Cuando medir se confunde con educar

Paulina Contreras Leiva

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La reciente controversia por las fallas técnicas en la aplicación del Simce ha derivado en afirmaciones desproporcionadas, como que se habría vulnerado el derecho a la educación de los niños y niñas que no pudieron rendirlo, cuestión que no se sostiene, sobredimensiona el valor del instrumento y banaliza el sentido profundo de educar.

Los problemas logísticos de una evaluación estandarizada, por graves que sean, no constituyen una vulneración del derecho a la educación, porque la educación ocurre en la experiencia cotidiana de aprendizaje y no en la medición de sus resultados. Reducir este derecho a un evento de medición refuerza la peligrosa confusión entre evaluar y educar, como si medir fuera sinónimo de producir aprendizaje. Este reduccionismo ha caracterizado al Simce desde su creación, instalando una lógica de control que reduce la tarea pedagógica al rendimiento y convierte la escuela en un espacio de entrenamiento para pruebas que arrincona la formación integral.

El costo que tiene para el Estado tampoco es menor, más de 20 mil millones de pesos se destinan cada año a su aplicación para todas las escuelas de Chile. Esto equivale a cuatro veces el presupuesto destinado a asesoría y apoyo pedagógico a establecimientos públicos o a la construcción de dos escuelas completas. Desproporción que podría corregirse, por ejemplo, aplicando la prueba a una muestra representativa de establecimientos.

Es necesario corregir este desequilibrio pues la investigación ha demostrado sistemáticamente los limitados y discutibles efectos de la medición intensiva en la mejora de los aprendizajes, así como las amenazas que representan para la experiencia educativa. Esta presión incentiva actividades escolares orientadas exclusivamente a subir puntajes -a riesgo de que las escuelas sean estigmatizadas e incluso cerradas-, lo que afecta el bienestar de estudiantes y desplaza los contenidos localmente pertinentes y significativos del currículo.

Así, hemos visto casos de establecimientos destacados en el Simce que han logrado su sitial a costa de la exclusión de los estudiantes que no alcanzan el rendimiento que les permite destacar. Aun cuando la selección de estudiantes ha sido prohibida, hemos conocido casos en que se presiona a estudiantes y sus familias a dejar el establecimiento bajo amenaza de repitencia. Son estos los casos en que debiera preocuparnos la vulneración del derecho a la educación.

Si realmente queremos proteger este derecho, el desafío no está en convertir un error técnico en una crisis moral, sino en reorientar la política educativa hacia el fortalecimiento de la enseñanza como proceso humano, social y creativo. El verdadero daño a la educación no proviene de una falla técnica, sino de una cultura que confunde puntaje con aprendizaje y evaluación con educación.