Las dos principales universidades públicas de Chile recibieron una petición, el 9 de julio 2021, de parte de la Cámara de Diputados, a iniciativa de dos diputados de extrema derecha. Se pedía informar sobre cursos que se refirieran a "estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos". Había que salir de los términos de la provocación y desarticularla, no ponerse en el mismo plano, como se hizo.
No hay incompatibilidad entre, por un lado, la autonomía universitaria y, por otro, la entrega de información sobre lo que se hace en las universidades públicas. Si en el Estado se generan áreas que no puedan ser fiscalizadas, se facilitaría la existencia de núcleos que pueden actuar contra la ciudadanía, utilizando recursos públicos. Las universidades públicas son libres de generar todos los programas que deseen, mientras sean académicos, pero no son libres de mantenerlos en secreto. Es más, deben darlos a conocer con orgullo.
Ahora bien, la pregunta por la "ideología de género" tenía veneno. Ante ella, no cabía silencio -la Cámara ejercía su derecho- ni excederse en la respuesta. Lo que hacía falta era sacar a esos dos diputados al pizarrón, lo que no se hizo.
Confundían, los diputados "ideología de género" con "perspectiva de género". Se debió decir que no hay ningún curso "ideológico", ni en la Universidad de Santiago ni en la Universidad de Chile, pues los cursos de esas instituciones son científicos y se rigen por criterios académicos. Por lo tanto, si se ha de responder por cursos de "ideología de género" se debe ser claro y breve: "no hay". Ambas universidades desaprovecharon la oportunidad de aclarar qué distingue el saber científico sobre el género respecto de la ideología de género de los dos diputados.
Se debió, también, pedir aclaración de la pregunta, porque no hay pedagogía que no tenga una perspectiva, ya sea de género, cultural, social, estética, de medio ambiente y tantas otras. Incluso hay aspectos docentes que, bien mirados, insospechadamente, tienen perspectiva de género. Pensemos en la física: la palabra "materia" viene del latín "mater", que dio lugar a madre. "Materia", "mater" y "madre", vienen del griego "metros", que es lo femenino. Entonces, cuando un físico habla de la "materia", está hablando -incluso sin saberlo-, por la etimología de la palabra, de lo femenino. Ninguna asignatura universitaria es neutra, ni en materia de género, ni en otros valores culturales.
En cambio, las universidades públicas han de ser transparentes, por ser públicas, y no privadas. Estas, si lo desean, pueden ser oscuras, aunque entonces no debieran recibir recursos públicos. ¿Y qué es lo público? La acción del poder público, hecha públicamente, por sus funcionarios, en virtud de un mandato público. Son públicas la docencia y la investigación hechas por las universidades públicas. Si la Cámara de Diputados tiene la función de votar los estatutos de las universidades del Estado es legítimo que pregunte qué hacen las instituciones cuya y presupuesto votan.
Pero los alumnos no están sometidos a las exigencias de transparencia propia del Estado, por lo que no se debió -si fue el caso- entregar nombres de los estudiantes vinculados a esos cursos.
La Cámara de Diputados es la principal institución de control político del país; por ese medio fiscaliza el cumplimiento de las leyes. Las universidades públicas son autónomas para organizar sus cátedras, pero no para actuar con secreto. El control de la Cámara de Diputados, bien ejercido, favorece la libertad de cátedra y la diversidad de perspectivas, también de género, tantas como autónomamente una universidad quiera.
Una universidad pública debe saber responder ante una pregunta hostil y la respuesta no es instalar un velo, ni un veto, como si fuese una institución privada, ni excederse en la respuesta. La justicia y la igualdad de género han sido las grandes beneficiadas de la transparencia del Estado. No es el momento de debilitar esa conquista cayendo en la provocación de dos diputados de extrema derecha que buscan radicalizar a la ciudadanía para desacreditar la igualdad de género y la valiosa transparencia de las universidades públicas.
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