El derecho a la educación superior, la gratuidad y el proceso constituyente
"Es necesario garantizar explícitamente el derecho a la educación superior en la nueva Constitución, siguiendo así ejemplos de países como Portugal, Noruega o Suecia. Para hacerse efectivo, este derecho debe materializarse a través de la provisión gratuita de educación en un conjunto de instituciones estatales de nivel técnico y universitario, reconocidas (...) en el texto constitucional y financiadas mayoritaria o completamente mediante aportes basales provenientes del Estado".
Este planteamiento, delineado por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), fue inequívoco y se dio a conocer el año pasado, poco antes de la instalación de la Convención Constitucional.
El documento sostenía que "es fundamental la superación del Estado subsidiario a partir del cual se han desarrollado políticas públicas que tienden a ser funcionales al mercado, privilegiando la competencia, la privatización y la desregulación del sistema de educación superior. Así, será vital generar un nuevo contrato social entre el Estado y sus instituciones, que permita dar respuesta y efectivo cumplimiento al derecho a una educación superior de calidad para todas y todos los habitantes del país".
El derecho a la educación está ampliamente consagrado en el derecho internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) dispuso que "toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental". A continuación, detallaba que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos".
Más tarde, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1968), con carácter vinculante para el Estado chileno, profundizó lo manifestado en la Declaración. Sostuvo que "los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación" y precisó que reconocen que, "con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho", "la enseñanza superior debe hacerse (...) accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita".
Por otro lado, esta materia también forma parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo número 4 es el siguiente: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos". Una de las metas del Objetivo Nº 4 es la siguiente: "De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria".
El citado documento del CUECH indicaba: "La dictadura cívico militar impulsó el ingreso y la expansión desregulada de las instituciones privadas como oferentes de educación superior, a la vez que desarticuló y limitó el sistema universitario público (...), reduciendo progresivamente los fondos basales entregados por el Estado a las Universidades Estatales. Lo anterior significó que un porcentaje importante del financiamiento de estas instituciones proviniera de los propios estudiantes". Agregaba que el gasto en becas y gratuidad durante las dos últimas décadas, "no modificó la lógica del financiamiento basado en el voucher y la reducción progresiva de los aportes basales".
Precisaba: "De los 13 casos en que el derecho a la educación superior se encuentra presente en las Constituciones, 10 de ellos cuentan con educación pública gratuita, lo que muestra una clara correlación entre la provisión pública y el derecho explicitado. Así también, entre los países observados todos poseen al menos un 80% de cobertura estatal en educación superior, lo que contrasta con el 15,6%" de Chile.
En ese marco, el CUECH presentó a la Convención Constitucional una Iniciativa Popular de Norma (Nº 36.582), referida al "derecho a la educación: pública, gratuita, laica y de calidad", que superó el mínimo de apoyos de la ciudadanía, logrando 19.529 adhesiones. La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en su calidad de institución estatal de educación superior y parte del Consorcio, contribuyó a su elaboración y a promover su respaldo ciudadano. La propuesta de articulado comienza señalando que "el Estado garantiza el derecho a la educación de todas las personas que habitan su territorio".
Sin embargo, es menester señalar que un aspecto del articulado que se propone nos parece insuficiente. El inciso quinto indica: "La educación pública será gratuita en los niveles obligatorios y en los estudios de educación superior que establezca la ley". La ambigüedad de la formulación referida a la educación superior no es consistente con la reflexión del propio CUECH y con la elaboración del sistema internacional en torno a la materia y, lo más importante, con las demandas de la ciudadanía.
Pensamos que la Nueva Constitución debiera establecer que "la educación pública en todos los niveles, incluyendo la educación superior, será gratuita". No tenemos dudas de que es un propósito justo, necesario y posible, que representa los intereses de la ciudadanía y es una de las bases para transitar a una nueva forma de convivencia social y modelo de desarrollo en el país.
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