Educación Superior en la nueva Constitución: derecho a encontrar congruencias

Natacha Pino

Ultimos publicados:

• Universidad y sociedad: educación superior para el futuro
• Universidad de Aysén: acreditamos el sueño
• Cumpliendo sueños y avanzando en justicia educacional

Más allá de las polémicas, desencuentros, errores y comportamiento de sus integrantes, el pasado 4 de julio la Convención Constitucional entregó el texto final de la propuesta de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric Font. Un texto que nació del clamor social con un apoyo ciudadano que alcanzó el 78,28 por ciento con la opción Apruebo, que eligió a sus representantes en forma democrática y representativa, transformándola en la primera Constitución paritaria que cumplió con los plazos establecidos y que será plebiscitado en septiembre próximo tal como estaba previsto.

Independiente de cuál sea su destino, como parte de la comunidad educativa de una universidad estatal, regional y desde una zona extrema, me ocupa gestionar y proyectar el futuro de nuestro proyecto institucional desde la Patagonia-Aysén, haciendo frente a evidentes desigualdades territoriales.

En el borrador constitucional, el derecho a la educación, que está alojado en el capítulo Derechos Fundamentales y Garantías, es definido como un deber primordial del Estado (artículo 35) y sus fines contienen la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional.

Junto a ello añade que sus principios se rigen en la cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados y contenidos en la nueva carta magna. Los anteriores pilares coinciden en gran medida con los valores que declaramos y que esperamos acompañen a cada uno de las y los profesionales que egresen de nuestras aulas.

El documento de 178 páginas, en el primer artículo referido a este pilar, agrega que tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Aquí, el primer punto a relevar para una institución como la nuestra, que también nació del clamor regionalista y que años más tarde fue recogido por el gobierno de la Presidenta Bachelet. Una universidad que construye cada vez más su identidad con pertinencia territorial, que se involucra con los y las representantes de sus pueblos originarios y que respeta la idiosincrasia patagona es la manera en que hoy co-construimos.

En este sentido, la propuesta nos haría parte del Sistema Nacional de Educación Superior (artículo 37), conformado por las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, las academias creadas o reconocidas por el Estado y las escuelas de formación de las policías y las Fuerzas Armadas, que deberán considerar las necesidades comunales, regionales y nacionales, para las cuales estará prohibida toda forma de lucro.

Junto a lo anterior, garantiza que en cada región existirá, al menos, una universidad estatal, la que se relacionará de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo con las necesidades locales, garantizando la libertad de enseñanza (artículo 41), entendida como la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

Por último, y no por ello menos importante, releva el histórico rol fundamental de los y las profesoras (artículo 43) a quienes reconoce como titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación e integra a las comunidades educativas con derecho a participar en las definiciones del respectivo proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la evaluación de la política educacional local.

Como ya lo hemos hecho público, como miembros del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), la nueva Constitución fortalece el rol de la educación pública, donde el Estado por fin se hará cargo de sus instituciones, buscando diseñar e implementar una nueva forma de relación y un nuevo sistema de financiamiento, que nos permita asegurar una trayectoria educativa desde lo público favoreciendo el ingreso y permanencia de nuestras y nuestros estudiantes. Por lo que si aquello resuena en las urnas, estamos en un buen camino.