El desafío de la convivencia digital en las aulas
La implementación del plan "Colegios sin celulares" en las escuelas municipales de Las Condes marca un hito en la gestión de la convivencia digital en el ámbito educativo chileno. A partir del 8 de julio, esta normativa prohíbe a los estudiantes desde pre-kínder hasta 4° básico llevar teléfonos móviles a los colegios; y también restringe su uso en los cursos superiores, salvo para fines pedagógicos específicos. Esta medida forma parte de los esfuerzos de esa municipalidad para mejorar el rendimiento académico y el bienestar socioemocional de los alumnos.
La decisión de restringir el uso de celulares surge en un contexto donde la discusión sobre el impacto de las tecnologías en la educación es cada vez más relevante. Un estudio de 2023 realizado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, en colaboración con Mineduc y Unicef, revela que la edad promedio en que los niños obtienen su primer teléfono móvil ha disminuido significativamente, de 11 a 8,9 años. Además, 87% de los estudiantes encuestados poseen un celular con acceso a internet, lo que plantea un desafío adicional para los educadores y responsables de las políticas educativas.
La marcha blanca de la medida en el primer semestre de 2024 mostró una adherencia notablemente alta, con un cumplimiento de 99,65% entre los alumnos de pre-kínder a 4° básico y 87% general en todos los niveles educativos. Estos datos reflejan un impacto positivo en la reducción de distracciones y una mejor disposición hacia el aprendizaje, evidenciado por el incremento en la concentración y la participación en actividades tradicionales durante los recreos.
Regular el uso de pantallas es necesario, pero para que la medida sea efectiva y duradera debe involucrarse explícitamente a toda la comunidad, un aspecto que la municipalidad no consideró. En colegios con alumnos de familias homogéneas es fácil llegar a acuerdos. Sin embargo, a nivel comunal y nacional, la diversidad dificulta la homogeneidad. Es fundamental crear espacios de diálogo para que las familias expresen sus preocupaciones, ya que muchos padres entregan celulares a sus hijos por temores de seguridad. Estos miedos deben abordarse, ya que un smartphone no es esencial para avisar que se llegó a casa y es probable que sea lo primero que se roben en un asalto. Las comunidades deben hacerse escuchar.
En nuestra experiencia, trabajando con más de 70 colegios, hemos confirmado que debe existir un proceso riguroso, ya que sin él los resultados suelen revertirse en tres meses. Esto implica ajustar el reglamento escolar y establecer sanciones formativas, por cuanto quitar un teléfono no siempre es la solución. Asimismo, es crucial establecer protocolos claros para la custodia de los dispositivos retirados, explicando cómo serán almacenados y qué medidas se tomarán en caso de extravío o robo. Esta precaución es vital, dado que un incidente mal manejado puede desincentivar a los profesores a aplicar la normativa, permitiendo que los estudiantes vuelvan a usar celulares en clase en poco tiempo.
Además, es esencial implementar un plan de trabajo detallado que incluya la socialización del reglamento y la capacitación continua de los docentes. Los profesores necesitan claridad sobre cómo protegerse de posibles reclamos por confiscar dispositivos y comprender la importancia educativa de esta medida, en tanto que resulta crucial organizar encuentros entre padres e hijos para sensibilizarlos sobre los desafíos digitales actuales y establecer acuerdos claros sobre el uso de pantallas en casa y en la escuela, siempre alineados con el reglamento escolar.
Para complementar estas medidas, los colegios deben fomentar recreos enriquecedores y concienciar a los alumnos sobre la importancia de modificar sus hábitos de uso de pantallas, promoviendo un ambiente de disciplina positiva y autoevaluación semanal.
Aunque los esfuerzos de Las Condes para abordar proactivamente los desafíos de la convivencia digital son dignos de reconocimiento, y el reciente proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que regula el uso de dispositivos digitales en las escuelas también es un avance significativo, es esencial continuar explorando y evaluando cómo estas políticas afectan la educación y el desarrollo integral de los estudiantes. La clave para un éxito duradero radica en establecer medidas universales respaldadas por un reglamento sólido y en la formación continua de toda la comunidad educativa.
La experiencia obtenida nos invita a reflexionar sobre cómo gestionar de manera efectiva la convivencia digital en las aulas, buscando siempre un equilibrio entre la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las habilidades humanas fundamentales para el aprendizaje y la socialización.
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