¿Invertir en cárceles o invertir en escuelas?

Vanessa Mac Auliffe

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La lucha por instalar el tema de la exclusión educativa, a momentos, pareciera que no tiene eco en los oídos del Estado. Comprendiendo que implementar una política requiere de sus tiempos y éstos son más lentos de lo que el problema requiere, de forma diaria escuchamos y leemos de la baja escolaridad; de establecimientos que no dan las facilidades para avanzar en los estudios a los niños y niñas de realidades sociales complejas; de la baja valoración que hoy tiene en muchos sectores la educación como vía de progreso y movilidad social y económica. Estos son aspectos que posibilitan, entre otros problemas, que los "capos" de las mafias, enquistados en sectores marginales, aprovechen la pobreza, la vulnerabilidad, la desesperanza y la falta de pertenencia, para sumar mano de obra joven y barata y robustecer así su "negocio".

En una crónica reciente de El Mercurio sobre el tema, se hablaba de "la mano que somete al territorio", la que, a la luz de las cifras, avanza viento en popa en su tarea de sometimiento.

Entre enero y septiembre de 2024, 29 mil menores de edad han sido ingresados por el Ministerio Público como infractores de ley, como participantes en delitos. Esto representa un aumento de casi un 13% respecto del mismo periodo de 2023. Lo más preocupante es que el incremento es mayor en causas por homicidios -consumados o frustrados-, pasando de 63 ingresos en 2018 a 111 en 2024, en el mismo periodo de ambos años.

Brutal, pero evitable.

Fundación Súmate tiene 30 años de experiencia en reingreso escolar. Es decir, en comprender que nacer y crecer en pobreza y abandono, tiene múltiples consecuencias, tanto en lo emocional, físico y cognitivo en niños, niñas y jóvenes.

Quienes estudian en nuestras escuelas y programas de reingreso son niños y jóvenes que, contra todas sus dificultades, quieren avanzar y salir de su ámbito de vulneración. Pero el sistema no está preparado para hacerse cargo y responsabilizarse del daño que este grupo acarrea. La reparación es lenta y muchas veces requiere años de apoyo. Somos un camino para lograrlo, así lo dicen nuestros estudiantes, aunque cada día se haga más complejo, ya que reparar un derecho vulnerado es muchísimo más costoso que entregarlo bien y a tiempo.

Participar del logro de una chica o un chico que ha recuperado la confianza en el sistema escolar y ha retomado y terminado sus estudios, es de lo más emocionante y gratificante que nos toca vivir en la Fundación. Sabemos cómo neutralizar a esa mano mafiosa y perversa y lograr que esos niños y jóvenes logren que su vida sea más gratificante y feliz. Es por esto que seguimos con fuerza nuestra misión, con la esperanza que el Estado genere, mantenga y financie políticas en educación con foco en la reparación, pues hoy parece mucho más natural financiar la vida de una persona privada de libertad que invertir en que un niño, niña o adolescente en pobreza y vulnerabilidad recupere su derecho a la educación. Algo inaudito, considerando que lo segundo tiene costo anual 10 veces menor que mantener a alguien preso.