La semana pasada se aprobó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto de ley presentado por el Gobierno que pone fin a la doble evaluación docente, dejando como único sistema el contemplado en la llamada Carrera Docente.
Si bien estamos contestes en que debe existir un solo sistema de evaluación, lamentablemente el proyecto se limita únicamente a eliminar una de las existentes (la Evaluación Docente, regulada en el artículo 70 del Estatuto Docente), sin realizar ninguna modificación ni adecuación para establecer un sistema de evaluación que resguarde la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Y es que este debe ser el foco de esta política: asegurar que la educación que entregan los profesores durante toda su carrera sea de la calidad esperada y que merecen los jóvenes y niños.
Para lo anterior es necesario contar con una evaluación que sea periódica, obligatoria y que no fuerce a miles de estudiantes a tener un mal profesor, es decir, que se cuente con las herramientas para sacar del sistema a aquellos docentes que, obteniendo malos resultados, y luego de recibidos los apoyos pertinentes, no logren mejorar su desempeño.
Con preocupación vemos que la evaluación que se pretende dejar, no va en esta línea. La Carrera Docente, elaborada bajo fuerte presión del gremio de profesores hace unos años, tiene su foco en que los profesionales avancen en los cinco tramos que la componen, para de esta forma ir mejorando sus condiciones laborales. Lejos de pensar en la calidad de la educación que reciben los estudiantes, esta evaluación es obligatoria solo para los dos primeros tramos, siendo voluntaria del tramo tres en adelante. Es decir, el saber si la educación que entregan todos esos docentes es de calidad o no, queda a su voluntad.
En palabras de la misma directora del CPEIP, "es muy probable que aquellos profesionales deseen seguir progresando en la Carrera Docente, para lo que se deberán seguir evaluando". Más claro echarle agua. Luego del segundo tramo, asegurar la calidad depende de que probablemente estos docentes se quieran evaluar. ¿Y si no? Ahora, si lo hacen y se evalúan voluntariamente, será para avanzar de tramo, que como se dijo, es el foco de esta evaluación de la Carrera Docente. Tanto así que ni si quiera es posible retroceder de tramo en la carrera, solo avanzar.
Vemos entonces cómo a la evaluación de la Carrera Docente no le interesa medir la calidad de la educación. Si un profesor de unos 36 años de edad, que ya se encuentra en el tercer tramo, entrega en la educación pública una pésima enseñanza a cientos de estudiantes todos los años, no hay remedio alguno. Uno, porque voluntariamente no se quiera evaluar y no hay nada que lo obligue, o dos, porque se evalúa y obtiene pésimos resultados, sin que esto tenga absolutamente ninguna consecuencia.
Si posteriormente decide evaluarse nuevamente a ver si avanza, y nuevamente obtiene un pésimo resultado, reflejo de la mala enseñanza que entrega a todos sus alumnos, adivine: ninguna consecuencia.
Esta será la realidad para todos los profesores que no estén obligados a evaluarse. Y más grave aún, recordemos que esto mismo aplica para todos los actuales profesores y los que entren al sistema hasta el año 2024, durante toda su carrera para los que estén también en el segundo tramo.
En resumen, más allá de la cantidad de recursos públicos involucrados (recordemos que aproximadamente 25% del presupuesto de la nación se destina a educación, y de éste, cerca de 80% se gasta en sueldos de profesores), por los cuales se debiera exigir un servicio de un estándar aceptable, lo que inquieta es no contar con un mecanismo que asegure a los estudiantes de los profesores pagados por el Estado, que estos reciban siempre la educación de calidad que merecen, sea que el docente que los instruye esté en el año 4, 8, 16 o 36 de su carrera profesional.
Con dolor vemos como siguen agrandando la brecha. Cuánto demorará en salir y a cuántos alumnos alcanzará a afectar un mal docente en el sistema particular pagado. ¿Un adelanto? Poco y a pocos.
Esto no es novedad, como tampoco es novedad que no se puede servir a dos señores. Así, deberán elegir entre proteger y asegurar la fuente laboral de los profesores, o garantizar la calidad de la educación pública que tanto dicen defender. El futuro de nuestros alumnos depende de ello, es demasiado lo que está en juego.
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