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Educación y Constitución, diálogos necesarios antes de escribir la Carta Magna

En 2011, el "movimiento pingüino" instaló el trasfondo del cambio político que debería asumir la educación chilena con el fin de avanzar a una sociedad más solidaria y justa. El estallido social del 18 de octubre de 2019 ha dado paso a un nuevo sentido expresado en un malestar incubado en el tiempo que a dos meses de movilizaciones ciudadanas posibilitó un inédito acuerdo constituyente, cuya fuerza ciudadana permitió además la paridad y los escaños reservados entre otras demandas que buscan el restablecimiento de la justicia social para el Chile de los próximos 30 años.

Hoy, el cambio constituyente es una realidad histórica que le abre la puerta al Chile de a pie, permitiendo por primera vez que una constitución sea diseñada en el marco de los requerimientos de una ciudadanía y no de una élite gobernante, posibilitando por vez primera que la mitad de las constituyentes sean mujeres, junto con escaños reservados para los pueblos originarios que por vez primera votan como comunidades. Estos cambios señalan la ruta para que el pueblo chileno tenga el derecho a fortalecer una gobernanza participativa y de paso instalar el horizonte de desarrollo que anhela.

Ahora bien, redactar una nueva Constitución permitirá visibilizar el ideal social y de cambio sociopolítico que espera la ciudadanía chilena, incorporando necesidades y demandas de la diversidad de grupos sociales que conforman el país junto con situar la orgánica que debe tener el Estado para la gobernanza. No obstante ello, el valor en sí mismo no es el texto por construir el que importa, sino el proceso que viviremos previo a la redacción, el cual abarcará muchos aspectos que debemos dialogar y consensuar con la participación ciudadana de todas, todos y todes.

De cara a este proceso resulta importante reflexionar sobre los cambios constitucionales que deben reinstalarse y donde la Educación es un pilar fundamental para posibilitar la transformación y la justicia social.

Una primera instancia para debatir será revisar lo que vamos a entender por Educación en el Chile del 2021 en adelante, sin caer en el dogmatismo académico y/o jurídico. De esta idea se desprenden al menos cuatro grupos de conceptos que debemos consensuar participativamente: Qué se entenderá por derecho a la Educación, por libertad de enseñanza, por actividad educativa en tanto enseñanza y educación; y por educación formal e informal.

Lo anterior además debe ser colegiado con todos los tratados internacionales que Chile fue suscribiendo en el tiempo y que tienen implicancias jurídicas que se deben adoptar en equilibrio con los consensos participativos de la ciudadanía.

Una segunda instancia y extremadamente relevante tiene que ver con la centralidad de los titulares de la educación: Las y los estudiantes en las distintas etapas de la vida. Será de importancia extrema este punto, ya que en estos tiempos además de garantizar el derecho a la educación es necesario pensar y establecer enfoques de derechos para las infancias y las juventudes chilenas evitando marcos adulto-céntricos y preservando sus derechos humanos. En tal sentido, el primer debate debe darse respecto de los garantes del derecho a la educación: El Estado y/o la familia, cuestión que es transversalizada por el concepto asociado con la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e hijas.

El segundo debate importante será repensar la estructura del Estado y los mecanismos de financiamiento para asegurar la educación obligatoria y gratuita y fortalecer la continuidad de la educación terciaria. Lo anterior garantizará el derecho a la educación abriendo dos grandes discusiones: Respecto del fortalecimiento de la educación pública versus la educación privada, junto con revisar el concepto de "sostenedor educacional", cuyo giro económico se sirve de la subvención escolar para hacer efectivo el derecho a la educación y en lo real usufructúa de la ventaja que se sirve.

Lo anterior devendrá en discutir una tercera instancia: Sobre la continuidad de la educación terciaria, su gratuidad y el financiamiento público. Es dable preguntarse si el Estado seguirá escindiendo su financiamiento por no ser obligatoria. Es preciso señalar que en Chile sólo tenemos un siglo de educación primaria obligatoria, y si bien el Estado las ha fomentado, la Educación Media es obligatoria desde el año 2003 y la educación Preescolar sólo respecto del segundo nivel de transición (kínder), desde el año 2013. Asegurar la gratuidad para la educación superior es una demanda que se posibilitó desde la matrícula del año 2016 en las universidades chilenas. Queda debatir si este financiamiento sólo será efectivo para las universidades estatales o seguirá abierto para las universidades privadas. Esto no se trata de un monopolio estatal o privado, sino de fortalecer la educación pública diezmada desde la dictadura.

Finalmente, es perentorio señalar que el avance en estas materias implica ideológicamente pensar en el país en el que queremos vivir, pasando de una democracia representativa hacia una participativa, plurinacional, favorecedora de los derechos sociales. Sólo la educación puede hacer esto posible, si no lo vemos es porque no alcanzamos a tomar conciencia que estamos escribiendo la historia.

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