El nuevo semáforo del MINEDUC
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, ha demostrado con ahínco que sin un fuerte despliegue comunicacional es imposible impulsar políticas educacionales. Tanto así que estuvo de gira por el país promoviendo el fallido proyecto de “Admisión Justa”. Ciertamente, es legítimo que los actores políticos realicen estas acciones para influir en la agenda y concitar apoyo ciudadano.
Sin embargo, las consecuencias de algunas estrategias de comunicación pública pueden ser muy nocivas para el sistema educacional.
Por ejemplo, cuando Joaquín Lavín fue ministro de Educación en 2010 promovió un “semáforo” de escuelas para señalar cuáles eran las con alto rendimiento en el SIMCE (las verdes) y las con bajos resultados (las rojas). Esta iniciativa fue ampliamente criticada por estigmatizar a las escuelas con mayores dificultades, que corresponden generalmente a establecimientos públicos y pobres.
Pese a que esa fue una muy mala idea, el actual MINEDUC anunció una re-actualización del semáforo. En un afán por alterar vía decreto el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el MINEDUC incorporará una “alerta de calidad” para que las madres y padres sepan si están postulando a sus hijos e hijas en colegios de alto o bajo desempeño académico.
Un esquema muy parecido al sitio australiano Myschool, que ha tenido serias consecuencias para las escuelas públicas en ese país.
La justificación del MINEDC es que los apoderados tienen el derecho de contar con esta información y que los datos de desempeño estarán “controlados” por variables socioeconómicas.
Suena razonable, pero esta maniobra comunicacional desconoce una serie de factores que afecta la selección de escuelas y, además, no pondera el impacto de esta información en las percepciones de las personas.
La selección de escuelas es un proceso complejo, donde operan factores como la distancia del colegio, el rendimiento académico, el estatus social del establecimiento y las características de los estudiantes que asisten a ellos, entre varios otros.
Muchos padres y madres no cuentan con las herramientas necesarias para procesar toda esta información y adoptan decisiones basadas en referencias cercanas (conocidos, amigos, apoderados). Es decir, es poco probable que enfrentados a la “alerta de calidad”, las madres y padres puedan considerar el “control” de las variables socioeconómicas para elegir colegios y opten mecánicamente por aquellos clasificados como de alto desempeño.
Considerando que existe más demanda que vacantes disponibles en estos colegios, muchas de esas postulaciones no serán exitosas, generando frustración por quedar en las “malas escuelas”. Este malestar acrecentará el supuesto descontento ciudadano hacia el SAE, siendo muy funcional a la estrategia de demonización que ha implementado el MINEDUC en contra de este sistema.
Una hábil manera de concitar apoyo público para insistir el próximo año en su modificación vía ley, como ya anunció la ministra Cubillos.
Sin embargo, lo más preocupante es la nueva estigmatización que sufrirán las comunidades de las escuelas calificadas como deficientes. En este indicador, el SIMCE tiene una alta ponderación, pero es conocido que esta evaluación tiene una serie de falencias y que sus resultados están correlacionados fuertemente con el nivel socioeconómico de los estudiantes.
Por lo tanto, en vez de apoyar a estas escuelas se les volverá a estigmatizar, generando una actitud de rechazo de los padres y madres hacia ellas.
Muchas de estas escuelas son públicas, así se incrementará también la percepción, habitualmente falsa, que la educación particular es la mejor y única opción. Se refuerza con ello la imagen negativa que se ha construido hacia la educación pública.
Proporcionar esta “alerta de calidad” en el sistema de postulación descansa en la idea que los padres y madres son “consumidores de educación”, donde solo se operaría con criterios de costo y beneficio.
Sin embargo, este supuesto ha demostrado su incapacidad para advertir todas las variables socioculturales que influyen en las decisiones educacionales y el impacto de la educación en la construcción de una sociedad más justa, tolerante y diversa.
Por consiguiente, la “alerta de calidad” no es más que un intento por incrementar la racionalidad económica en la educación, para seguir entendiéndola como un bien de consumo y estigmatizando de paso a la educación pública.
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