, limitando gravemente la posibilidad de planificar el año académico y que los profesores puedan realizar capacitaciones. Se trata de una iniciativa iniciada por moción parlamentaria, a instancias de las solicitudes realizadas por el Colegio de Profesores, y que no ha dejado a ninguna comunidad educativa indiferente.

En efecto, durante el verano, los profesionales de la educación participan en capacitaciones de diversas temáticas dependiendo de los intereses, necesidades y realidades de cada una de las comunidades y establecimientos. Éstas son actualmente ofrecidas por distintas entidades, las cuales se encuentran inscritas en un registro de asesoría técnica educativa (ATE) y que deben cumplir con los requisitos establecidos por un reglamento, así como constituirse como organizaciones sin fines de lucro, pasar por un proceso de revisión para poder ser validados y habilitados por el Ministerio de Educación. Sin embargo, tras aprobarse la iniciativa legal estas actividades de perfeccionamiento quedarán totalmente restringidas, e incluso lo más probable es que no se puedan llevar a cabo este año.

La ley limita las posibilidades de capacitarse al permitir que solo se dicten aquellas tutorías inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Esto acarrea varias complejidades, ya que actualmente no todas las actividades formativas se encuentran inscritas en este organismo gubernamental al ser este un proceso complejo y engorroso.

Por ejemplo, materias tan importantes como salud mental de los profesores, uso de softwares o garantías de la niñez -por nombrar algunas- no se encuentran en el registro mencionado y, por tanto, no podrán ser ofrecidas este año. Además, se restringe la posibilidad de realizar actividades de formación desde lo local.

Lo anterior coarta de manera importante la autonomía de los establecimientos para acceder a capacitación útil y relevante para su propio proyecto educativo, debido a que aquellas temáticas que se encuentran certificadas son mínimas al igual que quienes podrán ofrecerlas. Para ponerlo en cifras, hoy solo hay 67 oferentes en el registro del CPEIP, comparado con los 1.042 del registro ATE. De esta forma, parece inviable que el CPEIP certifique suficientes capacitaciones de aquí al 30 de noviembre, como para dar cabida a la demanda de los más de 11.000 establecimientos educacionales del país.

Por otra parte, el proyecto de ley recientemente aprobado establece que las capacitaciones sólo se pueden llevar a cabo durante las tres primeras semanas de enero. Esto imposibilita a aquellos establecimientos y profesores que preferían hacerlas en febrero, y además prohíbe realizar actividades de revisión, planificación o alguna otra actividad en este tiempo. También va en desmedro de lo impulsado por la misma Ley de Desarrollo Profesional Docente, fomentar actividades formativas más allá de cursos, involucrando a los profesores más a largo plazo con mentorías, trabajo en red, entre otras acciones. De hecho, la Contraloría al exponer sobre esta materia en el Congreso advirtió que "esta norma limita la discrecionalidad del sostenedor; impide la planificación de la actividad docente en enero y febrero".

Por último, la iniciativa legal también modifica la evaluación docente, eliminando la disposición que establece que los docentes calificados en tres evaluaciones consecutivas con desempeño básico o en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante tres evaluaciones consecutivas; dejarán de pertenecer a la dotación docente. Esta supresión permite entonces que un profesor que es mal evaluado consistentemente, se mantenga en el cargo, lo cual afecta directamente a sus estudiantes y va en contra del objetivo de la evaluación docente: fortalecer la profesión y contribuir a mejorar la calidad de la educación.

Si bien es importante avanzar en mejoras laborales para los profesionales de la educación, esta normativa -próxima a ser ley al menos que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional- esconde temas complejos que van en desmedro de los mismos docentes, de la calidad de la educación y de los alumnos; afectando la autonomía de los establecimientos, limitando tanto las temáticas como quienes ofrecen las capacitaciones y permitiendo que docentes mal evaluados continúen en las salas de clases.

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